Procuraduría alerta graves incumplimientos en la delimitación del Páramo de Santurbán

La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo revelaron las conclusiones del Vigésimo Primer Informe de Cumplimiento sobre la delimitación del páramo de Santurbán, en el marco de la Sentencia T-361 de 2017 que fue proferida por la Corte Constitucional.

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De acuerdo con el Ministerio Público, el informe recoge los estudios realizados entre agosto y diciembre de 2024 y revela una serie de preocupaciones y situaciones “críticas que han afectado gravemente la ejecución de las disposiciones de la Corte”.

El documento, dado a conocer en pasado sábado 11 de enero, señala que una serie de entidades concluyeron que a pesar de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) propuso un cronograma para la delimitación del complejo de páramo jurisdicciones Santurbán - Berlín, “la implementación de dicho plan ha sido sumamente deficiente”.

“De las 30 mesas de trabajo previstas, solo se ha llevado a cabo una, lo que representa un cumplimiento de apenas el 3,33 %. Esta falta de avances ha generado desconfianza y malestar en las comunidades locales, quienes, debido a la ausencia de resultados concretos, han realizado protestas y bloqueos en diferentes regiones, reflejando el creciente malestar social ante la falta de cumplimiento", resalta el informe.

El documento también resalta problemas ambientales graves en la zona, incluyendo la minería ilegal y altos niveles de contaminación por mercurio en las fuentes hídricas. Se reportó que los niveles de mercurio superan hasta 40 veces los límites internacionales permitidos.

En virtud de lo anterior, la Procuraduría y la Defensoría hicieron instaron al Tribunal istrativo de Santander para que “se tomen medidas inmediatas y efectivas que aseguren el cumplimiento de las órdenes judiciales; recomendando además, imponer plazos estrictos, un seguimiento riguroso y la evaluación de la adopción de medidas sancionatorias por el incumplimiento reiterado del cronograma propuesto por el MADS”.

El informe también subrayó la importancia de garantizar la participación ciudadana en los procesos de protección ambiental. La inclusión de las comunidades es esencial para el cumplimiento efectivo de las disposiciones judiciales y la protección del ecosistema.

Las entidades recomendaron que se evalúen posibles medidas sancionatorias contra los responsables del incumplimiento del cronograma. Esto busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Sentencia T-361 de 2017.

Gustavo Guerrero, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, destacó la urgencia de culminar el proceso de delimitación.

Redacción Justicia