Un millón de personas se exiliaron por el conflicto: Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad publicó este jueves el capítulo del informe final sobre el exilio como consecuencia del conflicto armado en el país, que señala que se trata de la segunda victimización, luego del desplazamiento forzado.

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El documento llamado ‘La Colombia fuera de Colombia en el Informe Final’ , de 428 páginas, se realizó tras recoger 2.080 testimonios, de ellos alrededor de 200 testigos y el resto víctimas del fenómeno del exilio.

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“El exilio fue casi siempre el último recurso después de otros hechos sucesivos de violencia sufridos, como desplazamientos forzados internos, amenazas, pérdida de seres queridos o atentados contra la vida”, dice el documento.

“El exilio es una violación en sí misma que muestra el fracaso de las instituciones del Estado en su deber de dar protección a las víctimas, así como la responsabilidad de todos los actores armados en estas violaciones, que separan las vidas de las personas exiliadas en un antes y un después”, agrega.

La Comisión de la Verdad indicó que, de acuerdo con los registros oficiales de Acnur, para el período entre 1982 a 2020, más de un millón de personas colombianas habrían abandonado el país en búsqueda de protección internacional, es decir, dos veces la cifra máxima considerada hasta ahora.

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“Eso supone el subregistro de una realidad aún mayor. Hay que aclarar que las estadísticas públicas de Acnur contienen datos globales; por tanto, no hay forma de conocer los datos específicos e individualizados de cada persona que ha ingresado o salido de los registros año a año”, dijo la entidad.

“La cifra de más de un millón de personas colombianas que tuvieron que huir del país en búsqueda de protección ‘son la punta visible de un iceberg, porque las crisis han sobrevivido al paso del tiempo, han mutado, han decaído y otras han reaparecido’. También hay que tener en cuenta que los datos de Acnur dependen de las políticas de registro de los diferentes países, y que estas siguen distintos criterios”, indicó.

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En ese sentido, el capítulo señala que el exilio colombiano es uno de los más largos del mundo, tiene la misma duración del conflicto armado.

Los primeros casos de exilio que escuchó la Comisión fueron de los años 50 y 60, en época de la violencia bipartidista y el Frente Nacional. “El 37,4 por ciento de los casos de exilio se concentran en el periodo entre 1992 y 2005”, indicó la entidad.

Y más del 30,6 por ciento de los testimonios evidencian persecución y violencia ejercida en razón a los liderazgos políticos y sociales.

Según la Comisión de la Verdad, la “negación del conflicto armado en los gobiernos entre 2002 y 2010 fue un obstáculo para la protección internacional de las víctimas”.

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El documento además abordó casos representativos como la victimización judicial por el secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverri en 1982; la persecución del DAS a víctimas exiliadas en 10 países europeos entre 2003 y 2006; los campesinos y campesinas desplazadas y exiliadas de la Hacienda Bellacruz en el Cesar a finales de los años 90; y la población exiliada en Antofagasta entre 2000 y 2010, y el exilio de campesinos en el norte de Urabá en la década de los 90.

El informe hace una caracterización de este fenómeno por varios periodos. El primero está comprendido entre los años 1978 y 1991, en los cuales se menciona el 10,5 % de hechos de exilio en las entrevistas tomadas por la Comisión.

"Los exilios, refugios y las migraciones forzadas de este periodo se enmarcan en la persecución no solo a y líderes de movimientos sociales –como el sindical, el estudiantil o el campesino, entre otros – sino también a partidos políticos de oposición nacidos de los acuerdos de paz entre algunas guerrillas y los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986) y Virgilio Barco Vargas (1986-1990)", dice el documento.

Según la Comisión de la Verdad, "en el marco del Estatuto de Seguridad (1978- 982), la sociedad civil se vio sometida a la política de seguridad nacional y a la restricción de la democracia conmedidas restrictivas a la libertad de reunión, de circulación y de expresión".

