El 'lobby' de las grandes tecnológicas contra la ley antimonopolios

A medida que el juicio antimonopolio de Google llega a su fin (ver nota anexa), la oposición de las grandes empresas tecnológicas a la reforma antimonopolio en los Estados Unidos está en aumento, y no es coincidencia. Con el juicio que una vez más ha revelado la prevalencia de comportamiento anticompetitivo en la industria tecnológica, las grandes corporaciones se están volcando al Congreso para bloquear los esfuerzos de las dos agencias federales encargadas de la aplicación de la ley antimonopolio, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio.

En el juicio de Google, el Departamento de Justicia argumenta que la empresa tiene un monopolio sobre las “búsquedas en internet en general” y los mercados relacionados, y que ha mantenido ilegalmente este monopolio al pagar a otras empresas tecnológicas para incorporar su motor de búsqueda en navegadores y dispositivos como teléfonos inteligentes. Por ejemplo, en 2021, Google pagó USD $18 mil millones a Apple con este propósito. Y aunque los s de iPhone pueden cambiar el motor de búsqueda predeterminado yendo al menú de configuración, casi nadie lo hace.

Por su parte, Google argumenta que la gente prefiere su motor de búsqueda, pero, si fuera así, la empresa no necesitaría pagarle a Apple miles de millones de dólares cada año para que Chrome sea su motor predeterminado, ni estaría tan preocupado (como al parecer lo estaba el CEO de Google) de que Apple degradara deliberadamente la experiencia de búsqueda de Google.

Los acuerdos de Google con Apple y otras empresas tecnológicas buscan que los motores de búsqueda competidores como Bing, de Microsoft, no lleguen a una gran mayoría de clientes. Además, se rumorea que Google temería un escenario en el que Apple desarrolle su propio motor de búsqueda para incorporarlo en sus iPhones, en lugar del Chrome. De ser verdad esto, Google le habría pagado a Apple para que no compitiera con él en el mercado de búsquedas en internet, comportamiento que sería una grave violación de la ley antimonopolio.

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Google niega tener un monopolio, a pesar de tener aproximadamente un 90 % de participación en el mercado que ha perdurado durante más de una década. En este tiempo, la experiencia del se ha degradado constantemente con anuncios que abarrotan la parte superior de cada resultado de búsqueda como una selva de vallas publicitarias en una autopista.

Ahora que las autoridades antimonopolio finalmente se han dado cuenta de sus tácticas, Google y los demás gigantes tecnológicos sienten pánico. Para llegar a este punto, se ha recorrido un largo camino desde 2010, cuando Google, Apple, Intel y Adobe fueron demandados por conspiración para evitar subir los salarios al acordar no contratar ingenieros de software de unos y otros. Las empresas apenas recibieron un castigo (pagaron un total de USD$ 324 millones); pero, si ese caso hubiera ocurrido en la actualidad, los ejecutivos que idearon ese plan (entre ellos el fundador de Apple, Steve Jobs) enfrentarían cargos penales por tal comportamiento.

En ese entonces, la visión ampliamente aceptada de las empresas tecnológicas como motores benignos del crecimiento pudo haber disuadido al Departamento de Justicia de enjuiciarlos. Sin embargo, con el tiempo ha quedado claro que estas corporaciones utilizan trucos de la vieja economía, como acuerdos de exclusividad, cláusulas de nación más favorecida, fijación de precios predatoria y la adquisición de competidores, para extender y proteger sus monopolios. Google enfrenta cargos por su dominio de la publicidad en línea, Meta/Facebook ha sido demandado por la adquisición de Instagram, y Amazon por abusar de su plataforma de mercado.

Una forma en que los reguladores antimonopolio de Estados Unidos intentan revertir décadas de falta de aplicación de la ley es mediante la revisión de las pautas que utilizan para evaluar las fusiones propuestas. Pero las grandes corporaciones y sus aliados se han movilizado para sabotear estos esfuerzos.

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En noviembre, un grupo de lobbistas, liderado por la Asociación Nacional de Fabricantes, envió una carta al Comité Judicial del Senado instando al Congreso a bloquear la actualización de las reglas de informes que rigen los tipos de información que las empresas que planean fusionarse deben divulgar a las agencias antimonopolio antes de llevar a cabo una unión. Aunque estas grandes corporaciones afirman estar actuando “en nombre de miles de pequeñas empresas y trabajadores”, parece que no lograron persuadir a ninguna organización, sindicato u otro grupo de defensa de los trabajadores para que firmara dicha carta.

Citando una publicación del economista S.P. Kothari del MIT, la carta sostiene que los nuevos requisitos de informes le supondrían más de USD $2 mil millones en costos anuales a la industria, una cantidad mucho mayor que la estimada por las agencias. Kothari se basa en una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (un importante grupo de presión empresarial) a abogados corporativos especializados en casos de fusiones.

Una transacción de USD $437.000 por fusión es insignificante en comparación con el tamaño promedio de las transacciones de las grandes tecnológicas. Los requisitos de informes solo se aplican a negociaciones superiores a USD $111 millones. Y los costos reales serán más bajos para las empresas en el extremo inferior del rango, ya que tienen menos que informar que los gigantes a los que las agencias suelen apuntar.

Kothari argumenta que el dinero se desperdicia de todos modos, porque las fusiones impulsan la productividad y la innovación. De hecho, la mayoría de los expertos creen que las fusiones generan eficiencias mínimas en comparación con lo que las empresas logran mediante el crecimiento orgánico. La cuestión no es si las fusiones en conjunto producen ganancias o pérdidas; es si la presentación de informes adicionales revelará fusiones perjudiciales a un costo razonable.

