¿En qué quedó la reinserción de los ‘paras’? Han asesinado a uno de cada 10

Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Estos dos nombres representan a empresas de la guerra de bandos opuestos, que marcaron la historia y la memoria del país desde la sangre y el horror, pero también desde el intento de sus combatientes por salir de las armas, reconciliarse con la sociedad y volver a la vida civil.

Desde 2001 hasta 2021, 76.469 personas abandonaron grupos armados al margen de la ley en Colombia. Casi cinco de cada 10 de ellas (36.461, el 47 %) pertenecieron a las Auc, y al igual que los desmovilizados de otros grupos se han tenido que enfrentar a la violencia, la estigmatización, la falta de oportunidades para reiniciar su vida y los cantos de sirena de otras organizaciones criminales para que vuelvan al conflicto.

Y tal como está ocurriendo en la actualidad con los firmantes de paz de las extintas Farc (a quienes desde 2016 hasta 2021 les asesinaron 303 compañeros), en su momento la ola de homicidios contra antiguos paramilitares encendió las alarmas en el país.

(Lea además: Capturan en España a 'Pinocho', ex-Auc que lideraba 'Los Pachenca')

Según registros de Medicina Legal, desde 2003 han sido asesinados 3.639 ex-Auc, lo que significa que uno de cada 10 desmovilizados del grupo paramilitar resultaron muertos tras el proceso de paz.

Esos asesinatos, además de sacar a relucir las vulnerabilidades de quienes abandonan las armas en Colombia, representan un retroceso en la reconciliación del país y el de las víctimas a la reparación, la verdad y la justicia, claves en los procesos transicionales como el de las Farc y las Auc.

(Puede leer: El resurgir de las mujeres que encararon la violencia sexual en la guerra)

“El asesinato de excombatientes en Colombia está generando efectos devastadores (...) trunca las posibilidades de una construcción de la paz con enfoque territorial”, sostiene en una investigación al respecto el profesor Germán Valencia Agudelo, de la Universidad de Antioquia.

(Navegue el reportaje multimedia: Asesinato de exguerrilleros: la violencia que amenaza la paz)

De los más de 36.000 paramilitares que se desmovilizaron, 31.612 iniciaron el proceso de reintegración en lo que hoy es la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN). La entidad tiene registros de que 5.111 de ellos han fallecido y otros 16.807 (el 53 por ciento) culminaron su proceso de retorno a la vida civil satisfactoriamente.

Sin embargo, hay otros 7.962 ex-Auc (uno de cada cuatro desmovilizados) que reincidieron en conductas criminales o incumplieron sus compromisos con el sistema de Justicia y Paz, por lo cual perdieron los beneficios de los programas del Estado para volver a la vida civil.

(Puede leer: Desaparición forzada: el drama que encaran casi 100.00 familias en Colombia)

“De acuerdo con las estimaciones globales, un tercio de los desmovilizados se removilizan a los grupos ilegales. En el caso de los exparamilitares, hay que decir que la mayoría no retornó a las armas, como tampoco está ocurriendo con los excombatientes de las Farc”, resalta la experta en conflicto Angelika Rettberg, profesora de la Universidad de los Andes.

Sin embargo, que alrededor de dos de cada 10 ex-Auc hayan vuelto a la ilegalidad tiene un impacto grave en la reaparición de nuevos grupos armados (como ocurrió con las bacrim) y la repetición y recrudecimiento del conflicto.

Al respecto, una reciente sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla analizó la efectividad de las políticas del Estado en relación con la reincidencia criminal de los exparamilitares.

“Como quiera que al Estado se le salió de las manos el control de estos grupos ilegítimos que bañaron de sangre el país, dejando a su paso millones de víctimas que hoy le toca al propio Estado acoger, proteger e indemnizar con el apoyo de todos los colombianos; no obstante, el Estado no reprogramó la reincorporación a la vida civil de estos miles de desmovilizados que, durante estos 15 años, han reincidido en la criminalidad una vez quedan en libertad, formando parte de nuevos grupos armados ilegales, pues en su gran mayoría salieron a la vida civil sin una verdadera y agresiva terapia psicológica y resocializadora, y por tanto carecen de oportunidades y proyectos de vida”, se lee en la decisión, que además exhortó al Gobierno a estudiar la posibilidad de conformar una mesa técnica para que se haga un diagnóstico de la situación de los ex-Auc.

(Puede leer: Los retos del desarme, desmovilización y reincorporación de combatientes)

No obstante, para Rettberg las razones del regreso de los ‘exparas’ a la ilegalidad va más allá de los incumplimientos o carencias del Estado en algunos frentes del proceso de reintegración.

“El principal motivo de la removilización tiene que ver con los atractivos de las economías ilegales y las condiciones de vida de estas personas. Al revisar sus hojas de vida se encuentra que fueron reclutados a edad temprana, muchos no terminaron su educación, no tienen experiencia laboral en actividades lícitas, no tienen os sociales porque su forma de generar vínculos se dio en el entorno de la ilegalidad y cargan con traumas de la guerra. Por eso, si se desmovilizan, tienen que armar una nueva vida”, comenta la docente.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), agrega que los paramilitares “aunque hacían parte del conflicto armado interno, tenían desde su origen una exposición mayor al mundo del crimen organizado que, por ejemplo, las guerrillas, lo cual incidió en que algunos reincidieran en eso”.

(Lea también: Los pecados de políticos que se aliaron con los paramilitares)

Para Restrepo, otro factor que incide es el de la estigmatización: “A veces el olvido es la única forma de integración comunitaria y protección para estas personas, que sufren rechazos o hechos de violencia por haber pertenecido a un grupo armado ilegal”. En esa línea, un funcionario de la ARN resaltó que la estigmatización contra los excombatientes “limita el a fuentes sostenibles de generación de empleo”, que son la clave para que estas personas puedan obtener ingresos que les permitan arrancar una nueva vida en la legalidad.

Para la profesora Rettberg, la desmovilización y reintegración de las Auc logró “el andamiaje para este tipo de procesos con otros grupos en el país, como el que se hizo con las Farc, y enseñó que exige de muchas tareas simultáneas no solo con los exintegrantes de esas organizaciones en lo político, psicológico, social y laboral, sino en la necesidad de preparar a las comunidades que participan de esos procesos”.

(Puede leer: Los detalles de solicitud que Mancuso envió a la JEP pidiendo que lo acepte)

Sin embargo, la experta asegura que garantizar la seguridad sigue siendo un reto, “que no se puede entender solo como protección física con guardaespaldas, sino entendiendo los contextos en los que viven, quiénes son sus enemigos del pasado, cómo es su relación con las comunidades y cómo llega allá el Estado no solo con la bota militar, sino también con oportunidades en inversión social integral”.

En Twitter: @julianrios_m

Redacción Justicia