Por secuestros que dejaron más de 300 víctimas en Antioquia y otros 4 departamentos, la JEP imputó a 7 exjefes del bloque Noroccidental de las Farc

En una extensa decisión comunicada este 5 de septiembre en Medellín, Antioquia, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 7 exjefes del bloque Noroccidental (BNOCC) de las Farc por más de 160 hechos de secuestro que dejaron más de 300 víctimas -directas e indirectas- en Antioquia, sur de Córdoba, el occidente de Caldas, el suroccidente de Chocó y Risaralda.

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Los excombatientes imputados, entre quienes hay un representante a la Cámara por Antioquia, tendrán que responder por los crímenes de toma de rehenes, homicidio, otras privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violación sexual y desplazamiento forzado.

Esta es la tercera imputación regional por secuestros de las Farc dentro del macrocaso 01 de la jurisdicción, y en esta decisión el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre, relatora de esta macrocaso, señala que el antiguo BNOCC de la guerrilla, que llegó a tener 3.145 combatientes y 923 milicianos, fue la segunda estructura de las Farc que más secuestros cometió en todo el país (27 por ciento de todos los hechos).

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Para llegar a este auto de determinación de hechos y conductas -nombre oficial de la imputación- la JEP analizó cinco ‘guerras’ ocurridas en la zona de injerencia del BNOCC, que se extendía por cinco departamentos y que marcaron las dinámicas del conflicto y de los secuestros, cometidos con fines económicos, de canje y por control social y territorial.

Este bloque tuvo nueve frentes rurales (5º, 9º, 18, 34, 36, 47, 57, 58 y Aurelio Rodríguez), ubicados en todas las regiones de Antioquia, el norte de Chocó, el sur de Córdoba, Risaralda y Caldas. Además, hubo un frente urbano que operó en Medellín y el oriente antioqueño (FURJA), y una columna móvil, la Mario Vélez.

Por el momento, en la JEP se han acreditado 314 personas como víctimas -directas y sus familiares- que señalaban al BNOCC como responsable de sus hechos victimizantes, y en el ejercicio de investigación la magistratura documentó por lo menos 167 hechos de secuestro atribuibles a este bloque, algunos de estos fueron secuestros múltiples, y se tiene que la mayoría de hechos fueron por fines económicos (54) o por control territorial (94), con motivos de canje fueron 15 hechos y en cuatro casos no se pudo determinar la motivación.

La investigación de la Sala de Reconocimiento encontró tres patrones de victimización en los que incurrió el BNOCC, el primero fueron los secuestros de civiles y de la Fuerza Pública para forzar canjes por guerrilleros presos.

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Solo entre 1997 y 2002 este bloque alcanzó a tener cautivos a 55 de la Fuerza Pública, dice el auto, que añade que la mayoría fueron liberados en junio de 2001 pero las Farc mantuvieron secuestrados a 11 militares y dos policías que tenían algún nivel de mando. 

De los 11 militares, ocho fueron asesinados en mayo de 2003, en medio de un fallido operativo de rescate, el mismo en el cual también fueron asesinados el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa y su asesor de paz, Gilberto Echeverri, secuestrados en abril de 2002.

Dentro de este patrón se citan como algunos casos ilustrativos los hechos del gobernador de Antioquia, el secuestro que por 8 años padeció el representante a la Cámara por Caldas Óscar Tulio Lizcano, y el caso del agente de Policía José Norberto Pérez Ruiz, cuyo hijo menor de edad hizo varios llamados a las Farc para que lo liberaran porque él tenía cáncer y quería reencontrarse con su padre antes de morir, pero el niño murió en diciembre de 2001 sin poder volver a ver a su papá. Además, pese a que el cabo Pérez logró fugarse en abril de 2002, los guerrilleros lo encontraron a los pocos días y lo asesinaron.

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Un segundo patrón identificado son los secuestros económicos con los que el bloque financiaba sus actividades. En este patrón se identificaron prácticas como plagios para exigir a comerciantes el pago de un “impuesto”’, las ‘pescas milagrosas’ en carretera, secuestros de personas sin capacidad de pago, el intercambio de familiares como ‘garantía’ para efectuar pagos y el secuestro de niños y adultos mayores.

Algunos de los casos especialmente graves que se señalan son el de Luisa Fernanda Cano Madrid, una menor de 5 años secuestrada junto a su madre, aunque la mamá fue liberada un mes después, la guerrilla mantuvo en cautiverio a la niña argumentando que la suma pagada por la liberación de ambas era insuficiente. Así mismo, entre otros, la sala documentó la extorsión y posterior secuestro, al negarse a seguir pagando, del comerciante Jesús Antonio Higuita Fernández, de 71 años de edad, quien fue asesinado en cautiverio.

