Gobierno espera tener en marcha este año 3 misiones contra expansión de narcocultivos

A finales de enero, más de un año después del comienzo del gobierno de Gustavo Petro, se lanzó la primera misión territorial de la política de drogas en Tumaco, Nariño, el segundo municipio con más sembrados de coca, con 20.720 hectáreas, según la última medición del Simci de la ONU.

EL TIEMPO conoció que este 2024 el Gobierno espera poner en marcha al menos tres de estas misiones de transformación territorial, que involucran a varias entidades. Para la de Tumaco ya se destinaron más de 228.000 millones de pesos para programas de tránsito a economías lícitas que estarán a cargo de los ministerios de Justicia, Agricultura, Ambiente, Comercio, Defensa, Salud, Igualdad, Ciencia y Cultura, y de la Agencia de Renovación del Territorio.

Las misiones territoriales de la política de drogas incluyen, entre otras medidas, unos pactos de contención de cultivos que serán claves para frenar el crecimiento de sembrados de uso ilícito que ha venido experimentando el país, que cerró el 2022 con 230.000 hectáreas sembradas y una producción potencial de cocaína de 1.738 toneladas, ambas las cifras máximas históricas registradas por el Simci.

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De acuerdo con la política de drogas del Gobierno, estos pactos de contención son el primer paso del ‘Modelo de intervención integral para el tránsito a economías lícitas’, para el cual el Gobierno estima que se requerirá invertir 21 billones de pesos en los próximos 10 años, gasto que es independiente de los recursos requeridos para seguridad y defensa.

“El tránsito a economías lícitas, a través del ‘Modelo integral de intervención’, implica el compromiso de prácticamente todas las instituciones del Estado. Esto, pues la dependencia hacia los cultivos de uso ilícito obedece, principalmente, a la ausencia del Estado social de derecho en los territorios. En este contexto, gran parte de los recursos deberán provenir de los presupuestos propios de cada una de esas entidades. Estos se podrán complementar con recursos de cooperación internacional y el sector privado”, dijo a EL TIEMPO el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

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Desde esa cartera explicaron que las misiones territoriales incluirán planes de acción, metas, responsables y porcentaje de disminución de cultivos de uso ilícito atada a la intervención; y en estos momentos se está definiendo cuáles serán los siguientes lugares para intervenir junto a Tumaco.

De acuerdo con la política de drogas, “los y las cultivadoras se deben comprometer a no expandir las áreas sembradas, mientras que el Estado –sin renunciar a su compromiso de combatir el narcotráfico– prioriza en estas áreas la modalidad de erradicación voluntaria”. Además, se indica que cuando avance en el modelo para el tránsito a economías lícitas “las comunidades deberán iniciar el proceso de disminución progresiva de los cultivos hasta llegar a su eliminación total”.

Pero los pactos de contención no se aplicarán en todos los sitios con narcocultivos, sino en aquellos que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) defina como “cultivo de pequeño cultivador”, una medición para diferenciar los sembrados de campesinos de los de grandes narcotraficantes, en los cuales la intervención será forzosa.

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Aunque la definición de cuál será la medida para considerar un cultivo como “de pequeño cultivador” es tan importante, aún no ha salido del CNE; y el Gobierno tampoco ha expedido la regulación específica de las misiones territoriales. Pese a que faltan estas dos normativas, desde el Minjusticia indicaron que se irá avanzando en la implementación de la política de drogas.

Para el caso de los pactos de contención, adelantaron que estarán sujetos a verificación de que se cumpla con no expandir los sembrados, so pena de que la Fuerza Pública entre a hacer erradicación forzada.

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De otro lado, a diferencia del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), que se viene aplicando desde hace 6 años, las misiones no operan por familia o por predio, sino por territorios, lo cual garantiza que sea posible la inversión pública pues, aunque el Estado no puede legalmente invertir en un predio en el cual se realizan actividades ilícitas, como el cultivo de coca, sí puede hacerlo en el territorio en el cual se ubica tal predio.

Por el momento, además de Tumaco, no se han definido los demás sitios donde arrancarán las misiones territoriales de la política de droga, pero la idea es desarrollarlas tanto en zonas de concentración como de desconcentración de coca.

El Simci define estas últimas como aquellas en las que hay poco interés de grupos narcotraficantes por comprar la coca y habría una menor dependencia del cultivo ilícito. La medición del 2022 indicó que las zonas de desconcentración ocuparon el 35 por ciento del territorio con coca entre 2013 y 2022, y concentraron el 4 por ciento del área sembrada en 2022; se añade que Caquetá, Guaviare, Meta y Chocó concentran el 60 por ciento del territorio en esta categoría.

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Al respecto, el ministro Osuna dijo que la política de drogas “prevé que la intervención del Estado en áreas con presencia de cultivos de uso ilícito tenga un enfoque territorial, acorde con las necesidades y contextos particulares de cada zona, y que su implementación se dé de manera paralela a la disminución progresiva de las áreas de cultivo para uso ilícito”.

Y añadió: "Esto requerirá de una fuerte articulación de las entidades y de una inversión suficiente de recursos. Para ese propósito se contemplan las Misiones, así como asignación de recursos del Frisco y otros recursos de la Nación, la cooperación internacional y el sector privado. Definitivamente, es una apuesta intersectorial. De cierto modo las zonas frías tienen mayores posibilidades de éxito, pues allí la economía de la coca se ha venido desacelerando en los últimos años".

Una historia distinta es la de las zonas de concentración, donde en 2022 se localizó el 82 por ciento de los sembrados de coca (35 por ciento entre 2013 y 2022), según el Simci. En esta categoría se ubican municipios de Nariño, Cauca, Norte de Santander, Putumayo y Antioquia en los que hay condiciones que favorecen la economía ilegal, como su ubicación geográfica, indicadores de pobreza y un mayor interés de los grupos criminales.

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Aunque la intervención enfrentará más retos en esos sitios, Lucas Marín, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, enfatizó en la importancia de no dejarlos por fuera, “las intervenciones deberían empezar por sitios con mayor densidad de cultivos y no excluir territorios con presencia de grupos armados”, comentó, y añadió que es allí donde hay más condiciones de vulnerabilidad de los pobladores.

De otro lado, el investigador dijo que es una buena idea que la política de drogas arranque con acuerdos de contención de cultivos, pero indicó que debe haber líneas claras para no generar “incentivos perversos”, y explicó que un estudio que acaban de concluir sobre la implementación del Pnis mostró que, en su momento, el anuncio de beneficios incrementó la coca hasta en 500 por ciento en municipios vecinos a los priorizados.

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Por último señaló que los pactos de contención son escalables a nivel nacional, siempre que sea algo gradual, “teniendo en cuenta las capacidades y limitaciones estatales. Sería un error pensar que se puede hacer a nivel nacional en los 2 años que le quedan al gobierno, el legado puede ser mejor si primero es un programa limitado pero con suficiente músculo, y a partir de resultados se empieza a escalonar”.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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