Este es el rompecabezas que armó la JEP de la 'toma paramilitar' de Barrancabermeja y el papel que jugaron funcionarios de Ecopetrol

En una audiencia que duró cuatro días, la JEP abordó la relación de agentes del Estado con los paramilitares, en asocio con algunos de Ecopetrol.

El 28 de febrero de 1999 en Barrancabermeja fueron asesinadas ocho personas y dos desaparecidas forzadamente. Foto: Archivo El Tiempo

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Sara Valentina Quevedo Delgado

REDACTORA A09.11.2024 19:15 Actualizado: 11.11.2024 08:48

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Durante cuatro días y delante de más de 50 víctimas, la JEP escuchó a personas vinculadas o responsables con la "toma paramilitar de Barrancabermeja", como parte de las investigaciones que adelanta en el macrocaso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles. Allí los comparecientes revelaron una relación entre las masacres y funcionarios de Ecopetrol.

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La audiencia fue llevada a cabo por la Sala de Reconocimiento y presidida por la magistrada Catalina Díaz Gómez. Uno de los comparecientes llamados al estrado fue Jhon Alexander Vásquez, conocido como 'Pepo', un paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Santander y el sur del César, que a su vez estaba vinculado a la empresa estatal Ecopetrol.

El testigo rindió declaraciones sobre cómo sirvió de enlace entre el Batallón de Contraguerrilla No. 45, encargado de la refinería de Barrancabermeja, y los 'paras'. Según su testimonio, fue él quien coordinó la incursión de las autodefensas en el puerto petrolero, el 28 de febrero de 1999, un hecho que terminó en la masacre de ocho personas y la desaparición forzada de dos más.

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Vásquez también narró cómo recibió pagos a cambio de grabar ilegalmente las asambleas sindicales de la USO (Unión Sindical Obrera) de Ecopetrol. Este seguimiento fue ordenado, al parecer, por el subjefe de seguridad de la compañía, un capitán retirado del ejército.

Se agudizan las amenazas en el Magdalena Medio — Barrancabermeja, ciudad que alberga la refinería de Ecopetrol. Foto:Melissa Múnera

Producto de estas filtraciones los paramilitares pudieron acceder a una lista que incluía los nombres de varios dirigentes sindicales de la ciudad, quienes fueron declarados objetivo militar. Los cabos se unen porque al día siguiente que le enseñaran a 'Pepo' el papel, fue asesinado Rafael Jaimes Torra, uno de los líderes amenazados.

Mayor (r) Oswaldo Prada Escobar

Otro de los comparecientes fue el mayor (r) Oswaldo Prada Escobar, jefe de inteligencia del Batallón de Artillería Nueva Granada entre junio de 1997 y julio de 1998.

El exmilitar relató el entramado criminal pactado entre el batallón del que formaba parte y los paramilitares para la planeación, ejecución y encubrimiento de la masacre del 16 de mayo de 1998. Ese día 25 personas fueron desaparecidas y 7 asesinadas. 14 de ellas siguen siendo buscadas por sus familiares.

La incursión se llevó a cabo gracias a la coordinación de la fuerza pública para que los puestos de control militar en los barrios nororientales y en las afueras de la ciudad permitieran el ingreso de los hombres armados.

Una de las cabezas de la toma, de hecho, fue un guerrillero desmovilizado que llevaba días protegido por el batallón y, por órdenes del mayor (r), se le permitió participar de la masacre.

No hubo una sola línea de mando, sino que realmente hubo 39 estructuras que actuaron en 665 municipios de 30 de los 32 departamentos. — No hubo una sola línea de mando de los 'paras', sino que realmente hubo 39 estructuras que actuaron en 665 municipios de 30 de los 32 departamentos. Foto:Efraín Patiño / Archivo AFP

Los militares también fueron responsables de encubrir el crimen. El testigo detalló que la plana mayor del batallón hizo oídos sordos a los reclamos de los familiares y las víctimas de las personas desaparecidas que esa misma noche llegaron pidiendo respuestas. Tampoco les dieron información en los días siguientes para emprender su búsqueda. Una tarea en la que hoy está ayudando la JEP.

Subcaso Magdalena Medio

Estos dos testimonios hacen parte del subcaso Magdalena Medio, en el que 200 víctimas han sido acreditadas ante la jurisdicción y han participado de las diligencias judiciales. También se han acreditado siete sujetos colectivos: la USO, CREDHOS, el colectivo 16 de mayo, la Asociación Campesina ACVC, las comunidades campesinas del Guayabo, Ciénaga del Opón y Carmen de Chucurí.

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A la fecha, la Sala de Reconocimiento ha realizado un total de 20 audiencias de versión y declaración juramentada en esta investigación.

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia

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