Treinta y cuatro años después, el Estado colombiano y familias de periodistas asesinados acuerdan reparación

Treinta y cuatro años después del asesinato del periodista Julio Daniel Chaparro y el fotógrafo Jorge Torres, reporteros de El Espectador acribillados mientras cubrían una masacre paramilitar en Segovia, Antioquia, el crimen sigue impune. Tras escalar hasta el Sistema Interamericano, hoy el Estado colombiano se compromete a reparar a las víctimas y a garantizar una investigación judicial que ayude a esclarecer los hechos.

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En 1994, la Fiscalía había señalado como responsables a los hermanos Joaquín Julio Lezcano y Ramiro Alonso Madrid Lezcano, del Eln. Dos décadas después, el proceso prescribió sin ningún judicializado, ya que los presuntos autores habían muerto. Solo hasta 2020, la Fiscalía decidió acusar por homicidio agravado a alias Gabino, ‘Pablo Beltrán’ y ‘Antonio García’, tres del Comando Central del Eln, por línea de mando.

Hasta antes de la acusación, por la orfandad de responsabilidad, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), impulsado por el clamor de justicia de los familiares de los periodistas y de organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Ante la presión de estas instancias, el Estado colombiano firmó un acuerdo de solución amistosa en el que se compromete a reparar material y moralmente a las víctimas, garantizar la no repetición y ofrecer una respuesta a nivel judicial. 

En las mismas calles de Segovia donde, el 11 de noviembre de 1988, fueron asesinadas cuarenta personas por los paramilitares, aparecieron, el 24 de abril de 1991, los cuerpos de Julio Chaparro y Jorge Torres, dos periodistas que documentaban las resistencias de los municipios frente a la violencia, en una época en la que la región era epicentro de la disputa entre guerrilla y autodefensas.

El 2 de diciembre de 2011, la Sociedad Interamericana de Prensa se negó a aceptar la carta de impunidad y presentó el caso Chaparro Hurtado y Torres Navas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2020, la FLIP se unió en representación de las familias, y al año siguiente el caso fue itido por el sistema interamericano para su estudio, reconociendo que la investigación penal se ha prolongado sin conclusión.

Cinco años después, el Estado colombiano decide no llevar el caso a juicio y firma un acuerdo de solución amistosa que busca remendar la impunidad en la que ha permanecido el crimen.

"Sus muertes no solo truncaron dos vidas llenas de promesas, sino que también dejaron una herida abierta en la libertad de prensa y en el derecho de la sociedad a estar informada. Durante más de treinta años, sus familias han buscado justicia en medio de investigaciones que se prolongaron sin llegar a un término (...) La falta de justicia no solo perpetúa el dolor de las víctimas, sino que incentiva nuevos ataques y fortalece a los enemigos de la verdad", dijo el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, durante la firma del acuerdo amistoso.

En el acto estuvieron presentes Piedad del Carmen Díaz Vargas, esposa del periodista Chaparro; Daniel e Iván Chaparro, sus hijos; Ruby Mora Muete, esposa del fotógrafo Torres, y Janet Alexandra, Diana y Jorge Rafael Torres Mora, sus hijos.

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El Estado colombiano estuvo representado por Yebrail Haddad, director de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y por Carolina Gómez López, coordinadora de Soluciones Amistosas de esta entidad. También asistieron Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH, y Dayana Alvira, asesora de la Sección de Soluciones Amistosas.

Por el lado de los representantes de las víctimas estuvieron Jonathan Bock, director de la FLIP; Natalia López, subdirectora legal y de protección; y Camilo Vallejo, presidente del Consejo Directivo. El director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, asistió en representación de la SIP, en su calidad de vicepresidente regional para Colombia.

Redacción Justicia