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Noticia
A 22 años del atentado con ‘rockets’ de las Farc en Bogotá, durante posesión de Álvaro Uribe, JEP acredita como víctimas a 31 personas
La jurisdicción investiga el hecho, que dejó más de una decena de muertos, dentro del macrocaso 10.
Este 7 de agosto se cumplieron 22 años de un ataque perpetrado por las Farc en 2002, cuando Álvaro Uribe se posesionaba como presidente de Colombia, en el cual la guerrilla lanzó en el centro de Bogotá varios explosivos conocidos como 'rockets', dejando a más de una decena de personas muertas. En el marco de esta conmemoración, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctimas de este hecho a 31 personas que narraron las múltiples afectaciones que sufrieron ellas y sus familias a causa de los hechos.
Según recuerda la JEP, el 7 de agosto de 2002 el Frente Urbano ‘Antonio Nariño’ de las Farc lanzó, desde dos viviendas, ubicadas en los barrios Pontevedra y Santa Isabel de Bogotá, 14 proyectiles de 120 milímetros, denominados cohetes o ‘rockets’.
“Los atentados impactaron distintas zonas de la ciudad tales como: la Casa de Nariño, el Congreso de la República, los barrios San Victorino, San Fernando, La Estanzuela, la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, así como en el sitio conocido como ‘el Cartucho’, ubicado en la transversal 9 entre las carreras 10 y 12 de la ciudad, lugar conocido por sus condiciones de marginalidad, pobreza y desigualdad, en el cual residían personas en condiciones de habitabilidad de calle”, señala la jurisdicción.
Las detonaciones causaron la muerte de más de una decena de personas, aunque hay distintas cifras al respecto. Por ejemplo, un informe de la Fundación Colombia Herida señala como víctimas a 4 del cuerpo de seguridad de la Casa de Nariño, así como a 29 personas heridas y 19 fallecidas de la ‘calle del Cartucho’, mientras que un informe del Ejército dice que hubo 23 muertos y 56 heridos, y una nota de la Alcaldía Local de San Cristóbal refiere 67 personas heridas y 17 fallecidas.
Marcela Muñoz, magistrada de la JEP correlatora del caso 10, durante una audiencia. Foto:JEP
En todo caso, este hecho es investigado por la jurisdicción de paz dentro del macro caso 10, que se ocupa de crímenes no amnistiables cometidos por de la guerrilla, y en un auto de 15 páginas la magistrada Marcela Giraldo, correlatora del caso 10, determinó aceptar como víctimas a Consuelo del Carmen Hernández Arcia, José Antonio Larrota Acevedo, Jana Emilcen Urquijo Urquijo, Diana Milena Ochoa Gavilán, José Reynaldo Urquijo Urquijo, Yenny Paola Rodríguez Cristancho, Pablo Iván López Yopasa, Gerson Castiblanco Corona, Blanca Cecilia Urquijo de Urquijo, María de Lourdes Ortiz Ponce, Milena Reyes Ruiz y Henry Moreno Carrillo.
Además de estas 12 personas, también fueron acreditados varios de sus familiares, como hijos, padres, hermanos y esposos, lo cual llevó el número de total de acreditaciones en este auto a 31.
Así lucía el cartucho para finales de los años 90 y comienzos del 2000. Foto:León Peláez. Archivo / EL TIEMPO
En el auto, la JEP recogió los relatos de algunas de estas personas, por ejemplo, Consuelo del Carmen Hernández le contó a la jurisdicción que el 7 de agosto de 2002, tras escuchar de las detonaciones, fue al ‘Cartucho’ a buscar a su hijo, y al llegar le indicaron que había fallecido producto de la explosión. “Me dieron un papel de defunción y me dijeron que era un entierro comunitario en el cementerio Matatigre. En Medicina Legal me dijeron que [mi hijo] murió por las esquirlas que le cayeron en la cabeza”, se lee.
Subí al tercer piso y vi a mi hija encima del marco de una puerta y una pierna la tenía incrustada en el marco de la puerta. Debajo del marco de la puerta y debajo de ella había dos niñas muertas, despedazadas: Consuelo del Carmen Hernández
También está la declaración que dio Diana Milena Ochoa Gavilán, cuya hija, quien tenía 3 años de edad, quedó permanentemente afectada por los hechos cuando uno de estos proyectiles impactó en su residencia, ubicada en el barrio La Estanzuela.
“Subí al tercer piso y vi a mi hija encima del marco de una puerta y una pierna la tenía incrustada en el marco de la puerta. Debajo del marco de la puerta y debajo de ella había dos niñas muertas, despedazadas”, le contó a la JEP, añadiendo que a su hija le pudieron salvar la vida pero permanece hasta hoy con secuelas físicas y psicológicas.
Otro fue el relato de José Reynaldo Urquijo Urquijo, quien perdió a su esposa, quien tenía tres meses de embarazo, y a su hija, de tan solo un año y tres meses de edad, por el impacto de uno de estos proyectiles en su casa, ubicada en el barrio La Estanzuela. En la misma casa también habitaban su madre, Blanca Cecilia Urquijo de Urquijo; su hermana Jane Emilcen Urquijo Urquijo, y sus sobrinas (de cuatro y cinco años respectivamente), quienes murieron de manera instantánea al momento de la explosión.
Varias de las víctimas eran personas que estaban en ‘el Cartucho’, como fue el caso de Yenny Paola Rodríguez Cristancho, quien le contó a la JEP que al momento de la explosión estaba allí y producto del impacto de un explosivo cayó contra una pared, “cuando me fui a levantar tenía mi brazo partido, y el pie partido, llena de sangre, pedí auxilio, cuando desperté o reaccione vi partes de cuerpos destrozados al pie mío, vi una pierna, al otro lado una cabeza, escuche voces [de] auxilio, como me subieron en una patrulla o algo de platón, de [ahí] no supe más. Cuando desperté, me encontraba en el hospital y estaba mi mamá”.
Condenas de la justicia ordinaria
Por estos hechos hay condenas que fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Bogotá. Foto:Cortesía
El auto firmado por la magistrada Giraldo también recoge que el 2 de marzo del 2005 el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó por estos hechos a 40 años de prisión a varios exguerrilleros como Hugo Alejandro Pintor Robayo, Luz Amparo Peralta Pérez y Claudia Alejandra Cardona Novoa, por los delitos de homicidio agravado, terrorismo agravado, rebelión, falsedad personal y tentativa de homicidio.
También fueron sentenciados José Libardo Ramírez, Henry Leal Segura y Giovanny Triviño Vargas, a 26 años y 6 meses de cárcel, por los punibles de homicidio agravado, terrorismo agravado y rebelión.
Esta condena fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el 22 de mayo de 2006, cuando también condenó a 26 años y 6 meses a Sandra Paola García Pérez por homicidio agravado, terrorismo agravado y rebelión.
Tras analizar todas estas circunstancias, la JEP concedió la acreditación de las 31 personas, y ordenó que a varias de ellas se les de acompañamiento psicosocial por los daños que sufrieron a causa del atentado de las Farc.