Así es el ecocidio producto de las rentas ilegales del Eln, el ‘clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc

Minería ilegal, tala indiscriminada, atentados a oleoductos y amedrentamiento a la población civil para incentivar la resiembra de cultivos ilícitos son algunas de las problemáticas que registró la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como los nuevos caballos de batalla utilizados por los grupos armados para ejercer control territorial y garantizar su financiamiento.

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Un informe de la fiscalía de la JEP reveló que, en los últimos dos años, la depredación al medio ambiente causada por las actividades terroristas y las rentas ilegales del Eln, el ‘clan del Golfo’, las disidencias de la ‘segunda Marquetalia’ y el ‘estado mayor central’ se han incrementado -con periodos de calma por los ceses al fuego-, producto de la disputa de las zonas que antes eran dominio de las Farc.

“Hay por lo menos 18 municipios de ocho departamentos en los que los grupos armados no estatales regulan la relación comunidad-territorio-naturaleza. Es decir, hay extensas superficies del país caracterizadas por su riqueza hídrica o su diversidad en flora y fauna donde el Estado perdió o nunca recuperó el control territorial, lo que ha dejado a merced de grupos armados irregulares y organizaciones criminales de alto impacto, la regulación y explotación de la tierra y los recursos naturales", se especifica en el documento.

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Entre el primero de agosto de 2022 y el 30 de septiembre de este año, la UIA documentó 233 graves afectaciones a la naturaleza, lo que significa que cada tres días se produjo algún hecho que victimizó al territorio, que es considerado sujeto de derechos.

La minería ilegal (63 %) sigue siendo la primera causa del daño medioambiental ocasionado por las estructuras armadas; siendo el ‘clan del Golfo’ el principal perpetrador. En la subregión del Atrato, en Chocó, “desde enero de 2023, esta actividad ilícita ha conducido a la deforestación de al menos 34 hectáreas, con perjuicios en el ecosistema que podrían tardar entre 30 y 40 años en recuperarse”, expone la UIA.

Otros enclaves mineros de este grupo están ubicados en el bajo Cauca, el nordeste antioqueño y se está expandiendo hacia el oriente de ese departamento y el Magdalena medio, arrasando a su paso con las fuentes hídricas, la fauna y la flora. Esta lógica depredadora la emplea, además, para priorizar sus rentas ilegales sobre el cuidado de los bosques, promoviendo la tala y deforestación masiva en el Urabá.

Igualmente, ha ejercido violencia en la población de los territorios donde hacen presencia, obligándolos a participar en la tala indiscriminada y en la resiembra de narcocultivos, afectando “desproporcionadamente” a los resguardos indígenas del pueblo emberá.

Las disidencias de la ‘segunda Marquetalia’ también se han metido en este negocio ilícito aunque con una participación más reducida. La UIA encontró que en 2023 y en lo corrido de este año el frente Comandos de la Frontera estuvo detrás de la extracción ilegal de oro en el Putumayo, propiciando la deforestación de por lo menos 140 hectáreas y la contaminación de los ríos Caquetá y Putumayo.

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Por el lado del ‘estado mayor central’, disidencia coordinada por ‘Iván Mordisco’, si bien ha cometido todo tipo de atropellos a la naturaleza como la deforestación, la minería ilegal, los atentados a la infraestructura petrolera y la construcción de carreteras ilegales, ha adoptado una actitud ambivalente imponiendo sanciones a quienes contaminan los territorios donde ejercen control.

Así, mientras los frentes ‘Carolina Ramírez’ y ‘Jaime Martínez’, en el Valle del Cauca, Cauca y la Amazonía, han propiciado por lo menos 11 casos de tala indiscriminada, entre ellas la deforestación de más de 13.000 hectáreas de selva en el Parque Nacional Chiribiquete -pulmón de la biodiversidad y área protegida-, la célula ‘Ismael Ruíz’, en el Huila, implantó castigos a quienes arrojaran basura en nacimientos de agua. “Además, han exigido a las comunidades la construcción de pozos sépticos para evitar la contaminación de fuentes hídricas, bajo la amenaza de multas para quienes no cumplan”, se lee en el informe.

Vale la pena señalar que durante la investigación del macrocaso 09, sobre los crímenes contra pueblos y territorios étnicos en el Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada, se encontró que, debido a esta nueva guerra por la Amazonía entre las facciones lideradas por ‘Morisco’ y ‘Calarcá’, se está afectando la participación de las comunidades en la justicia transicional y en el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto con las Farc.

“Los actos de tala masiva indiscriminada de árboles por parte de las disidencias han generado múltiples daños al territorio ancestral, conllevando a la desarmonización de las áreas donde habitan los pueblos indígenas (...) Estas acciones han devenido en amenazas de muerte en contra de la población indígena y defensores ambientales, afectando profundamente los ejercicios de gobernanza propia y su relación con el territorio como fuente de sustento y arraigo”.

El Eln es otro de los actores armados detrás de la tala, la minería ilegal, la producción química de la pasta de coca y el perpetrador número uno de los ataques terroristas a los oleoductos, siendo el tramo Caño Limón Coveñas su principal blanco. De las 233 afectaciones medioambientales cometidas por los grupos armados, 18 casos han sido atentados a la infraestructura petrolera llevados a cabo por los ‘elenos’.

No obstante, la UIA destaca que durante el cese bilateral al fuego, un compromiso pactado en las mesas de diálogo que adelanta el gobierno de Gustavo Petro en el marco de la 'paz total', estos asaltos, así como los daños a la naturaleza, en general, mermaron significativamente. “Desde 2023 se presentó una tendencia decreciente en el número de afectaciones registradas, especialmente de los atentados contra la infraestructura petrolera. Esto se mantuvo hasta agosto de 2024, cuando se reanudaron las hostilidades”.

Uno de los compromisos ineludibles para pactar la paz debe ser el cuidado del territorio. Esta es una de las conclusiones del estudio que celebra que “la agenda de negociación con el Eln y los ejes temáticos establecidos en una futura agenda con las facciones del ‘Estado mayor central’ tenga un fuerte componente medioambiental”. Igualmente, recalca en la consideración de la naturaleza como “sujeto y titular de derechos”, pues, como en la visión antropocéntrica del conflicto, también se ven perjudicados o beneficiados por las dinámicas de violencia y tranquilidad.

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SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADO

Redacción Justicia