La ola de violencia con la que arrancó el 2022 en Arauca, que ha dejado al menos 27 homicidios y
más de 105 familias desplazadas, también tiene en un grave riesgo de victimización a los excombatientes de las Farc que adelantan su proceso de reincorporación en ese departamento.
Según denuncias de los firmantes de paz, el 1.° de enero de este año dos hombres a bordo de una motocicleta se llevaron a su compañero Jhon Jairo Rico Pinzón, quien estaba en zona urbana de Caño Seco, en el municipio de Fortul, y desde entonces se desconoce su paradero.
"Hemos tratado de mantener enlace permanente con los lideres de las asociaciones, pero muchos no responden, no reportan. Al parecer varios han tenido que desplazarse", le dijo a EL TIEMPO uno de los reincorporados, que pidió mantener su nombre en reserva por los riesgos que hay en la zona a causa de las disputas entre el Eln y las disidencias de las Farc.
"A los excombatientes de las Farc nos asocian con los entes gubernamentales, dicen que estamos del lado de la Fuerza Pública, de las instituciones, nos señalan de ayudar en las operaciones de Venezuela y ayudar en la captura de personas, pero nosotros eso lo hemos desmentido por todos los medios. No tenemos nada que ver. Aquí estamos cumpliendo con lo firmado en el acuerdo, estudiando, trabajando, dando ideas de desarrollo y de bienestar", aseguró la fuente.
De acuerdo con la denuncia de los ex-Farc, varias de sus familias que ya tenían microempresas y proyectos agropecuarios en marcha están confinadas o se han tenido que desplazar. Algunos de ellos estaban ubicados en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Filipinas, ubicado en Arauquita.
A eso le sumaron, en un comunicado conocido este lunes, la alerta por "la falta de abastecimiento integral de alimentos en el Centro Poblado Villa Paz en Filipinas por parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación".
Desde 2016 se han presentado 5 desplazamientos de excombatientes, en los que ellos han tenido que abandonar los lugares donde hacen su reincorporación, poniendo en riesgo su vida y su integridad
La situación de riesgo para los ex-Farc no es nueva. Desde la firma del acuerdo de paz, más de 300 de ellos han sido asesinados, y algunos de los ETCR han tenido que ser trasladados por los hostigamientos y amenazas de grupos ilegales que delinquen en donde están ubicados.
"Desde 2016 se han presentado cinco desplazamientos forzados de excombatientes, en los que ellos han tenido que abandonar los lugares donde hacen su reincorporación, poniendo en riesgo su vida y su integridad ante la no satisfacción de su derecho a la seguridad y protección por parte del Estado. Esto ha traído, adicionalmente, afectaciones de tipo social y económico, como dejar sus proyectos productivos y el rompimiento de lazos familiares", dice el abogado Camilo Fagua, coordinador del equipo de defensa jurídica de los exguerrilleros de las Farc.
En Arauca, según cifras de la ARN, están acreditados 465 de los casi 13.000 exguerrilleros que dejaron las armas. De ellos, 353 son hombres y 112, mujeres.
"Nosotros sabíamos que este proceso era muy complejo y lo hemos comprobado. Acá la paz no llegó. Ha habido lentitud del gobierno en la implementación, además hubo fragmentación en las Farc con dos disidencias, y aparte acá en Arauca hay otros grupos armados. La situación es muy compleja", dijo el reincorporado que pidió no mencionar su nombre.
Según conoció este diario, en el antiguo ETCR de Filipinas los ex-Farc construyeron un albergue humanitario para recibir a los compañeros que están en situación de riesgo y han sido desplazados.
"Pedimos que la institucionalidad nos acompañe y ofrezca la logística para que podamos continuar en el ETCR. No hemos podido salir a cumplir nuestras labores, los proyectos productivos quedaron abandonados porque son retirados de los cascos urbanos y el ETCR y por seguridad los firmantes y sus familias hemos decidido no salir, por autoprotección estamos confinados", agregó el ex-Farc.
De acuerdo con el abogado Fagua, ya se están tomando acciones legales que buscan garantizar, de manera urgente, la vida y seguridad de los excombatientes.
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