Se calienta debate por sanciones de JEP a exjefes de Farc por secuestro

En las últimas horas, la Procuraduría se sumó al debate sobre las sanciones que próximamente deberá imponer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a los exjefes del secretariado de las Farc por los secuestros cometidos durante el conflicto armado.

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Esto en momentos en los que la Sala de Reconocimiento de la JEP, que realizó la investigación, discute la resolución de conclusiones en este caso, un documento que incluye los hechos de los cuales se señala a los comparecientes, su reconocimiento frente a ellos, y unas propuestas de sanción que luego deberá analizar la Sección de Primera Instancia.

En este debate, la Procuraduría ya envió sus comentarios a la propuesta de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador–Restaurador (Toar) presentada a la JEP por los ex del secretariado de las Farc, y le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz establecer criterios claros para que los proyectos de sanción propia cumplan con los mínimos previstos en el Acuerdo de Paz.

El órgano de control señaló que es necesario un protocolo que incluya la relación que debe existir entre el Toar y el daño, los límites sobre los criterios de reparación y restauración, el alcance entre la reincorporación, reparación y reconciliación; el papel de la sociedad civil, las víctimas y el Ministerio Público; las garantías mínimas de sostenibilidad, la articulación con el Gobierno Nacional y las características mínimas que debe cumplir la restricción de derechos y libertades, entre otros.

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Para el Ministerio Público, esos vacíos dificultan para los intervinientes asumir posturas jurídicas frente a la propuesta planteada por los comparecientes que, en consecuencia, carecen de herramientas y criterios para la formulación de proyectos.

"Aunque se proponen proyectos novedosos, de impacto y con contenido restaurador, todavía permanece un alto grado de incertidumbre respecto de la ejecución material de los mismos", señaló el órgano de control.

La Procuraduría pidió también claridad sobre las características mínimas que debe cumplir la restricción de derechos y libertades que vendrá en las sanciones de la JEP.

“Se deben delimitar los lugares de residencia durante el proceso de ejecución de la sanción propia, las condiciones de seguridad que se brindarán, las formas de medición de los tiempos de dedicación, el tiempo mínimo exigido el rol y actividades de la Misión de Naciones Unidas en lo que trata de la verificación del cumplimiento de la sanción propia y cómo esto se complementará con las labores de la Secretaría Ejecutiva”, asegura el documento de observaciones.

Si no se aclara esto, dijo la Procuraduría, la restricción efectiva de derechos quedaría reducida a la realización esporádica de actividades, "lo que dista de ser una sanción por la comisión de crímenes internacionales", añadió el Ministerio Público.

En cuanto a la búsqueda de desaparecidos, el órgano de control sostuvo que el cumplimiento de estas obligaciones, que hacen parte del acuerdo de paz, no puede entenderse por sí solo "como parte de una sanción propia producto del reconocimiento de responsabilidad, es, en su lugar, una obligación derivada del régimen de condicionalidad al que se encuentran adheridos".

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Así mismo, se recalcó la importancia de la consulta con las víctimas en todo el proceso, pues ellas deben estar en el centro sin afectarlas en su dignidad y derechos.

"Diseñar un procedimiento de consulta previa sin haber delimitado el grupo poblacional, los daños específicos, la racionalización de los recursos, los cronogramas atendibles y las actividades de los comparecientes de forma clara podría generar falsas expectativas", sostuvo el Ministerio Público.

Finalmente, la Procuraduría también destacó la propuesta de Acción integral contra minas antipersonal: “Este proyecto, de especial trascendencia y con propuestas robustas en materia de desminado, podría ser una forma de reparación de las afectaciones generales causadas por el conflicto, en tanto que pretende un acercamiento entre víctimas y comparecientes, garantizar la no repetición, contribuir a la desestigmatización de los territorios y la generación de confianza entre los diferentes actores del país”.

En este debate también han hablado las víctimas, quienes enviaron a la JEP algunos reparos que, en unas partes, coinciden con los llamados de atención que hizo el Ministerio Público.

Exmilitares que fueron víctimas de secuestro señalaron, por ejemplo, que hay una ausencia de responsabilidad por parte de los máximos responsables de las ex-Farc y un precario sentido restaurador en sus iniciativas de reparación. 

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Los militares víctimas criticaron, entre otras cosas, el proyecto denominado 'Búsqueda de personas dadas por desaparecidas' y dijeron que no cumple con los requisitos de ley para ser considerado un Toar porque uno de los compromisos de los comparecientes es aportar verdad a mecanismos como la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, "por lo que más que un trabajo o una obra de contenido restaurador o reparador, dicho proyecto no es nada distinto al cumplimiento del régimen de condicionalidad".

También se hicieron cuestionamientos a las iniciativas de desminado, pues para ellos, estas no tienen una correlación directa con las víctimas de secuestro representadas en el macrocaso 01 de la JEP.

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Estos uniformados, representados por la organización Milvíctimas, hicieron un llamado a los comparecientes para que replanteen los proyectos presentados teniendo que parala reparación a las víctimas cumpla con ser efectiva, pronta y adecuada, además de proporcional a los daños.

Por ejemplo, les pidieron incluir "mecanismos de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción en los cuales se tengan en cuenta las dimensiones individuales, colectivas, materiales, morales y simbólicas de los perjuicios causados".

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