Y señala que luego del robo de armas de Cantón Norte por parte de la guerrilla del M-19 el 31 de diciembre de 1978, "muchos sindicalistas, líderes sociales y políticos fueron

detenidos bajo la sospecha de ser de los grupos armados". Así lo relata Hernando, sindicalista ahora exiliado en Suecia, quien fue detenido y torturado durante dieciocho días en enero de 1979 en la Brigada de Institutos Militares de Usaquén, Bogotá.

"Me llevaron y me hicieron primero una sesión de golpes, me volvieron otra vez a colgar, me dieron bastantes golpes en el estómago y en todo el cuerpo, luego me llevaron y me hicieron el submarino, que eso duró como quince minutos, y después de ese submarino y esa golpiza yo quedé bastante mal", dijo.

"Me acuerdo de que con el torturador, ya después de todas esas torturas, yo escribí unos papeles, dije: 'Sí, yo me reunía”' Creo inclusive que tengo copia de esos escritos, porque después miré el expediente; acepté que sí, nos reuníamos a estudiar documentos del M-19, pero ahí dije claramente: 'Yo no sé ni de armas, ni sé tampoco de más personas”'.. Ellos antes de salir me hicieron una sesión de tortura el día anterior –antes de ir ante el juez– y me dijeron que cuidadito con irle a decir al juez que me habían golpeado, que me habían torturado".

En este época también se dio exilio de los integrantes de la Unión Patriótica, como consecuencia de un genocidio que, dijo la entidad, produjo 8300 víctimas de todas las violaciones de derechos humanos, siendo 5733 casos de homicidios y desapariciones forzadas en ataques dirigidos contra la UP.

"El exilio organizado que llegó a España se vio con el genocidio de la UP, a principios de los años noventa. Ese exilio llegaba muy desorientado porque España no había sido tierra de acogida de colombianos refugiados, de migrantes sí. Desde Izquierda Unida se les facilitó reconocimiento, especialmente a los dirigentes y militantes de la UP; hubo un momento en que a ellos se les garantizaba el Estatuto", dice el informe.

El segundo periodo, entre 1992 y 2005, dijo la Comisión, corresponde a la agudización del conflicto armado, la extensión del secuestro, las masacres, el asesinato selectivo, la persecución sistemática y el aumento de la impunidad.

"El 37,4 por ciento de los hechos de exilio en los testimonios tomados por la Comisión ocurrieron en estos años. La mayoría de quienes abandonaron el país de manera forzada fueron líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, así como familiares de víctimas, comerciantes, campesinos, comunidades étnicas y movimientos sociales", dice el documento.

Ese periodo estuvo marcado inicialmente por la violencia contra el sindicalismo, la continuidad del exterminio contra los militantes de la Unión Patriótica y la persecución y muerte de excombatientes de varios grupos guerrilleros que habían llevado a cabo acuerdos de paz entre los gobiernos de Virgilio Barco Vargas (1986-1990), ya saliente, y el entrante de César Gaviria Trujillo (1990-1994).

"Aunque la nueva Constitución de 1991 fue una apuesta amplia por consolidar la paz y el Estado de derecho, la violencia se exacerbó posteriormente contra los actores sociopolíticos, quienes eran leídos de una bando u otro. A esto se sumó una escalada militar y el aumento de la violación de derechos humanos a firmantes de paz, organizaciones y partidos políticos tanto por parte de grupos paramilitares, agentes del Estado, las Farc y el Eln, las dos guerrillas que no negociaron la paz", agrega el documento.

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Luego, se hizo efectivo el Decreto 354 de 1994 que permitió la creación de grupos de civiles armados y la provisión privada de seguridad mediante la figura de las denominadas 'Convivir'.

Carmen, comerciante exiliada en Panamá, fue testigo de la forma en que operaban las Convivir (Asovicol) durante esos años. Su familia, aunque fue acogida un tiempo por el

Programa de Protección a Testigos de la Fiscalía, tuvo que salir del país debido a las recurrentes amenazas y allanamientos y a la imposibilidad de seguir teniendo protección.

