Este lunes, la procuradora general Margarita Cabello se refirió a la propuesta que hace unos días dio el presidente electo Gustavo Petro sobre eliminar la Procuraduría, y dijo que "no es fácil dar con una solución que satisfaga la orden de la Corte IDH. ¡No se trata de proferir un articulito y ya!".
Al respecto, la abogada y exconstituyente María Teresa Garcés consideró que una reforma es conveniente para la eficiencia de la istración de justicia, y viable, por varias razones. Entre ellas, que “no se justifica la actuación de la Procuraduría en buena parte de los procesos judiciales”, señaló.
Garcés afirmó que sus actuaciones ante el contencioso istrativo añaden un trámite adicional a los procesos en los que hay una entidad estatal, haciéndolos más lentos. Y que al suprimir esa función se podrían fortalecer los tribunales contenciosos o el Consejo de Estado, lo que ayudaría a la descongestión de esos despachos.
Además, dijo que debería suprimirse su actuación en los tribunales de arbitramento. En cuanto a la protección de los derechos humanos señaló que esto debería estar en cabeza de la Defensoría del Pueblo, y los procesos disciplinarios “podrían adelantarse al interior de las mismas entidades”, fortaleciendo las oficinas de control interno y dándoles mayor independencia.
Los procesos disciplinarios podrían adelantarse al interior de las mismas entidades, fortaleciendo las oficinas de control interno y dándoles mayor independencia: María Teresa Garcés
Frente a la sanción de funcionarios de elección popular, la abogada dijo que tendría que estar en cabeza de la Fiscalía.
En la otra orilla, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, dijo que no es viable eliminarla porque tiene unas funciones de vigilancia preventiva sobre los funcionarios no elegidos por votación, además que el fallo de la Corte IDH no impuso restricciones a las sanciones transitorias, y porque el Ministerio Público tiene otras funciones de acompañamiento en procesos istrativos y penales.
Además, dijo que la Corte Constitucional dejó claro que, frente a instituciones creadas en la Constitución de 1991, su eliminación significaría una sustitución de la carta magna.
“Debe darse un debate serio para evitar que se genere impunidad”, añadió el abogado, quien sostuvo que la Fiscalía debe mantener la investigación penal y otra entidad distinta, el tema disciplinario.
“La discusión debe darse a la luz del derecho, de la constitucionalidad y no a la luz de los afanes electorales, que afortunadamente ya pasaron”, añadió.
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