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La respuesta es casi con certeza sí. La investigación indica que numerosas fusiones (aprobadas) han causado más daño que beneficio. Al darles a las grandes empresas una forma barata y efectiva de consolidar aún más su poder de mercado, las fusiones les permiten aumentar los precios, suprimir los salarios y reducir la calidad de los productos, servicios y del trabajo.

Los requisitos adicionales de informes deberían ayudar a las agencias a revertir su historia de falta de acción. Incluso el artículo que Kothari cita para argumentar que las fusiones generan ganancias de bienestar recomienda un impuesto del 2 % a las fusiones para compensar la ineficiencia de “revuelo” causada por la entrada excesiva de empresarios que buscan vender. Si esto es correcto, los costos adicionales de informes se pagarían por sí mismos, incluso si los informes no proporcionaran ninguna información.

ERIC POSNER (*)

© PROJECT SYNDICATE

CHICAGO

(*) Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, autor de ‘Cómo Falló la Ley Antimonopolio para los Trabajadores’ (Oxford University Press, 2021).

¿Google debe el éxito de su motor de búsqueda a su rendimiento o a prácticas ilegales? Esta es la pregunta que la justicia de Estados Unidos trata de dirimir desde el 12 de septiembre en el litigio más importante al que se enfrenta el gigante de internet.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, la compañía tecnológica cimentó su posición dominante en la red con contratos ilegales con empresas como Samsung, Apple y Firefox para que estas instalen su motor de búsqueda de forma predeterminada en sus teléfonos inteligentes y servicios.

Un centenar de testigos han declarado o están pendientes de declarar ante un juez federal durante las diez semanas de audiencias previstas.

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“Nuestro éxito es merecido”, afirmó Kent Walker, director jurídico de Alphabet, la empresa matriz de Google, en un comunicado. “La gente no utiliza Google porque no tenga otra opción, sino porque quiere. Es fácil cambiar el motor de búsqueda predeterminado, ya no estamos en la era de los módems y los CD-ROM”, añadió.

Se trata de la demanda antimonopolio más grande presentada contra un gigante tecnológico desde que el Departamento de Justicia se enfrentó a Microsoft hace más de 20 años por el dominio del sistema operativo Windows. La demanda del Gobierno de Estados Unidos contra Microsoft terminó con un acuerdo en 2001, después de que un tribunal de apelaciones anulara una decisión que ordenaba dividir la empresa.

Hace unos años, Google era “el favorito de Silicon Valley como una startup pujante que proponía una forma innovadora de hacer las búsquedas en la naciente internet”, dijo el departamento en su querella. “Ese Google desapareció hace mucho tiempo”.

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“La tecnología ha progresado mucho en 20 años, así que el resultado de este caso tendrá una gran repercusión en el funcionamiento de las plataformas tecnológicas en el futuro”, dijo John Lopatka, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de Penn State.

La demanda se centrará en los contratos que el gigante tecnológico firmó con fabricantes de dispositivos, operadores de telefonía móvil (como T-Mobile o AT&T) y otras compañías, con los que, según el Gobierno, deja pocas posibilidades de competir a sus rivales, como Bing (Microsoft) y DuckDuckGo.

Google, cuyo nombre se volvió incluso un verbo para describir la acción de buscar en internet, controla el 90 % de este mercado en Estados Unidos y en todo el mundo gracias a las búsquedas en teléfonos inteligentes, especialmente en los iPhone (Apple) y aquellos que funcionan con el sistema operativo Android, propiedad de Google.

El grupo californiano, fundado en 1998 por Sergey Brin y Larry Page, asegura que la popularidad de su motor de búsqueda se debe a la calidad de su servicio.

“Este es un asunto retrógrado”, dijo Walker, ya que estamos “en una era de innovación sin precedentes” con “avances en inteligencia artificial, nuevas aplicaciones y nuevos servicios que están creando más competencia y más opciones para el público que nunca”.

Los abogados de Google destacan que Bing ha incorporado funcionalidades de inteligencia artificial generativa que permiten al comunicarse con mayor facilidad con el motor de búsqueda.

Google y Microsoft están inmersos en una carrera frenética en esta tecnología, compitiendo con chatbots y otros asistentes digitales que se espera que revolucionen la mayoría de las tareas en línea. Microsoft ganó ventaja gracias a su inversión en OpenAI, la startup que desarrolló ChatGPT.

Google se juega mucho en este proceso. Si el juez Amit Mehta falla a favor del Gobierno, el grupo podría verse obligado a dividir sus actividades o a cambiar su modo de funcionamiento.

La compañía ya ha sido multada con más de 8.200 millones de euros por varias infracciones de la ley anticompetencia en Europa, aunque algunas de estas decisiones están bajo apelación.

Joe Biden también se juega mucho en este proceso, iniciado por el Gobierno anterior del republicano Donald Trump. La istración demócrata, que también en enero demandó a Alphabet por su negocio publicitario, ha puesto mucho empeño en desafiar a los gigantes tecnológicos, aunque sin demasiados resultados hasta el momento.

Cualquiera que sea el desenlace del juicio, es casi seguro que la sentencia será recurrida por alguna de las partes, lo que podría alargar el proceso varios años.

“Quienes quieran regular la tecnología no deben desesperarse si el gobierno pierde este asalto. Pero sería una derrota significativa”, afirmó Lopatka.

ALEX PIGMAN Y JULIE JAMMOT

AFP

San Francisco