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Defensor Carlos Camargo: 'No podemos minimizar el riesgo de violencia en elecciones'
El funcionario le dice al Gobierno Nacional que los riesgos son reales y pide tomar medidas.
Carlos Camargo, defensor del Pueblo, en Guachené, Cauca. Foto: Defensoría del Pueblo
PERIODISTAActualizado:
Luego de más de tres meses de recolección de información en los territorios, a través de sus 42 regionales, la Defensoría del Pueblo presentó una alerta temprana electoral que advierte que en 676 municipios de Colombia hay algún tipo de riesgo de acciones violentas para las elecciones regionales que se realizarán en octubre, y en 113 de estos el riesgo es extremo.
En entrevista con EL TIEMPO, Carlos Camargo Assis, defensor del pueblo, explicó que con la advertencia buscan que se tomen acciones para evitar que los riesgos se materialicen, pero para eso, dijo, se necesita más y mejor articulación institucional.
La Defensoría habla de riesgo electoral máximo en 113 municipios. ¿Esto qué significa?
Este no es un proceso de la nada, goza de rigurosidad y carácter técnico, fueron más de tres meses de recolectar información para advertir, antes de las elecciones, que hay riesgo de eventos que podrían empañar el proceso electoral. Hemos determinado cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y extremo.
(Le dejamos: Estas son las temidas redes criminales que tienen a Tuluá en alerta de riesgo electoral)
Hay 113 municipios en los que existe una muy alta probabilidad, es casi inminente, la ocurrencia de hechos de violencia.
En este último hay 113 municipios en los que existe una muy alta probabilidad, es casi inminente, la ocurrencia de hechos de violencia, pues allí ya se han registrado este tipo de acciones con afectaciones graves para aspirantes y candidatos. En comparación con las elecciones regionales de 2019, en este nivel de riesgo había 78 municipios y muchos coinciden con los 113 que están advertidos ahora.
¿Qué acciones pueden tomarse para prevenir la ocurrencia de los riesgos que hoy alertan?
Emitimos más de 48 recomendaciones pero quiero destacar tres: primero, que haya más coordinación para cada una de las peticiones; segundo, le he solicitado al señor presidente que, como jefe del Estado, él mismo lidere la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), y tercero, que haya copamiento territorial de la institucionalidad del Estado. No es solo presencia o aumento del pie de fuerza, es que haya presencia integral para recuperar el control territorial, pues ha habido una expansión y fortalecimiento de los grupos armados ilegales en los territorios.
Carlos Camargo, defensor del Pueblo, con migrantes que van rumbo a Panamá. Foto:Defensoría del Pueblo
La alerta temprana señala que el trabajo del Ministerio del Interior, el de Defensa y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no ha sido coordinado, y esto genera vulnerabilidad para el escenario electoral, ¿por qué?
Existiendo buena articulación y coordinación hay una buena respuesta por parte de las distintas instituciones ante los riesgos. El mensaje para todas las instituciones del Estado es que tenemos que trabajar armónicamente entre municipios, departamentos y el orden nacional. Si no hay articulación, vamos a fracasar en la mitigación y en contener estos riesgos que hemos advertido, por eso lo hemos hecho de manera anticipada.
Estamos ya en un escenario de respuesta, no podemos caer en el juego de las polémicas que no nos conducen a solucionar el problema, debe haber articulación entre la política pública de ‘paz total’ y claridad sobre la política pública de seguridad del gobierno nacional.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto:Presidencia
El mismo día en el que la Defensoría alerta del riesgo para 676 municipios, el Presidente dice que solo son 17, ¿esto le resta al tema la seriedad que amerita?
No voy a caer en polémicas que no nos van a conducir a nada. Solo puedo decir que no se deben subestimar ni minimizar las circunstancias que se han puesto de presente, son escenarios de riesgos en materia de derechos humanos, están en juego una serie de derechos que además sostienen nuestro sistema democrático. Desde la Defensoría hemos hecho un ejercicio serio y riguroso, damos elementos objetivos, no son elementos que caprichosamente al Defensor le dio por plantearle a la opinión, no son inventados ni sacados de debajo de la manga. Yo quisiera que algún ciudadano me llamara a decirme que no es cierto, pero es que una cosa es decirlo desde Bogotá y otra la cruda realidad de las comunidades en el territorio.
¿Entonces se mantiene la Defensoría en los datos de esta alerta que tiene 214 páginas en total?
No se trata de quedarnos en la polémica por las cifras, lo que hay que hacer es ver las nueve zonas en donde están disparadas todas las situaciones de violencia y para nadie es un secreto esto. No podemos minimizar ni decir que no está pasando nada, no podemos maquillarlo, tenemos que ponernos en la tarea de que haya un plan de acción entidad por entidad.
No podemos minimizar ni decir que no está pasando nada, no podemos maquillarlo, tenemos que ponernos en la tarea de que haya un plan de acción entidad por entidad.
Y conviene recordarle al país cuál es la naturaleza de las alertas tempranas: no son indicadores de inteligencia, son documentos preventivos. Lo que queremos es prevenir todos estos riesgos para que no se consuman los hechos, porque si se consumen, ya es llorar sobre la leche derramada.
