‘Sería temerario nombrar a un juez que no está preparado’: director de Justicia Penal Militar

Después de dos años al frente de la Unidad istrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, José Reyes habló con EL TIEMPO sobre los hallazgos istrativos de la Contraloría en su última auditoría a esa jurisdicción.

Asimismo, respondió a las críticas por el nombramiento de civiles, asegurando que no podía arriesgarse a nombrar jueces de las fuerzas que no estuvieran preparados para ello, y aclaró los señalamientos por las fallas en la tecnología del sistema misional, SPOA.

(También le puede interesar: ¿Qué hay detrás del aplazamiento de los recursos para inversión de órganos de control?)

Lo primero es aclarar que no son irregularidades. Si fueran irregularidades, habrían tenido efecto fiscal, penal, o disciplinario. Los istrativos son oportunidades de mejora. Esta es una organización nueva, como justicia penal y militar apenas llevamos dos años. Hay muchos procesos y procedimientos que apenas se están instalando. Entonces, hay mucho que hacer todavía.

Hay una contabilidad que no cuadra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que concilien esas cifras para que les quede igual. Ahí no hay relevancia ni fiscal, ni penal, ni disciplinaria, sino que se recomienda una mejor práctica.

Ese concepto está dentro de la normalidad y siempre se tiende a mejorar. Nosotros estamos en un excelente promedio. Estamos en 97 por ciento. Estas cifras y estos resultados de la Contraloría fueron compartidos con toda la misionalidad y se les dijo, mire, nos fue muy bien. ¿Y cómo se sabe que a uno le va bien? Cuando la cuenta queda saldada. En este caso fue así. 

En primer lugar, debo aclarar que mi rol es principalmente istrativo. Sé que existen algunas investigaciones de ese tipo, e incluso algunas ya han superado la fase de investigación preliminar y han generado imputaciones. Sin embargo, respeto la autonomía de los jueces y estoy impedido de intervenir en esos casos, ya que desde la autoridad istrativa se pueden generar sesgos.

En la misma medida, ese es un ejercicio muy de la misionalidad. Ya son la Fiscalía Ordinaria y la Fiscalía Penal Militar los que conocen el caso por dentro. Frente al conflicto de competencias entiendo que es una situación que aún no se ha definido.

(Lea además: ¿Fiscalización en riesgo?: Gobierno aprobó solo 44 % del presupuesto de inversión solicitado por la Contraloría)

Tenemos dos regímenes. Un sistema inquisitivo y un sistema acusatorio. El grueso de nuestros casos es por el sistema inquisitivo, o sea, por el sistema viejo, porque el otro apenas está naciendo. Vamos por la tercera fase, el año entrante, en julio, inauguramos la cuarta. Estamos creciendo por un lado y liquidando por el otro. En cuanto a los números, desde 2022 y con corte a octubre de 2024, hemos impartido 2.081 autos inhibitorios, 6.431 cesaciones de procedimientos, 591 sentencias condenatorias y 276 sentencias absolutorias. Los casos que se enviaron a justicia ordinaria porque se consideró que no eran de justicia penal militar fueron 684.

En la Policía se da mucho homicidio y lesiones personales. Y en las fuerzas militares se da mucho la deserción, el ataque al superior, ataque al inferior, delito de centinela, entre otros.

Sí ha habido un énfasis en nombramientos de civiles. ¿Por qué? Porque en las fuerzas no existen perfiles de jueces ni de penalistas. Sería irresponsable sacar a un capitán, mayor o coronel, que realiza tareas istrativas todos los días, y ponerlo en el rol de fiscal para enfrentar estas situaciones. Hemos diseñado una estrategia porque igual necesitamos hacer esos nombramientos. Esa estrategia se llama "inmersión". Cuando las fuerzas nos envían candidatos, no los nombramos de inmediato, ya que eso podría causarles un perjuicio. El riesgo de que cometan errores es muy alto, porque no tienen experiencia. Entonces, ¿qué es el régimen de inmersión? Los militares y policías llegan en comisión, pero no los nombramos inmediatamente como jueces o fiscales. Durante un año, trabajan al lado de un fiscal para aprender el oficio. El fiscal les hace seguimiento, orienta y califica su desempeño. Al final, me dice si el oficial está preparado para asumir el rol. Si no está preparado, se devuelve a la fuerza; si lo está, lo nombramos fiscal.

(Notas relacionadas: ¿Qué implica la sentencia de la Corte IDH contra Colombia por la violación territorial del pueblo U’wa?)

Sí, hay un alto riesgo antijurídico por privación injusta de la libertad. Los porcentajes son elevados, especialmente en temas laborales, como la bonificación. Esos son los riesgos que debemos abordar para evitar que se materialicen. Es temerario nombrar a un fiscal que, de antemano, sé que no está preparado para desempeñar ese cargo. El perfil de un juez se construye, al menos, después de unos cinco años de experiencia.

Cuando llegamos hace dos años, trabajábamos con máquinas muy antiguas. Un sistema de estas características no se compra, hay que construirlo desde cero. El sistema es bueno y robusto, pero está en su fase de consolidación y maduración, en la que, a medida que se detectan funcionalidades necesarias, se van instalando. Sin embargo, en términos generales, está funcionando muy bien. La Fiscalía lleva unos 30 años con el sistema misional, y hoy tal vez esté más inmaduro que el nuestro, que lleva solo un año.

La tecnología es, quizás, uno de los rubros más costosos, sobre todo porque la estamos descentralizando y llevando a las regiones. Sin embargo, estamos construyendo un sistema que no solo sirve como archivo digital, sino que también contribuye a la construcción de los procesos judiciales y a la redacción de las sentencias. Precisamente, estos días uno de nuestros delegados presentó el sistema a una comisión de la ONU, buscando más recursos para garantizar su funcionamiento, ya que es un ejemplo para el sector. Es el precedente de lo que puede ser la aplicación de la Inteligencia Artificial en la judicatura. 

(Más artículos: El Ciadi rechazó la demanda de Foster Wheeler contra Colombia por caso Reficar)

Sara Valentina Quevedo

Redacción Justicia