Crear un ministerio que se encargue de promover la paz, reformar procesos de la Fiscalía, separar a la Policía del Ministerio de Defensa, eliminar el servicio militar obligatorio y que Colombia transite a la regulación de drogas.
Estas son algunas de las recomendaciones que en su informe final entregó la Comisión de la Verdad y que, aunque no son vinculantes, ya han generado discusión y preguntas sobre qué tan viable es su cumplimiento.
Históricamente se ha pensado en un ministerio para la guerra, uno para la paz sería un cambio en el chip, que el Estado se piense como responsable de un bien público como la paz: Germán Valencia
Sobre la creación de un ministerio de paz, Camilo González, director de Indepaz, consideró que se puede evaluar coordinar algunas de las dependencias que ya existen para la paz bajo una sola rectoría, “pero de ahí a que sea un ministerio hay que hacer una evaluación más juiciosa”. En igual sentido opinó Jorge Restrepo, director de Cerac, quien señaló que “la gestión pública en materia de implementación del acuerdo no se resuelve con la creación de un ministerio, sino con la asignación de un responsable institucional con capacidad de ejecución".
Otra opinión tiene Germán Valencia, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, quien dijo: “Históricamente se ha pensado en un ministerio para la guerra, para la defensa, uno para la paz sería un cambio en el chip, que el Estado deje de pensarse como el monopolio de la violencia a un Estado que construya un bien público tan importante como la paz”. Aunque advirtió que crear un nuevo ministerio es incrementar el gasto público en momentos económicos que llaman a la austeridad.
Otras de las recomendaciones tienen que ver con cambios en la Fuerza Pública y en la forma como se elige al Fiscal General. Frente a lo primero, que incluye la eliminación gradual del servicio militar obligatorio, Restrepo explicó que aunque las personas que prestan su servicio son un número significativo, no son la mayoría de todos los uniformados, por lo cual esto no significaría en sí mismo un riesgo para la seguridad; de hecho, consideró que esto podría tener un efecto positivo en la profesionalización de los servicios de seguridad, pero tendría un costo económico considerable, “pues al eliminar la obligatoriedad, a esas personas tocaría pagarles y eso significa un costo importante”.
Frente a una modificación al proceso de elección del Fiscal General, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera Mercado, señaló que la Constitución permite que dos ramas del Estado se involucren en la elección del Fiscal –Ejecutiva y Legislativa–, “y eso habla bien del sistema de pesos y contrapesos”.
Y sobre otra recomendación, que sugiere eliminar el Esmad, Herrera consideró que este “cumple una función específica que debe atenderse, hay que pensar es cómo hacer que el Esmad cumpla debidamente su función más que pensar en eliminarlo”.
En cuanto a cultivos de uso ilícito y narcotráfico, la Comisión propone implementar integralmente la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, renunciar al glifosato y que Colombia transite hacia una regulación de las drogas y lidere esa conversación a nivel global.
Al respecto Isabel Pereira, subdirectora de Dejusticia, comentó que lo clave es que se habla de un tránsito “se debe ir haciendo de manera incremental para afianzar el consenso nacional de que las políticas actuales de drogas generan más daño y que ese consenso social sobre el fracaso de las políticas de drogas actuales a su vez afiance el ambiente político y social de apoyo al tránsito a la regulación”. Frente a la viabilidad de este tránsito, Pereira resaltó que en el ambiente político actual son probables los cambios hacia ese horizonte, incluso dijo que hay recomendaciones de la Comisión de la Verdad que ya están en el acuerdo de paz, por lo cual bastaría con retomarlas.
Sin embargo, otros analistas consideran que el país debe mantener la posibilidad abierta para poder usar todas las herramientas contra el narcotráfico, incluyendo la fumigación aérea, según las condiciones de cada región.
El coronel en retiro de la Policía Miguel Antonio Tunjano Villarraga y experto en la lucha contra el narcotráfico afirmó que el país debe, además de profundizar en la erradicación voluntaria y la forzada, avanzar en un mayor control de las sustancias y precursores químicos para la producción de la base de coca y en la lucha contra el lavado de activos.
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