"Ellos pasaban armados, siempre los estábamos viendo, siempre mis hijos los estaban viendo subir y bajar (desde la casa), armados todo el tiempo. Un lugar muy estratégico para ellos – como le digo, todo lo vivíamos y todo lo vimos–: si secuestraban a alguien, si iban con alguien… eso era muy doloroso de escuchar, muchas veces uno [estaba] en la cama acostado, cuando pasaban… “¡Ay, no, déjenme, suéltenme!”. Era algo impresionante, ya uno sabía que iban con unas personas a desaparecerlas".

Una lideresa campesina exiliada en Bélgica, que a pesar de recibir múltiples amenazas, hostigamientos y ser víctima de persecución resistió su salida al exilio por cerca de diez años, expuso a la Comisión el proceso de despojo de la Hacienda Bellacruz.

"Creo que eran finales de los ochenta, el año 88 o 90. Empezó el surgimiento de bandas de paramilitares alrededor nuestro… En el 87 contabilizamos 102 despojos de tierras… En 1990 intentaron asesinar al compañero Ignacio Rangel. Él cuenta que le decían mientras lo torturaban: 'Ya te cogimos, y ahora tienes que decirnos dónde está esa guerrillera'... que era yo. Cuando vio a la gente, se salvó: lo sacaron y en seguida les dijo a los curas: 'Por favor, búsquenla que la van a matar…'. Hasta que en el 96 vino el gran desalojo", narró.

El informe dice además que a finales de la década del noventa, ante el fracaso de las negociaciones de paz en el Caguán y la crisis institucional y económica que vivía el país, el éxodo interno y externo se incrementó de manera exponencial.  Y también indica que en el contexto del Plan Colombia se dio un desplazamiento forzado y un éxodo masivo de cientos de miles colombianos, especialmente hacia los países de frontera.

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"En departamentos como Putumayo y Nariño, el apoyo tanto de organizaciones internacionales como de sectores de la Iglesia católica y ONG de los países fronterizos fue fundamental para atender a comunidades enteras, principalmente población campesina, indígenas y afrodescendientes, que salieron huyendo del país en medio de una grave crisis humanitaria", agrega.

El 27,9 por ciento de las entrevistas tomadas por la Comisión reportan la ocurrencia de hechos de violencia entre los años 2006 y 2016, en un periodo en el que se realizó la desmovilización de las AUC en el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en el que hubo una continuidad de estructuras paramilitares y acciones criminales de las Farc hasta la negociación, firma e inicio de la implementación del Acuerdo de Paz entre esta guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014, 2014-2018).

De acuerdo con la información suministrada por el Dane a la Comisión, entre 2006 y 2016, salieron del país alrededor de 140.466 personas registradas en el Registro Único de Víctimas.

"Muchos colombianos abandonaron el país en estos años, principalmente campesinos, comunidades étnicas, líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos, pequeños comerciantes y personas LGBTIQ+, aunque esa situación fue aún menos visible. También salieron servidores públicos, algunos de los cuales estaban relacionados en los procesos de restitución de tierras, e incluso algunos operadores de justicia que llevaban procesos en el marco de la ley de justicia y paz y otros procesos judiciales a de los grupos armados posdesmovilización de las AUC", dice el documento.

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El documento destaca los seguimientos ilegales realizados por el DAS en el gobierno de Álvaro Uribe, las negociaciones de paz, la promulgación de la ley de víctimas y de diferentes iniciativas de construcción de paz en el mandato de Juan Manuel Santos que, paradójicamente, significaron un riesgo para quienes las lideraban, "por cuenta de amenazas de sectores opuestos al proceso de La Habana".

Un testimonio dice: "Se vive el 2015-2016 como con una tensa calma, los diálogos de paz hacen que la gente tenga esperanza, pero al mismo tiempo empieza a sentirse el rigor de la violencia otra vez, y el rigor de la persecución. Y se da una persecución muy fuerte contra la Unión Sindical Obrera. Empiezan a acosar muy fuerte a dirigentes de la USO [...]. Lo que estaba pasando era que la gente estaba regresando del exilio producto del Acuerdo de Paz. Pero empezamos a ver que la cosa empezó a apretarse otra vez y empezó a haber seguimientos, veía uno los carros estacionados".

Y aunque el Acuerdo de Paz trajo un momento de esperanza y una mejora en el clima social, dice la Comisión, desde  2017 comenzó un incremento de la violencia, no solo por la dificultad del Estado para integrar los territorios dejados por las Farc y por el reacomodo y las disputas territoriales de un variado conjunto de grupos armados al margen de la ley, sino también por la reedición de alianzas estratégicas entre narcotraficantes, grupos armados posdesmovilización y algunos de la fuerza pública.

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De los testimonios tomados por la Comisión, un 21,9  por ciento corresponde a este último periodo, entre 2017 y 2022. Según la información suministrada por el DANE,  entre 2017 y 2022, también salieron del país 77.771 personas ya registradas como víctimas en el Registro Único de Víctimas. 

En este periodo, destaca el informe, si bien la firma del Acuerdo de paz tuvo un impacto positivo en las condiciones del país y un apaciguamiento parcial de los fusiles, las masacres, los asesinatos de líderes, las desapariciones y las amenazas que se viven actualmente, "hacen que el exilio sea en el presente un indicador de la persistencia del conflicto armado".

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"En los casos analizados por la Comisión para este último periodo se recogen historias de sindicalistas, líderes y lideresas comunitarios y ambientales, autoridades étnicas, ex de las FARC-EP o incluso del Ejército que han colaborado en investigaciones con la JEP, además de algunos jóvenes que participaron en movilizaciones sociales en mayo de 2021", dice el informe.

Además, la participación en la JEP de algunos militares y ex del ejército que han colaborado en las investigaciones de 'falsos positivos', también han salido al exilio. Incluso en uno de los casos.

De los periodos analizados, la Comisión de la Verdad expuso tres tendencias para entender el exilio.

La primera es el aumento del fenómeno del exilio desde los años ochenta, y durante varias décadas, como consecuencia de la extensión de la persecución, las amenazas y la agudización de la guerra y la violencia contra movimientos sociales y políticos.

La segunda, que hubo un aumento de casos a partir de mediados de los años noventa, debido a las disputas entre actores armados, la extensión de la guerra, el crecimiento del paramilitarismo, el secuestro, el reclutamiento, la puesta en marcha del Plan Colombia y el despojo masivo de territorios campesinos y étnicos, todo lo cual llevó a una gran crisis humanitaria.

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La última tendencia es que los casos de exilio y refugio se siguieron produciendo –después de la desmovilización de las AUC– como consecuencia de las situaciones de violencia, las acciones del ejército, las guerrillas y los grupos armados posdesmovilización de las AUC que afectaron a la población civil. 

"Tras un año de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos

y la guerrilla de las Farc, se registraron nuevos hechos de violencia en algunos territorios del país, en el contexto de la persistencia del conflicto armado por acciones del Eln, las disidencias de las Farc y de varios grupos posdesmovilización, así como por otros conflictos asociados a las economías ilegales del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, presentes en diversas regiones", dijo la entidad.

El comisionado Carlos Martín Beristain señaló que entre las recomendaciones de la Comisión está que el Estado colombiano reconozca que el exilio es una violación de los derechos humanos y que proporcione los mecanismos jurídicos para el reconocimiento del exilio y del refugio.

Además, se recomendó al Gobierno Nacional y los organismos estatales que promuevan el a la justicia de las víctimas en el exterior, y que puedan hacer seguimiento de sus casos. “Es necesaria la creación de nuevos instrumentos de registro para tener un dato certero sobre la dimensión del exilio y poder garantizar los derechos a las víctimas”, dice el informe.

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“El Estado colombiano debe reconocer su responsabilidad ante la falta de protección y garantías, que fueron factores que ocasionaron la salida de cientos de miles de colombianos. Se deben fomentar acuerdos bilaterales que garanticen que la protección internacional sea reconocida como una necesidad política por otros países e instituciones internacionales”, añade el documento.

La entidad recomendó además crear una Comisión o Conferencia Internacional para revisar las leyes de migración y retorno. Y que los organismos que trabajan en temas migratorios (Cancillería, embajadas y consulados) promuevan canales de información accesibles sobre mecanismos de protección internacional y personal capacitado en atención a víctimas.

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