En tercer lugar, se documentaron secuestros por control social y territorial. Por ejemplo, fueron plagiados civiles a quienes señalaban como sospechosos de ser colaboradores de la Fuerza Pública o de los paramilitares. Dentro de este patrón también se habla del uso del secuestro como una forma de castigo a la población civil o como parte de una estrategia de “vacío de poder” consistente en expulsar a funcionarios públicos de las zonas de incidencia para que las Farc asumieran las funciones que esos funcionarios cumplían.

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Algunos hechos ilustrativos de este patrón son el de Antonio Flórez Loaiza, secuestrado en 1999 y a quien los guerrilleros retuvieron por varios días en medio de interrogatorios en los que simulaban dispararle para que confesara si era un informante. También está el secuestro del fiscal seccional Milton Javier Rodríguez Moreno, plagiado en 2000 y quien estuvo secuestrado un mes en el cual lo interrogaron y recriminaron por su pertenencia a la rama judicial. En este mismo patrón se documentaron secuestros en los que hubo violencia sexual, algo que han relatado 11 víctimas.

Según la JEP, en versiones individuales o colectivas los comparecientes imputados ya han reconocido 46 de los más de 160 hechos que describieron las víctimas.

El auto de la JEP profundiza en los daños del secuestro en las víctimas, partiendo de que este crimen es un trasgresión a la dignidad humana y de que en el marco del cautiverio las personas padecieron condiciones extremas e inhumanas, malos tratos y aislamiento que las llevaron a experimentar situaciones de angustia e impotencia ante la muerte.

“El verse insertas forzadamente en el escenario bélico fomentaba una sensación constante de indefensión para las víctimas”, dice el auto, que también habla de las secuelas que dejan estos crímenes en los sobrevivientes, sus familias y sus comunidades.

Además, se llamó la atención por daños especialmente graves cometidos en el marco del secuestro como la violencia sexual, los trabajos forzados, el secuestro de niños y adultos mayores, el intercambio de familiares, el homicidio en cautiverio y la desaparición forzada. Sobre esto último, la JEP indica que hay al menos 15 víctimas desaparecidas por el BNOCC.

Otros daños graves tuvieron que ver con la afectación a la vida en comunidad y al tejido social, así como a liderazgos regionales y a la democracia.

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De acuerdo con el auto, una parte de los comandantes que tuvo el antiguo BNOCC están muertos, otros que se desmovilizaron en Justicia y Paz, como es el caso de alias Karina. De otros exjefes del bloque se indica que no firmaron el acuerdo de paz de 2016 o sobre ellos no se tiene información a la fecha.

Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias Isaías Trujillo, comandante del BNOCC entre 2008 y 2017, miembro del estado mayor del bloque entre 1993 y 2017 y comandante del frente 34 entre 1987 y 2008.

Jesus Mario Arenas Rojas, alias Marcos Urbano, miembro del estado mayor del bloque entre 1993 y principios de 2006 y comandante del frente urbano ‘Jacobo Arenas’ entre 1985 y 2006.

Rodolfo Ruiz Restrepo, ‘Víctor Tirado’, miembro del estado mayor del bloque entre 1993 y 2000 y comandante del frente 57 entre 1993 y 1998.

Martín Cruz Vega, ‘Rubín Morro’, miembro del estado mayor del BNOCC entre 2003 y 2014 y comandante del frente ‘Aurelio Roodríguez’ entre 2000 y 2014.

Pedro Baracutao García Ospina, alias Pedro Baracutao, comandante del frente 34 entre 2008 y 2017 y miembro del estado mayor del bloque entre 2014 y 2017. En la actualidad, Baracutao es representante a la Cámara por Antioquia por el partido Comunes.

Ovidio Antonio Mesa Ospina, alias Anderson o Carranza, comandante del frente 36 entre 2003 y 2017 y miembro del estado mayor del frente ‘Aurelio Rodríguez’ entre 1997 y 2003.

Jhoverman Sánchez Arroyave, alias Rubén Cano o ‘Manteco’, quien fue comandante del frente 58 entre 1998 y 2016.

La JEP recordó que si bien no está imputado en este auto regional, en 2021 también fue imputado por secuestro, como parte del último Secretariado de las Farc, Pastor Lisandro Alape Lascarro, conocido como Pastor Alape.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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