Este fue el acuerdo al que llegó el Estado colombiano con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Desde hace dos décadas, la Comunidad de Paz de Apartadó ha sido víctima de un exterminio sistemático. Así lo documentó la Comisión de la Verdad, que recopiló una serie de testimonios de sus habitantes sobre la represión que han sufrido como consecuencia de su decisión de expulsar de su territorio y negar la entrada a todos los grupos armados que, en 1997, se disputaban el control del país.

(También le puede interesar: Misión de Verificación de la ONU se reunió con la JEP para mediar en la tensión con las exFarc: ¿de qué hablaron?)

“En medio del paramilitarismo, con la complicidad del Estado y sectores empresariales, nos preparábamos para vivir en medio de la guerra sin hacer parte de ella. En medio de las masacres, el 23 de marzo del 97 tomamos la decisión de firmar la declaración pública de la Comunidad de Paz”, le dijo la lideresa María Brígida González a la Comisión.

Por esta serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que incluyen persecuciones, masacres y asesinatos selectivos, Colombia enfrentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras más de diez años, el proceso se resolvió gracias a un acuerdo histórico entre la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y los representantes de la comunidad, que marca un cambio en la estrategia de defensa de la Nación en el Sistema Internacional frente a vulneraciones de los principios fundamentales de los pueblos.

(Lea además: Inventario de bienes de los 'paras' entregado por la Fiscalía a la Unidad de Víctimas: 105 predios de Mancuso no aparecen)

"El acuerdo, que parte por el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado colombiano, incluye importantes medidas para garantizar la reparación de las víctimas, la preservación de la memoria y el impulso al avance de las investigaciones judiciales sobre los hechos. Entre los puntos más destacados del acuerdo se encuentran", subrayó la Agencia.

Los seis puntos incluyen un acto público de reconocimiento de responsabilidad en el que el Estado destacará la labor de la Comunidad de Paz como un ejemplo, a nivel mundial, por proclamar el desarme como política de la sociedad civil.

También se comprometió a construir un monumento en honor a las víctimas de la violencia en la región y a establecer más espacios de memoria en la comunidad, donde se instalarán placas, murales y símbolos.

Otros puntos acordados incluyen la publicación de un libro sobre la historia de la Comunidad de Paz para garantizar la preservación de su esencia cultural, así como la creación de un grupo especial de fiscales y del CTI para esclarecer los hechos que afectaron a esta comunidad.

(Notas relacionadas: El capítulo desconocido de Venezuela en la Comisión de la Verdad: la relación Farc-Chávez y otros datos claves)

En esta misma línea de justicia, se creará una comisión independiente, presidida por la Defensoría del Pueblo, que "evaluará el desarrollo de las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos contra de la Comunidad de Paz. Esta comisión elaborará un informe con recomendaciones sobre las acciones que considera el Estado debe adelantar en relación con esas investigaciones", detallaron.

Para el director general de la Agencia, César Palomino, “este acuerdo constituye un ejemplo claro del cambio de postura de la Agencia frente a las víctimas. Ahora el Estado no litiga en contra de ellas, por el contrario, está comprometido con reparar los daños causados por graves hechos de violencia, cuando haya lugar y evitar al máximo la revictimización”.

(Otros temas: JEP anuncia los primeros proyectos restaurativos para de la fuerza pública vinculados a 'falsos positivos' en Casanare)

Redacción Justicia