El caso de un campesino desaparecido que llegó a la CIDH y por el que el Estado colombiano reconoció su responsabilidad

En la Plaza de Bolívar de Calarcá, Quindío, durante un acto público, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en la desaparición forzada de Isaac Galeano Arango. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia internacional a la que escaló el caso, concluyó que el crimen fue perpetrado por agentes del Estado, motivo por el cual ordenó al país hacer un mea culpa por el daño causado a sus familiares.

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El pasado sábado 30 de noviembre se llevó a cabo esta ceremonia que por parte de la Nación fue oficializada por el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), César Palomino. También participaron delegados del Ministerio de Defensa, dado que, según las investigaciones, dos agentes de la Sijin de la Policía fueron los responsables de la desaparición de Galeano.

Ocurrió en el año 2000, un siete de diciembre. El campesino de 42 años se desplazaba por la vereda Quebrada Negra, del municipio de Calarcá, Quindío, cuando fue detenido arbitrariamente por dos uniformados. Desde ese día y hasta 2021 su paradero era desconocido. Producto de las labores de búsqueda, sus restos fueron encontrados hace cuatro años en una fosa del cementerio de la Victoria, en el Valle del Cauca. Hace tres, se entregaron a sus familiares.

“Mi sueño es que esta impunidad se acabe. La verdad yo ya la sé, pero que yo escuche de labios de los asesinos de mi hermano y de tanta gente que desapareció ahí en el Quindío, que ellos confiesen que sí fueron ellos, qué le hicieron y que pidan disculpas. Que el nombre de mi hermano quede limpio", clamó Heroína Galeano, en 2021, cuando supo que el cuerpo de su hermano había sido encontrado.

El caso fue presentado ante la CIDH, instancia que determinó basada en todos los elementos probatorios que "la privación de la libertad del señor Galeano fue realizada por agentes estatales, los mismos que negaron reconocer su paradero (...) Lo ocurrido constituyó una desaparición forzada". 

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La Comisión, que ofrece garantías a los ciudadanos para proteger sus derechos de vulneraciones de los Estados, concluyó que en el caso Galeano se violaron la integridad y libertad personal, así como las garantías judiciales y la protección de la familia de la víctima. Razones por las que ordenó el reconocimiento público.

Un tribunal local también declaró responsable a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por este crimen. A través de la sentencia del 10 de mayo de 2018, el Consejo de Estado falló a favor de las víctimas, quienes presentaron una tutela de reparación directa. 

"El acto de reconocimiento también busca resaltar la persistente e incansable labor de los y las familiares del señor Isaac en la búsqueda de su ser querido. La señora Rosa Arango (q.e.p.d), madre de la víctima, quien acudió a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría para denunciar la desaparición de su hijo, lamentablemente falleció sin tener respuesta sobre su paradero y sin poder realizar un duelo. Heroína Galeano, hermana de Isaac, continuó en la exigencia de justicia y respuestas de las autoridades e, incluso, acudió a la CIDH", aseguró el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, representante de las víctimas.

Aunque se encontró el cuerpo y el Estado reconoció su responsabilidad en el crimen de Galeano, las cuentas en la justicia siguen en mora. Tras la absolución de los cinco integrantes de la SIJIN acusados en 2015, la investigación penal se mantiene en etapa preliminar.

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Actualmente, según el universo provisional de la Unidad para las Víctimas, hay registradas 199.361 víctimas de desaparición forzada, de las cuales el 8 % corresponde a actos perpetrados por agentes del Estado. 

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia