Misión de Verificación de la ONU se reunió con la JEP para mediar en la tensión con las exFarc: ¿de qué hablaron?

Un notable distanciamiento se generó entre el antiguo secretariado de las Farc y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que empezó a dar señales desde septiembre del año pasado con fuertes declaraciones públicas y solicitudes judiciales. Esta tensión alcanzó su punto máximo en diciembre, cuando se planteó la posibilidad de que los procesos de los excombatientes terminaran en la justicia ordinaria. Para limar estas asperezas, la Misión de Verificación de Naciones Unidas se ofreció como mediadora, y este lunes 13 de enero se llevó a cabo el primer encuentro con el alto tribunal.

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El viernes se citó una reunión con el partido Comunes y delegados del Gobierno, entre ellos el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el canciller Luis Gilberto Murillo. Allí se abordaron temas calientes como los rezagos en la implementación del Acuerdo de Paz, la baja adjudicación de predios en el marco de la reforma rural y la deuda en los pagos de la renta básica. Además, se trataron las discrepancias con la JEP y los reclamos que, desde 2024, se han hecho más fuertes debido a la lentitud de los procesos.

“Desde hace ocho meses, el Consejo de Seguridad tomó notas de las preocupaciones sobre la JEP y solicitó a la Jurisdicción encontrar soluciones. Como lo venimos alertando hace cerca de tres años, cada día se aleja más y más del espíritu y de la letra de lo pactado”, aseguró Rodrigo Londoño. 

EL TIEMPO conoció que, en la sesión de la JEP, este lunes, el principal objetivo fue abordar las preocupaciones de las exFarc respecto al trabajo del tribunal. Entre los presentes estuvieron el firmante Pastor Alape, el embajador de Noruega, Nils Gunneng, en su calidad de país garante, un delegado de Cuba y el representante especial adjunto de la Misión, Raúl Rosende.

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Sobre la mesa estuvo la celeridad en las investigaciones, la solicitud de una única Resolución de Conclusiones para todos los crímenes cometidos durante el conflicto armado y el ambiente para la imposición de las primeras sanciones propias, previstas para este año. Además, se discutió el cumplimiento de la estricta temporalidad de la JEP, que abarca 20 años desde su puesta en marcha en 2017.

Todos estos ejes, tratados desde el respeto por la autonomía de la JEP como una alta Corte.

Este año se prevé como un momento decisivo para la tarea de la Jurisdicción. La magistratura tendrá que dar respuesta a la solicitud judicial de las exFarc, en la que pidieron que se acumulen los procesos en su contra y se resuelva la situación jurídica de los excombatientes que no fueron determinantes, y algunos de los cuales siguen presos por haber sido insurgentes.

Asimismo, tienen encima los ojos del país en lo que será la primera sentencia, que se vaticina sea en contra del antiguo secretariado por el macrocaso 01, relacionado con secuestro.

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Esa decisión pondrá a prueba todo el andamiaje y el proceso dialógico construido hasta ahora entre víctimas y comparecientes, así como la oferta institucional para lograr la reinserción plena de los máximos responsables de graves crímenes durante el conflicto. En este contexto, es clave la articulación con los organismos internacionales, más aún a un día de que se conozca el informe de cumplimiento de los acuerdos de la Misión de Verificación de la ONU.

Redacción Justicia