Contraloría llama la atención sobre un 'posible riesgo de incumplimiento' de la JEP por la cantidad de casos a cargo

“No se vislumbra que en el mediano o corto plazo se emitan sanciones”. Con esta sentencia, la Contraloría alertó sobre un posible riesgo de incumplimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en sus seis años de vigencia.

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Una auditoría de cumplimiento de la Delegada del Sector Justicia expuso las flaquezas de la Jurisdicción, en las que destacó la desarticulación y sobrecarga de casos como los principales baches.

Uno de los retrasos que le están cobrando las víctimas y los comparecientes a la JEP es, precisamente, la publicación de la primera sentencia. Una tarea para la que es clave la coordinación interinstitucional, dado que el Ejecutivo, a través del Plan de Desarrollo, es el que financia y prepara el terreno para la aplicación de las medidas restaurativas.

Sin una efectiva relación entre ambas ramas, se prolongaría aún más el tiempo de espera. Así lo dejó entrever el presidente del tribunal, magistrado Alejandro Ramelli, quien aseguró que únicamente dará el paso de la emisión de sentencias cuando se garantice su cumplimiento.

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“La falta de articulación y coordinación puede conllevar a una implementación ineficaz de las medidas e impedir que las sanciones y los procesos restaurativos asociados tengan un impacto real y positivo en las víctimas, las comunidades afectadas y en los procesos de reincorporación, reintegración y definición de la situación jurídica de los comparecientes”, explicó la Contraloría.

Para la Delegada, resulta preocupante que hasta la fecha la instancia creada para investigar, juzgar y sancionar los patrones criminales del conflicto armado solo haya remitido tres proyectos de sanción propia (autos de resolución de conclusiones) a la Sección de Primera Instancia para casos con reconocimiento del Tribunal de Paz.

Un balance con el que se atrevieron a pronosticar que no se emitirán en un mediano ni corto plazo.

Frente al flujo de caja, la Contraloría encontró que “la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP presenta baja prioridad para el ejecutivo, en la asignación de recursos nacionales para el financiamiento del sistema restaurativo”. Y recordó el compromiso que tiene el Gobierno en esta materia, acorde a las disposiciones de sus obligaciones constitucionales.

El informe de auditoría también evaluó la situación de los territorios. "Persisten altos niveles de inseguridad en algunas poblaciones que aún se encuentran afectadas por el conflicto armado, donde la Jurisdicción Especial para la Paz debe llegar para dar cumplimiento a su misionalidad", detalló. Esta situación se convierte en un limitante para ejecutar las audiencias, actividades restaurativas y de reconciliación. "El Gobierno debe brindar las garantías y medios a los actores para que puedan acceder a los servicios de la JEP", indicó la Contraloría.

Otro de los puntos fiscalizados fue el número de expedientes sopesado con la capacidad de la Jurisdicción para darles trámite. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas es una de las instancias críticas debido al diseño de los procesos en la justicia transicional que crean un cuello de botella en esta etapa.  

"Si bien es cierto, la JEP avanza en una estrategia integral para resolver de manera definitiva la situación jurídica de todos los comparecientes, actualmente a pesar de las estrategias de priorización existen 7.777 casos en Sala y se encuentra pendientes de reparto de 1.683 casos", reveló el ente de Control.

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Actualmente la JEP adelanta el Plan Estratégico Cuatrienal 2023-2026, con el que proyecta descongestionar la Sala de Definición y resolver la situación jurídica de 6.745 comparecientes. Sin embargo, basado en la evidencia recolectada en la auditoría, la Contraloría determinó que existe un posible riego de incumplimiento por la cantidad de casos.

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia