A dos años del gobierno Petro hay esfuerzos por implementar la política de drogas, pero pocos resultados: analistas

Aunque el gobierno de Gustavo Petro cumple dos años este 7 de agosto, su política de drogas apenas cumplirá su primer año en octubre, por lo cual para algunos analistas aún es muy pronto para un balance completo. No obstante, otros coinciden en que no se ven aún muchos proyectos, estrategias o programas para materializar una política que dejó de estar centrada en la erradicación de cultivos de uso ilícito para enfocarse en la interdicción y el desarrollo alternativo y rural.

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En temas de erradicación, que no ha sido la prioridad del Gobierno, cifras del Ministerio de Defensa dan cuenta de que entre febrero y junio de este 2024 se erradicaron 2.183 hectáreas sembradas con matas de coca, un 65 por ciento menos frente a las del mismo periodo del año anterior (6.311 hectáreas) y una cifra mínima en un país en el que para 2022 se detectaron 230.000 hectáreas sembradas de coca y una capacidad de producción de 1.738 toneladas métricas de cocaína, según la última medición del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la ONU.

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Lucas Marín, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, dijo que entre lo destacable en estos dos años en el tema de drogas está el liderazgo internacional que ha tenido el Gobierno para plantear discusiones importantes sobre temas como reducción de riesgos y daños por consumo. También resaltó que el proceso de construcción de la política de drogas fue amplio y participativo.

No obstante, señaló que una gran deuda es terminar de implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), creado con el acuerdo de paz de 2016 y que aún no termina de cumplirle a más de 99.000 familias que hace años sustituyeron sus cultivos.

Además, si bien consideró que ni la aspersión ni la erradicación forzada resuelven de fondo los problemas de los ‘narcocultivos’, dijo que ha pasado casi un año desde que el Gobierno presentó la nueva alternativa “y aún no hay un plan de acción que permita tener compromisos presupuestales, diseño o implementación de temas completos que permitan hacer la transición. ¿Cuál va a ser el resultado del nuevo enfoque de política pública en los dos años que restan? Preocupa que no haya respuesta porque queda muy mal parado el desarrollo alternativo si no tenemos resultados”.

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Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), también destacó el viraje de la política, pero dijo que es insuficiente: “Es un cambio correcto y consistente con lo que se requería, sin embargo no es suficiente. El Gobierno tuvo la valentía de dejar de hacerle la guerra a los cocaleros y hacerle más bien la guerra a los narcotraficantes, pero no ha tenido la capacidad para decir que el desarrollo alternativo esté funcionando”, comentó.

Restrepo destacó que ha habido importantes aumentos en las incautaciones de drogas, que afectan de manera severa a las organizaciones criminales, pero cuestionó, entre otras cosas, el poco desarrollo del enfoque de salud pública para enfrentar y reducir el consumo de sustancias psicoactivas.

A su turno, Ana María Rueda, coordinadora de la unidad de análisis e investigación sobre la política de drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señaló que sí hay esfuerzos del Gobierno por implementar la política, pero hasta ahora no se conocen resultados. Se unió a las voces que cuestionan que no haya avances en el PNIS y dijo que espera que la gestión que se ha realizado para implementar misiones territoriales de la política de drogas genere resultados sostenibles para la transformación territorial.

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“El gobierno desde el principio dijo que sus esfuerzos no iban a estar en la erradicación sino en procesos de transformación, pero no se ve la estrategia para generar desarrollo en las áreas con cultivos ilícitos. La preocupación es que el Gobierno cierre su ciclo en dos años y tengamos más coca y no pasó nada, ni se erradicó ni se hizo desarrollo alternativo”, comentó.

Así mismo, cuestionó que, pese a que hay actualmente una crisis cocalera que ha llevado a muchas familias a renunciar a ese cultivo porque ya no es rentable, el Gobierno no ha aprovechado esta oportunidad para desarrollar con ellas la estrategia que propone la política de drogas de un ‘Modelo de Intervención Integral para el Tránsito a Economías Lícitas’.

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Finalmente, Rueda dijo que aunque ciertamente hay un aumento significativo de las incautaciones de drogas, eso también puede leerse como que hay más producto en el mercado, “si hay más cocaína, debe haber más incautación”, señaló y agregó que “la política de drogas va más allá de los resultados de los esfuerzos de interdicción. Es muy importante que todos conozcamos los avances en todos los demás objetivos de la política, que son ocho. Y en ella, las incautaciones son parte importante pero solo de uno de ellos”.

Frente a las dudas sobre los avances de la política de drogas, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien lleva un mes en el cargo, destacó como positivo el giro que dio el Gobierno en esta materia para centrarse en el cuidado de la vida y el medioambiente, así como en la consolidación de la paz.

Buitrago dijo que la forma de abordar cada territorio es diferente y que se están articulando con otras entidades del Gobierno, como los ministros de Salud, Cultura e Igualdad, para lograr cambios en las comunidades a través de las misiones territoriales de la política de drogas, con las cuales se busca impactar indicadores como la pobreza multidimensional.

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De otro lado, la ministra destacó que en el componente de ‘asfixia’ a los narcotraficantes se han logrado avances importantes como un aumento en las incautaciones de coca, pues según datos del Ministerio de Defensa, en el primer semestre del año se incautaron 431,8 toneladas de la droga, un 35 por ciento más que las 320,6 que había en el mismo periodo.

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“El Ministerio adelanta revisiones de varios proyectos que podrían beneficiar a la población, hay proyectos sustitutivos de cacao y a través de las misiones territoriales mantenemos un diálogo para determinar qué producto es más adecuado”, dijo Buitrago, quien añadió que de acá al final del periodo de Gobierno aspiran poder ver a un número significativo de personas beneficiadas con el nuevo enfoque de la política de drogas, así como avances importantes en usos alternativos de la hoja de coca para tener parte de la respuesta sobre qué hará Colombia con las miles de hectáreas sembradas que hay en el país.

Entre tanto, se está a la espera de que se publique la actualización del Simci, que tendrá datos sobre el comportamiento de los ‘narcocultivos’ durante el 2023, y aunque algunos analistas prevén un aumento de la medición, por la poca erradicación que se ha hecho, otros consideran que es posible que se vea una estabilización debido, entre otros factores, a la crisis cocalera.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia