Imputación revela los 17 municipios más atacados por las Farc en cuatro décadas

El 17 de marzo de 1965, los entonces máximos comandantes de las Farc ‘Jacobo Arenas’ y ‘Manuel Marulanda Vélez’, alias Tirofijo, reunieron a la comunidad del municipio de Inzá, Cauca, en la plaza central y arengaron sobre su lucha armada en búsqueda del poder. Ese acto fue el detonante de “una larga historia de tomas guerrilleras como técnica de guerra” que azotó por más de cuatro décadas municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Entre los años 1965 y 2013, según la macroimputación de cargos contra 10 excombatientes anunciada el miércoles, las Farc perpetraron en el país 609 tomas guerrilleras y en esta subregión se registraron 288 de estas cruentas incursiones armadas, protagonizadas por grupos de entre 400 y 600 guerrilleros, en las que se usaron los ‘tatucos’ (cilindros de gas cargados de explosivos), que afectaban de forma indiscriminada a la población civil de la zona.

La JEP señaló que los 10 excombatientes responderán por los crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso de población, persecución, confinamiento y otros actos inhumanos.

(Lea también: JEP imputa a 10 ex-Farc por crímenes de guerra contra comunidades étnicas).

En un documento de 688 páginas, la Sala de Reconocimiento de la JEP hizo la primera imputación por el llamado caso 05 por crímenes de guerra y de lesa humanidad a los antiguos de las columnas móviles ‘Jacobo Arenas’ y ‘Gabriel Galvis’ de las Farc “por realizar ataques a la población civil que produjeron una afectación sistemática al derecho a la identidad cultural de los pueblos ancestrales indígenas y afrocolombianos y las comunidades campesinas asentadas en 17 municipios priorizados”.

En el documento se advierte que la guerrilla hizo numerosas acciones violentas que ocasionaron muertes, lesiones y afectaciones psicológicas a personas civiles y daños a bienes inmuebles, las cuales se concentraron en los municipios de Toribío, Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Pradera y Florida.

Según la investigación de la JEP, el municipio de Toribío fue el más atacado del país, lo cual, según los comparecientes, “se presentó por diversos factores, como la necesidad de crear un corredor de movilización desde la cordillera hacia las partes planas, la importancia estratégica de la zona para las Farc teniendo en cuenta que sus campamentos se encontraban en el área, y las condiciones geográficas favorables para hacer ataques, pues el casco urbano está ubicado entre las montañas”.

En el proceso se menciona por ejemplo el ataque contra ese municipio que se inició en la madrugada del 14 de abril de 2005, en el cual se utilizaron armas no convencionales y armamento de largo alcance. Sobre ese hecho, la Fiscalía reportó en medio del proceso: “El resultado que arrojo el ataque a la población civil fue la muerte de un menor de edad perteneciente a la población indígena del lugar, importante resulta hacer saber que para este ataque la guerrilla se apertrechó en las instalaciones del hospital y la escuela del sector desde donde lanzaron gran cantidad de cilindros bomba y granadas de mano hechizas”.

En ese punto quedó plasmado el daño a la población civil, especialmente conformada por comunidades indígenas, afrocolombianas y las comunidades campesinas.

El informe señala que Caldono fue el segundo municipio que sufrió los embates de la violencia de las Farc. Allí, se registró en 2013 un total de 30 incursiones armadas, de las cuales 21 fueron ataques dirigidos a los puestos de policía.

“En este municipio se presentaron alteraciones muy frecuentes del orden público, producto de las incursiones de diferentes grupos armados que se disputan el control del territorio, situación que ha generado constantes escenarios de vulneración a los derechos de la población civil”, dice el informe.

Además de soportar los continuos ataques de la guerrilla, los pobladores de la zona cargaron con el inri de ser señalados como informantes o colaboradores de la Fuerza Pública. Solo en los municipios de Pradera y Florida, en el Valle del Cauca, hay registro de más de 40 personas asesinadas por guerrilleros por sospecha de estar entregando información a las autoridades.

Otro patrón criminal evidenciado en la decisión es el uso de minas antipersonales como mecanismo de control territorial y social. En ese punto se citó como ejemplo un caso en 2003, cuando la columna móvil ‘Gabriel Galvis’ minó el páramo del sur del Valle del Cauca, un lugar sagrado para comunidades indígenas, así como la parte alta de la finca Los Alpes, y los alrededores de resguardos, todas estas son zonas en las que hasta la fecha no se ha podido volver porque siguen minados.

“Esta columna reunió a la comunidad y les dijo a sus integrantes que, si no querían compartir el territorio con ellos, se fueran. Esta columna provocó confinamientos por la siembra de minas antipersonales”, indicó el magistrado Raúl Sánchez durante la rueda de prensa en la que la JEP informó esta decisión.

Los antiguos de las columnas móviles ‘Jacobo Arenas’ y ‘Gabriel Galvis’ tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas o rechazar las imputaciones hechas. Las partes, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público también podrán presentar observaciones frente al caso. De hecho, el Ministerio Público ya hizo los primeros reparos.

A finales del año pasado pasó al Tribunal de Paz la tercera resolución de conclusiones por delitos cometidos en el marco del conflicto armado para que se emita la correspondiente sanción contra los implicados. Se trata de un proceso por ‘falsos positivos’ en el que aparecen mencionadas 12 personas por hechos cometidos por integrantes del Batallón La Popa. A ellos se suman otras 11 personas relacionadas con ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo que también aceptaron su responsabilidad y están en espera de fallo.

Igualmente, hay expectativa por la condena que se tendría que dar contra los excomandantes de la guerrilla que aceptaron responsabilidad en el caso de secuestro.

(Puede leer: Las advertencias de Defensoría por rezagos en implementación del acuerdo de paz).

Tras conocerse la imputación de la JEP, en la que se anunció que los temas de violencia sexual y las afectaciones a la población LGTBI en este caso se abordarán más adelante en otro auto, la Procuraduría General remitió a la jurisdicción un oficio cuestionando la decisión.

“Se recibe con sorpresa la decisión tomada por el despacho relator del macrocaso porque el tratamiento de esta forma de victimización en todas las etapas del proceso agotadas hasta el momento no se había hecho ninguna distinción, por lo que preocupa que el análisis que se haga termine en abordajes tangenciales, secundarios o aislados que no reflejen la realidad de lo que ocurrió, en este caso”, indicó.

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