Piden a la JEP acreditar a víctimas de 20 casos de 'falsos positivos'

Familiares de personas que habrían sido ejecutadas extrajudicialmente y pasadas como bajas en combate, hablaron este miércoles ante magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en una audiencia en la que se pidió la acreditación de 20 víctimas ante esa justicia transicional.

Los hechos presentados involucran a unidades militares de la Cuarta División del Ejército, que tiene jurisdicción entre Cundinamarca, Meta, Guaviare y Vaupés.

Entre esas unidades se mencionan los batallones de Infantería N°. 21, Batalla Pantano de Vargas, y el batallón de Infantería N°. 19 General José Joaquín París Ricaurte, así como las Brigadas Móviles N°. 4 y N°. 12.

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Estos casos ya fueron puestos en conocimiento de la JEP a través del informe 'Desenterrar la verdad en los Llanos Orientales', presentado por el Colectivo Orlando Fals Borda (COFB), el Colectivo José Alvear Restrepo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz el 1°. de agosto del 2019.

En ese documento, presentado en el marco del caso 03 de la JEP, sobre "muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate" (o 'falsos positivos') se recoge la situación de 2.328 cuerpos declarados personas no identificadas en los cementerios de La Macarena, Vista Hermosa, Granada y Villavicencio, en Meta, y en San José del Guaviare, departamento de Guaviare.

Se presume que muchos de estos serían víctimas de desaparición forzada y 'falsos positivos' cometidos por agentes del Estado entre 1999 y 2008, entre los que están los 20 por los que se pidió acreditar a las víctimas.

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Según el Colectivo Orlando Fals Borda, estos hechos ocurridos en los Llanos "están fundamentados dentro del contexto de los planes militares de consolidación territorial que estuvieron marcados por una fuerte estigmatización a la población civil y una violación al principio de distinción" entre combatientes y población civil entre 2004 y 2008.

Entre las 20 víctimas por las que se pide la acreditación hay dos hombres menores de edad, así como dos personas cuyos cuerpos todavía no han aparecido.

En la presentación a la JEP, los voceros del Colectivo OFB señalaron hechos preocupantes como que la justicia penal militar habría ayudado a encubrir estos hechos, que las escenas de los casos eran levantadas por los mismos militares, dificultando cualquier investigación forense, y que para esa región solo había un juez en funciones.

De acuerdo con César Santoyo, director ejecutivo del COFB, “los casos guardan patrones en común como: haber sido sepultados como Personas No Identificadas en los cementerios de los llanos orientales (comúnmente denominados como NN), a pesar de que en varios casos se encontraron en los cuerpos sus documentos de identificación. O por las irregularidades con respecto a las prendas de vestir: algunas que no correspondían a las tallas o género de las víctimas, incineración por motivos de “salubridad”, o ser de uso privativo de las Fuerzas Militares. Y otros por presentar inconsistencias entre las heridas marcadas en su ropa y en el cuerpo”.

También señaló inconsistencias en las declaraciones de algunos soldados y en los levantamientos, realizados por los mismos batallones en lugares distintos a los de ocurrencia de los hechos.

La solicitud de acreditar a estas 20 víctimas, informó el Colectivo, es la primera de tres que harán a la JEP, todas dentro de los mismos hechos de los Llanos. 

En el macro caso 03, la JEP ha priorizado algunas de las regiones del país donde más se presentaron "ejecuciones extrajudiciales", o denuncias de estas. Una de ellas, justamente, recoge parte de los Llanos orientales, principalmente en Casanare.

La solicitud de acreditación fue recibida por los magistrados Óscar Parra y Alejandro Ramelli, en representación de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.

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