Siete exmilitares imputados por JEP por falsos positivos en Antioquia aceptaron cargos

Casi dos meses después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a nueve exmilitares, entre ellos al general en retiro Mario Montoya Uribe, por la ejecución de 130 ‘falsos positivos’ entre 2002 y 2003 en Antioquia, la JEP informó que siete de ellos ya aceptaron su responsabilidad.

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En este caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó en su imputación que en la Brigada IV del Ejército hubo una presión por resultados para “muertes en combate" como único indicador de éxito, y que dicha presión fue ejercida por el entonces comandante de la Brigada, el general (r) Montoya Uribe y por los comandantes de los distintos batallones, especialmente del Batallón de Infantería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (Bajes).

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Los exmilitares que ya reconocieron su responsabilidad son el coronel (r) Julio Alberto Novoa Ruiz, los subtenientes (r) José Alejandro Ramírez Riaño, Diego Germán Guzmán Patiño, y Edwin Leonardo Toro Ramírez, los tenientes coroneles (r) Emerson Antonio Castañeda Morales y Nelson Enrique Carvajal Chisco y el soldado Óscar Iván Mayo Marulanda. Los siete hacían parte del Bajes.

El coronel (r) Iván Darío Pineda Recuero dijo que no aceptaba la responsabilidad respecto de las imputaciones hechas por la Sala, y el general (r) Montoya solicitó la nulidad del proceso.

Tras recibir las respuestas de los procesados, la JEP dio un plazo de 30 días hábiles más para que las víctimas se pronuncien sobre el tema.

En el auto de la Sala de Reconocimiento en el cual se informa sobre las manifestaciones de los comparecientes y se le da más plazo a las víctimas para pronunciarse también se recogen apartes de los reconocimientos hechos por los exmilitares.

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Por ejemplo, en el reconocimiento del teniente coronel (r) Emerson Antonio Castañeda Morales se lee que entre 2002 y 2003, cuando se cometieron los crímenes, él “era un subteniente recién ascendido de la escuela militar de oficiales del Ejército, siendo el Bajes mi primera unidad, (…) contando con una edad de 21 años para ese entonces, quien a pesar de ser educado por una familia honrada, con principios y valores permití que la orientación e instrucción otorgada desde la Escuela de formación influyera en mis actuaciones transgrediendo esos principios modificando mi pensar frente a lo que en principio era bueno o malo”.

Añadió que al principio de su comparecencia ante la JEP no reconoció su responsabilidad “inicialmente por pena, por temor y porque los superiores con los que trabaje en ese entonces seguían activos y con quienes se había acordado de que nunca se contarían la verdad”. También le pidió perdón a las víctimas:

“No debí nunca dejarme llevar por las presiones, por las órdenes, por las ganas de condecoraciones, viajes o permisos, con el tiempo y casi que de inmediato entendí que lo que hicimos estuvo mal, afectamos muchas familias, cerramos los ojos de colombianos que tenían la oportunidad de cambiar, de tener un futuro mejor, afectamos a muchas personas que hoy tendrían otro destino, otra oportunidad, le quitamos la vida a personas humildes, trabajadoras que podían encontrarse hoy entre nosotros, pido perdón a todas sus familias, a todos los colombianos que confían en las Fuerzas Militares y que defraudamos”.

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Otro de los reconocimientos que se cita es el del teniente coronel (r) Nelson Enrique Carvajal Chisco, quien contó que sus subalternos aprendieron a cometer estos delitos de él: “Hubo un acuerdo común entre mis subalternos y el suscrito, para presentar muertes a como diera lugar, todo con el fin de satisfacer las presiones de mis superiores; aunque no puedo decir que me impartieron ordenes de asesinar ilegalmente a nadie; pero sí me presionaban por resultados, consistentes en bajas, y yo perdí el norte, presioné a mis subalternos, ideamos un plan criminal; basado en la estigmatización previa que existía sobre la población del oriente Antioqueño (para nosotros toda la población era guerrillera), yo pensaba eso y así se lo hacía creer a mis subalternos, sin ninguna prueba, sin ninguna consideración por la vida, o por el dolor de esa familias”.

También reconoció que dio órdenes no solo para cometer los crímenes, sino para encubrirlos: “Yo personalmente: ordené directamente a los ejecutores materiales que cometieran algunos asesinatos; di instrucciones para encubrir los asesinatos; coordiné y participé en el traslado de algunas víctimas; y asesiné por mano propia a 44 víctimas; por ello recalco y entiendo que soy penalmente responsable”.

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También se leen apartes del reconocimiento que hizo el coronel Julio Alberto Novoa Ruiz, quien itió que mintió sobre la producción de “bajas” de las Farc “al replicar la política de facto implementada por Mario Montoya Uribe, presionando, instigando e induciendo a los del Bajes para que reportaran bajas a toda costa y ordenando a los distintos niveles de la cadena de mando que no se debían reportar capturas ni retenciones”.

También reconoció que ordenó el ocultamiento de cuerpos y lo mismo hizo, “implícita y explícitamente” con el asesinato de algunas personas retenidas.

El general (r) Montoya Uribe, excomandante del Ejército y quien fue imputado en el caso de Antioquia como excomandante la Cuarta Brigada, no le ha manifestado a la JEP si acepta o no su responsabilidad, sino que su defensa envió un escrito pidiendo la nulidad de la imputación.

Su abogado manifestó que en el proceso se le vulneraron garantías a Montoya, por ejemplo, porque no les entregaron todas las versiones e informes sobre las que se basó la imputación, y porque hubo una "indebida formulación de imputación” porque la misma, según la solicitud de nulidad, no precisó cuáles serían las consecuencias de aceptar, o no aceptar, responsabilidad, ni se habló del tipo de sanciones aplicables en uno y otro caso, “para que evaluadas tales perspectivas, el afectado con la providencia contara con los elementos de juicio suficientes para tomar una decisión”.

Ante este escrito, la Sala de Reconocimiento de la JEP les dio un plazo más de 30 días para que el general (r) y su abogado puedan pronunciarse respecto de la totalidad de las versiones voluntarias y para que Montoya manifieste ante la Sala de Reconocimiento su decisión de aceptar o no la responsabilidad.

"Dado que uno de los argumentos expuestos en la solicitud de nulidad es que el general Mario Montoya Uribe y su abogado no conocieron la totalidad de las versiones voluntarias e informes (...) y que, según alega el abogado defensor, esto impide que el compareciente pueda efectuar su reconocimiento o no de responsabilidad, esta Sala otorgará un plazo adicional de treinta días", se lee en el auto de la JEP.

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