Inventario de bienes de los 'paras' entregado por la Fiscalía a la Unidad de Víctimas: 105 predios de Mancuso no aparecen

Una de las razones en las que el presidente Gustavo Petro sustentó el polémico nombramiento de antiguos jefes paramilitares como gestores de paz fue la reparación de las víctimas. Sin embargo, la entrega de bienes, uno de los músculos financieros disponibles para resarcir el daño de los graves crímenes cometidos durante el conflicto, no ha tenido un balance alentador. Como cereza del pastel, en los últimos meses se conoció que 105 predios entregados por Salvatore Mancuso a la Fiscalía no aparecen.

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Con este precedente, la directora de la Unidad de Víctimas, Lilia Solano, se reunió con la fiscal Luz Adriana Camargo para unificar las cifras y hacer un corte de cuentas de las propiedades que han entrado al Fondo de Reparación de Víctimas.

Este balance da cuenta que, entre 2011 y noviembre de 2024, la Fiscalía entregó a la Unidad 3.398 bienes de antiguos paramilitares. Sin embargo, solo 580 tienen extinción de dominio, una figura necesaria para la comercialización o monetización de estos predios. 

La única opción de enajenación temprana es a través de la Agencia Nacional de Tierras, que se encarga de adjudicar hectáreas para la reforma rural integral, una tarea que genera un cuello de botella con los demás procesos y deja por fuera los predios urbanos que no forman parte de su competencia.

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Debido a este bache, desde la Unidad de Víctimas pidieron a los fiscales a cargo "que den celeridad al trámite de extinción de dominio de los bienes, y así poder monetizarlos con prontitud para los fines de reparación".

Otra de las flaquezas tiene que ver con las dificultades de istración. Un total de 2.242 bienes presentan esta problemática, lo que significa que, debido a las condiciones de violencia, ubicación o contextos sociales, la Unidad de Víctimas no ha podido ejercer un dominio pleno sobre los predios. Además, 1.383 están ocupados ilegalmente.

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Para superar esta barrera, la Unidad individualizará a los invasores y le pidió a la Fiscalía tener mayor rigor al seleccionar con anticipación los predios con vocación reparadora antes de entregarlos al Fondo.

Los bienes del exparamilitar Salvatore Mancuso merecen un capítulo aparte. Hasta el momento, la Fiscalía tiene en sus archivos un total de 638 predios, pero al hacer el empalme con el Fondo de Reparación de Víctimas, 105 de ellos no aparecen. Son más de 7.000 hectáreas en los municipios de Tibú y La Gabarra.

El mismo destino tuvieron 23 mulas de carga, cinco millones de pesos en efectivo y el producto de la venta de un predio.

De los 638 bienes, 138 están siendo istrados por la Unidad y 32 cuentan con información contrastada, es decir, sobre los cuales ya se ha hecho inventario y se ha determinado su valor comercial.

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En noviembre del año pasado, Mancuso se reunió con la directora de la Unidad para las Víctimas, ratificando su compromiso con la entrega de la información sobre el resto de sus bienes y diseñando un plan para dar con los que se han perdido del radar del Estado.

Por otra parte, de los demás gestores de paz —Carlos Mario Jiménez, Hebert Veloza, Rodrigo Pérez, Edwar Cobos, Ramón Isaza, Arnubio Triana, Ramiro Vanoy, Rodrigo Tovar Pupo y Martín Llanos— hay 306 bienes que no están en el archivo de inventario de la Fiscalía. Por esta razón, hicieron un llamado urgente para continuar escuchando a los excabecillas y rastrear estas propiedades.

La Unidad de Víctimas también dio a conocer una serie de denuncias que han puesto más trancas al proceso de reparación. Algunas están relacionadas con supuestos hechos de corrupción en la istración de los bienes del fondo en istraciones pasadas; otras, con irregularidades en la compraventa.

Por ejemplo, en noviembre de 2023 se presentó una denuncia por delitos de fraude, concierto para delinquir, desvío de recursos, entre otros, en la ejecución de la orden de compra No. 88306 con la empresa Supergiros. En diciembre de ese año, hubo otra por el presunto desvío de 147.666.500 millones de pesos, en una orden de compra a cargo de la Sociedad Matrix Giros y Servicios S.A.S.

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Y en febrero de 2024, llegó a la Unidad una denuncia por extorsión en contra de Jhon Balmer Rivas Marmolejo, líder de plantación en San Fernando del Trincho, en el Meta.

Ante este historial, la Unidad también pidió a la Fiscalía priorizar los casos y asignar un fiscal delegado para mayor celeridad.

Redacción Justicia