Así serán las misiones que llevarán a terreno política de drogas del gobierno Petro

Casi un mes después de que el Gobierno lanzó en Tumaco, Nariño, el segundo municipio con más hectáreas de coca en Colombia, su primera ‘misión territorial de la política de drogas’, un borrador de decreto de 13 páginas sienta las bases sobre cómo funcionarán en detalle esas misiones.

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El borrador señala que las misiones territoriales son un mecanismo de coordinación interinstitucional para llevar al terreno la política de drogas en temas como promover el tránsito a economías lícitas en zonas rurales, cumplir el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), atender a población vulnerable en territorios afectados por drogas, y afectar el sistema del narcotráfico.

Las misiones incluyen además unos pactos de contención de cultivos con los campesinos para frenar el crecimiento de sembrados de uso ilícito, y como lo publicó EL TIEMPO, este año el Gobierno espera tener en marcha al menos tres misiones como la que ya se lanzó en Tumaco.

El borrador de decreto señala que estará en cabeza del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) definir la conformación de las misiones, es decir, decidir puntualmente dónde se aplicarán, entre otras cosas.

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Sobre el tema, aunque la última palabra la tiene el CNE, fuentes en el Ministerio de Justicia señalaron que la idea es que haya misiones territoriales tanto en zonas ‘calientes’ de concentración de cultivos de coca, como lo son municipios de Nariño, Cauca, Norte de Santander, Putumayo y Antioquia; así como en zonas ‘frías’ o de desconcentración de sembrados, como lo son, según la última medición Simci, territorios en Caquetá, Guaviare, Meta y Chocó.

Precisamente para estas definiciones dentro del CNE se creará un Comité de Coordinación de las Misiones Territoriales de la Política Nacional de Drogas, conformado por los ministerio de Defensa, Igualdad, Justicia, Agricultura, Salud, Comercio, Ambiente y el jefe de despacho presidencial.

Los detalles de cada misión quedarán consignados en unos Planes Operativos Interagenciales (POI), se lee en el borrador de decreto, que define los POI como “el instrumento de planificación para el diseño, ejecución y seguimiento” de las misiones territoriales.

Estos POI tendrán una vigencia de un año y deberán aprobarse a más tardar el 31 de mayo de cada anualidad. En los planes tendrán que especificarse detalles como el territorio exacto de la misión territorial (veredal, municipal, regional o departamental), la secuencia de intervención, cuál es la población objeto de la intervención. También deberán estar las metas e indicadores, las entidades responsables, cuáles son los compromisos de la comunidad beneficiaria de las misiones en reducción de cultivos, y los recursos y fuentes de financiación.

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“Los Planes Operativos Interagenciales -POI- en su formulación e implementación, deberán contar con la participación de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil presentes en los territorios objeto de las Misiones Territoriales de la Política Nacional de Drogas”, añade el proyecto de normativa.

Frente a los dineros con los que se financiarán las misiones territoriales, el proyecto de decreto define que se usen para esto recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). No obstante, se añade que los ministerio de Relaciones Exteriores, de Justicia, de Comercio, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y el Departamento Nacional de Planeación “diseñarán en un plazo no superior a seis meses una estrategia para la consecución de apoyo financiero, humano y técnico proveniente de la cooperación internacional y el sector privado para la implementación de las Misiones Territoriales de la Política Nacional de Drogas”.

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Aunque el borrador de decreto no menciona cuántos recursos en total se requerirán, se sabe que solo para la misión Tumaco ya se destinaron más de 228.000 millones de pesos para programas de tránsito a economías lícitas. Y en términos generales, el Gobierno ha estimados que para su ‘Modelo de intervención integral para el tránsito a economías lícitas’, del cual hacen parte las misiones territoriales, se requerirá invertir 21 billones de pesos en los próximos 10 años, gasto que es independiente de los recursos requeridos para seguridad y defensa.

Este proyecto de regulación, que estará publicado para comentarios de la ciudadanía por 15 días antes de pasar a su firma oficial, también establece que las misiones territoriales se articularán con otros mecanismos de políticas públicas como el Pnis, la política de seguridad, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y “los procesos de diálogo promovidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”, entre otros.

Por último, el borrador de decreto sostiene que deberá crearse, en un plazo no superior a 6 meses, un sistema de información que consolide la información sobre todas las inversiones públicas “y, en lo posible del sector privado y la cooperación internacional, que se realicen en municipios o áreas geográficas que el Ministerio de Justicia y del Derecho, como coordinador de la Política Nacional de Drogas, defina como estratégicos”.

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