¿Las nueve zonas de alto riesgo coinciden con aquellas sobre las cuales la Defensoría ha alertado antes?
Los municipios advertidos en riesgo alto y extremo, por ejemplo, es porque hubo la ocurrencia anterior de algún hecho. Nuestros 124 analistas de riesgo en todo el país nos presentan unas advertencias sobre distintas territorios, y lo que hicimos fue subdividirlas en las nueve zonas donde hay síntomas diferenciales frente a otras.
Por ejemplo, ¿cuáles son esos síntomas en estas zonas?
Están disparados los homicidios, las amenazas, las extorsiones, los desplazamientos y confinamientos, la instalación de minas antipersonal... Hemos dividido todo en nueve zonas, quiero destacar los altos niveles de violencia en el suroccidente, en Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó. Por ejemplo, en Valle del Cauca hay este año 800 homicidios, de los cuales 576 son en Cali; además, en algunos municipios del norte del departamento operan centros de entrenamiento de jóvenes que luego van a integrar las bandas de crimen organizado que se disputan el territorio; si nos vamos para el sur, están todas las facciones de las disidencias.
Ustedes vienen alertando de esto hace rato, pero el riesgo sigue, ¿qué está fallando?
El problema es la respuesta por parte de la institucionalidad, hay que mejorar la articulación por parte de las instituciones para contener los riesgos. Nosotros hemos advertido ya que hay alcaldes que hoy están despachando desde fuera de sus municipios, desde Bogotá, por las amenazas de violencia, o incluso está el caso del alcalde de La Playa de Belén, en Norte de Santander, que renunció y está exiliado en otro país. También en Río Iró, en Chocó, un jueves emitimos una alerta temprana y ese mismo domingo hubo un atentado contra el alcalde. Hay que insistir en la importancia de atender las alertas tempranas, no se pueden hacer los de oídos sordos.
¿Qué han identificado sobre la expansión de los grupos armados desde 2016?
Hacemos una revisión de campo y vemos que tienen presencia en nuevos municipios y departamentos. Por ejemplo, en 2019, las Agc (‘clan del Golfo’) estaban en 213 municipios, este año los identificamos en 392 municipios. Estos grupos se han expandido además porque existe diversificación en las fuentes de financiación de las dinámicas del conflicto, ya no es solo narcotráfico, minería ilegal o extorsiones, también están incurriendo en temas como trata de personas.
¿Cuáles son las principales consecuencias en derechos humanos de esta expansión de los grupos armados?
Hemos registrado 52 masacres u homicidios colectivos en los primeros seis meses, en comparación con 48 del año 2022; tenemos 147 casos de reclutamiento este primer semestre y Cauca tiene 70,7 por ciento de los casos de reclutamiento; así mismo, estos seis meses registramos 68 eventos de desplazamiento masivo y 92 de confinamiento de comunidades.
(Le recomendamos: Defensoría pide mayores medidas para garantizar participación democrática de jóvenes)
En el primer semestre hubo unos ceses parciales del fuego con los grupos que son responsables de estas afectaciones. ¿Ni con esos ceses de fuego las comunidades pudieron estar tranquilas?
Desde el 31 de diciembre, aún sin ser emitidos los decretos, ya estábamos monitoreando el cese, porque con o sin invitación, es nuestra función monitorear las circunstancias. Hemos emitido seis boletines de monitoreo registrando casi 190 acciones bélicas de los distintos grupos, 117 eran acciones contra la población civil y otro importante número contra la Fuerza Pública, que claramente ha sido la única que ha honrado el cese del fuego.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, presentó el boletín semestral de derechos humanos. Foto:Defensoría
¿Tienen una petición para el Gobierno frente a esas vulneraciones de DD. HH. incluso dentro de esos ceses?
Pedimos que haya un copamiento de la institucionalidad del Estado, las comunidades reclaman la presencia del Estado. El único cese hoy es con el Eln y, en solo 14 días del mismo, para el 17 de agosto ya se había registrado una situación de confinamiento en Chocó, generada por la disputa de los grupos armados que se pelean el control territorial.
¿Tienen algún mensaje para esos grupos armados que generan estas afectaciones?
Es histórica la oportunidad que el Gobierno les ha dado de acogerse a la ‘paz total’, también tienen que entender que la sociedad, el pueblo colombiano, tiene límites. No vamos a aceptar que se sigan burlando del anhelo de paz de los colombianos, díganle de una vez al pueblo colombiano, con gestos concretos, si verdaderamente tienen la intención que dicen tener de una negociación que conduzca a una verdadera consolidación de la paz.
Hemos pedido reiteradamente que cese cualquier situación de afectación de derechos humanos de las comunidades, que cesen los secuestros, extorsiones, amenazas, los homicidios, el reclutamiento forzado, y que procedan a la descontaminación de minas en el territorio.
María Isabel Ortiz Fonnegra
Redacción Justicia
En Twitter: @MIOF_
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