JEP llama a víctimas a opinar sobre acusación a exjefes de las Farc por secuestro

En medio del análisis que adelanta el Tribunal de Paz de la JEP para condenar a siete ex del secretariado de las ex-Farc por secuestros, la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad llamó a una audiencia para conocer las observaciones de víctimas.

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En la diligencia judicial, citada para el 4 y 6 de julio próximos, desde las 8:30 a. m., se escucharán las opiniones de las víctimas sobre la resolución de conclusiones que contiene el contexto de los hechos, la aceptación de los delitos que hicieron los exguerrilleros, y la recomendación de sanción para cada uno. La audiencia se hará de manera híbrida, presencial y virtualmente, en la sede principal de la JEP y será transmitida por los canales digitales de la entidad.

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Según informó la JEP, estas observaciones de víctimas son claves para el proceso contra Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, quienes hicieron parte del último Secretariado de las Farc-EP. Los siete ex guerrilleros fueron acusados por crímenes de guerra y lesa humanidad dentro del caso 01, que investiga los secuestros.

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Tras la presentación de la resolución de conclusiones, en noviembre de 2022, la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal de Paz comenzó la fase de estudio para determinar la correspondencia entre los hechos imputados, las conductas reconocidas por los exguerrilleros, las pruebas presentadas en el caso, los presuntos responsables, la propuesta de sanción y la valoración del reconocimiento de responsabilidad por parte de los excombatientes. Con ello, esta sección tendrá que imponer las sanciones propias a los ex-Farc.

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Es de recordar que esta resolución de conclusiones recomendó 8 años de sanción para todos los excomandantes del Secretariado, excepto para Rodrigo Granda, para quien se propusieron 5 años de sanción por no haber tenido mando directo sobre la tropa.

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Estas futura sanciones exigen además de medidas de restricción efectiva de libertades y derechos, la realización de trabajos, obras y actividades con contenido reparador-restaurador (Toar); y su cumplimiento será monitoreado y verificado por las Naciones Unidas.

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