Primicia: Las reformas a la justicia que propone Vargas Lleras, la Corte y más sectores

El próximo miércoles, las propuestas para la reforma de la justicia terminarán de ser sistematizadas en un repositorio que ya contiene varios documentos, los cuales prometen abrir un debate por cuenta de las ideas enlistadas por distintas entidades y organizaciones cercanas a la Rama Judicial.

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El ministro Néstor Osuna se refirió nuevamente a la convocatoria el lunes en la noche, cuando a través de X agradeció a todos los interesados en este tema. "¡Llegaron más de 300 iniciativas! Las sistematizaremos y discutiremos todas. Así construimos el cambio en la justicia", escribió.

EL TIEMPO tuvo a varios documentos -que abarcan sugerencias, modificaciones o innovaciones- en los que los invitados ya expusieron ideas, como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, la Corte Suprema de Justicia, sindicatos y corporaciones; mientras que no se conoce hasta ahora si la Fiscalía y la Procuraduría enviaron sus planes.

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Entre los planteamientos más llamativos está el de la Corte, por ser el máximo tribunal de la justicia ordinaria en Colombia. En un oficio de seis páginas, el magistrado Gerson Chaverra Castro propuso como presidente varios ejes en materia penal, laboral, civil y agraria.

En general, el togado manifestó que quiere una reforma que tenga en el centro al ciudadano, que disminuya la impunidad, dignifique a los jueces de cada región, que fortalezca la tecnología en la Rama Judicial, los procesos electrónicos y las conciliaciones extrajudiciales.

Al entrar en detalles, Chaverra Castro se refirió al principio de oportunidad, herramienta que se usa para darle inmunidad a una persona procesada por un delito, a cambio de colaborar con la Fiscalía en determinado caso y así llegar a más implicados.

Sobre esto, el presidente de la Corte expuso que "es claro que es este un mecanismo al que poco acuden los fiscales, al parecer, porque al interior de la Fiscalía se han creado mecanismos engorrosos que desestimulan al funcionario; o porque este entiende que, dada su flexibilidad, puede verse sujeto a cuestionamientos o investigaciones".

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También habló de mecanismos de justicia restaurativa que, a su criterio, parecen algo tabú, "pues la forma en que se consagra el mismo en la Ley 906 de 2004, parece inconexa y dispersa, al extremo que se desconocen los verdaderos alcances de cada mecanismo", dejando así que la justicia restaurativa "no conduce, en la mayoría de los casos, a una mayor efectividad de la justicia, al paso que los fiscales y jueces evaden acudir a sus normas".

Para Chaverra, debería entonces modificarse todo el libro sexto de la Ley 906, es decir del Código de Procedimiento Penal.

Como sexto punto, el magistrado subrayó que "gran parte de los asuntos que culminan con nulidades o absoluciones, obedecen a la falta de preparación de los fiscales o la ausencia de empoderamiento con el caso". En esto, según él, "debe estudiarse la posibilidad de imponer que el fiscal del caso asuma el trámite desde un comienzo y, así, por todo lo actuado".

En cuanto a dilaciones en procesos, el representante de la Corte advirtió que a veces los jueces de control de garantías, sometidos a sus turnos estrictos, "acuden a cualquier tipo de formalidad, así resulte intrascendente, para no asumir el estudio de fondo de las audiencias preliminares, con lo que, finalmente, generan enorme congestión y demoras en el trámite", instando así en que en una reforma se regulen los motivos que impiden adelantar audiencias preliminares.

Por otro lado, en materia laboral se destacan la eliminación de procesos de única instancia, el aumento del umbral económico que determina la cuantía de los jueces municipales, entre otras.

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Cuando se anunció la creación de una comisión para la reforma de la justicia, uno de los nombres que generó sorpresa fue el del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

En sus primeras apariciones, el líder de Cambio Radical sostuvo que hay que eliminar la Procuraduría con esta reforma, cuestionando que es una entidad que tiene mucho presupuesto y poca acción, algo contrario a lo que piensa la procuradora Margarita Cabello Blanco.

Ya en un documento a su nombre -pero sin su firma- elaborado el 31 de enero, Vargas Lleras propuso hacer algo por la duplicidad en el sistema, la congestión e inseguridad jurídica y la impunidad. Por ejemplo, "se pretende la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar crear la dirección de la istración judicial", que actúe como gerente en la Rama.

Para el exvicepresidente, la experticia de los funcionarios de la Procuraduría perdió peso al no tener "competencias para investigar aforados, es decir, su existencia se volvió inocua, considerando además que muchos elementos del derecho disciplinario se encuentran subsumidos en el derecho penal, conlleva a que la entidad sea eliminada y se fortalezca en capacidad a la Rama Judicial".

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Contrario a ello, en uno de sus propósitos, el político quiere que con la reforma y en eventos excepcionales se les dé capacidades jurisdiccionales a los notarios y centros de conciliación y arbitraje. Además de que propone que se incorpore la justicia comercial en la jurisdicción ordinaria.

En cuanto al procedimiento penal, Vargas Lleras quiere que se sancione a abogados que dilaten los procesos -aunque no se ahonda en ello-, y que se elimine la audiencia de imputación de cargos, para que en cambio se formulen los delitos "por escrito, que se le entregará al imputado por la Fiscalía".

Otra arista del documento va enfocada en prohibir las "tutelatones" y en regular la tutela contra providencia judicial.

Germán Vargas Lleras enlistó en su propuesta que se aumente a 25 años de ejercicio el requisito para ser magistrado de una alta corte, añadiendo que "se propone ampliar el periodo individual de los magistrados a 12 años", siendo de ocho actualmente.

También quiere que se le quiten las funciones electorales a la magistratura, como por ejemplo, el rol que cumplen los presidentes de las altas cortes para elegir al registrador nacional, tarea que pasaría a la plenaria del Congreso. Y se pretende que los togados de la Corte Constitucional sean elegidos por el "Senado de la República por un proceso de concurso de méritos de la lista de elegibles conformada por convocatoria pública", trámite similar para elegir al Fiscal General de la Nación en la Corte Suprema. Es decir, el presidente de la República dejaría -si se aprueba este planteamiento- de presentar una terna.

Por último, "se propone reestructurar el Inpec con el fin de que se convierta en una Dirección adscrita a la Policía Nacional, cuyos deberán tener el mismo régimen de carrera de la institución, y se les ha de aplicar igualmente la Facultad Discrecional para su retiro".

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Este diario conoció que otras de las ideas que se debatirán en los próximos días han sido planteadas por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Asonal y la Corporación Excelencia en la Justicia.

Por el lado de los abogados hay cuatro ejes sobre la mesa, enfocados en tecnología en la justicia, parámetros en el proceso penal, la colegiatura obligatoria y los derechos de los defensores públicos. Para Asonal, según su presidente Jaime Alberto Amézquita, la prioridad de una reforma debe ser la planta de personal para la Fiscalía y los despachos judiciales, así como el mérito para ingresar a la Rama Judicial. Además de que se cree que debe existir una ley de acoso laboral para la Rama Judicial.

Y la Corporación Excelencia en la Justicia indicó que quiere que se logre digitalizar por completo los expedientes, que se responda a la demanda de jueces, y se revisen aspectos académicos frente al derecho. 

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49