La dura evaluación del informe de HRW sobre situación de DD. HH. en Colombia

Los graves abusos de grupo armados, el limitado a la justicia y los altos niveles de pobreza fueron identificados por la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) como los principales problemas que afectaron a Colombia durante el 2022.

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En su informe anual, correspondiente al año pasado, HRW hace mucho énfasis en la violencia que viene generando estos grupos en varias zonas del país pese a la reducción temporal que se registró tras la firma de los acuerdos de paz.

“El acuerdo de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el gobierno puso fin a un conflicto de cinco décadas y trajo una reducción inicial de la violencia. Sin embargo, la violencia adoptó nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados aumentaron en muchas zonas remotas durante los años posteriores; en 2022 alcanzaron niveles similares a los que existían inmediatamente antes del proceso de paz", dice el reporte que se publica este jueves y al cual EL TIEMPO tuvo .

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Según el reporte, las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas, combatientes desmovilizados de las Farc, líderes indígenas y afrodescendientes fueron constantes durante el año pasado.

Los grupos armados, entre los que subrayan al ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, “siguieron cometiendo graves abusos contra civiles, incluidos asesinatos, reclutamiento infantil y violaciones sexuales, especialmente en zonas rurales de la región del Pacífico y a lo largo de las fronteras con Venezuela y Ecuador. La fuerza pública y las autoridades judiciales no han protegido de forma efectiva a la población ni garantizado un suficiente a la justicia ni el desmantelamiento” de estos promotores de violencia, afirma la ONG estadounidense.

Así mismo, el informe resalta que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reportó 60 “masacres” en el país hasta octubre del 2022.

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De acuerdo con HRW, los abusos cometidos por de la fuerza pública continuaron siendo un problema el año pasado. Y pone como ejemplo, el caso de El Remanso, en Putumayo, donde murieron once personas “durante una controvertida operación del Ejército”.

También las graves violaciones cometidas por la Policía en el marco de las protestas sociales que arrancaron en el 2019 y frente a las que, dicen, se han hecho esfuerzos muy limitados para investigar y judicializar a los responsables.

En ese sentido, el informe destaca la llegada al ministerio de Defensa del exfiscal Iván Velásquez y su compromiso de avanzar en una reforma policial.

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Paralelamente, la organización resalta el crítico caso de los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales y menciona cifras de la Defensoría del Pueblo, según las cuales en 2022 se presentaron 182 asesinatos.

De acuerdo al informe, a lo largo del 2022 la Justicia Especializada para la Paz (JEP) -que surgió del proceso de paz- hizo avances significativos en la investigación y el juzgamiento de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, y acusó a los máximos excomandantes de las Farc de toma de rehenes y a varios del Ejército por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.

Sin embargo, expresó incertidumbre sobre las penas efectivas que pagarán los responsables dado la imprecisión de la legislación vigente en relación a las sanciones.

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En el caso de los desplazados, el informe sostiene que en los primeros 10 meses del año más de 70.000 personas abandonaron sus hogares como parte de “desplazamientos masivos”. Es decir, de 50 o más personas o diez o más familias. Cifra que se suma a los casi 8,4 millones de colombianos que han corrido con esta suerte desde 1985, según la ONG.

El reporte sostiene, a su vez, que los gobiernos municipales y departamentales no suelen tener fondos suficientes para asistir a estas personas y que “la asistencia del gobierno nacional a menudo ha sido tardía y deficiente”.

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El informe también cuenta con un aparte sobre refugiado y migrantes en el que destacan el éxodo que se presentó a comienzos del año pasado desde el estado de Apure, de Venezuela, donde más de 3.000 personas llegaron a los departamentos de Arauca y Vichada buscando auxilio para escapar de los enfrentamiento armados entre los grupos armados que operan en las zonas de frontera. En esta situación, sostiene HRW, la asistencia humanitaria fue mínima.

También se refiere al caso del Tapón del Darién, en la frontera con Panamá, y dice que el 2022 fueron miles los que migrantes que tomaron esta ruta para llegar a Estados Unidos donde fueron víctimas de robos, y graves abusos sin recibir apoyo alguno de las autoridades ni a justicia.

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Sobre el nuevo presidente Gustavo Petro, el reporte destaca sus crítica a la guerra contra las drogas pero deja en puntos suspensivos el éxito de su plan de “paz total”, pendientes aún temas sensibles como el de las víctima a la justicia y si tratará de manera diferente a los grupos criminales y grupos armados que son parte del conflicto.

Así mismo menciona que el nuevo gobierno no apoyó una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para condenar violaciones de derechos humanos en Nicaragua y tampoco formó parte “de un grupo de gobiernos de variado espectro político —Brasil, Canadá, Ecuador, Guatemala y Paraguay— que encabezó la iniciativa para extender el mandato de la Misión de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela”.

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“Nuestra mayor preocupación sobre Colombia siguen siendo los niveles de violencia por grupos armados que hoy son tristemente similares a los que había antes del proceso de paz. Pero también ha habido dos buenas noticias en Colombia en 2022. Primero, la capacidad de las instituciones democráticas para garantizar la alternancia política sin mayores dificultades, a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países del mundo y la región. Segundo, el rol de la Corte Constitucional, que ha tomado decisiones trascendentales para proteger los derechos humanos. El gran desafío que se viene para 2023: aterrizar la ambiciosísima propuesta de ‘paz total’. Ello exige método y una buena política de seguridad”, le dijo a EL TIEMPO Juan Papier, subdirector en funciones de HRW para las Américas.

El informe sostiene, de paso, que la violencia de género, incluida aquella perpetrada por grupos armados, es un problema generalizado en Colombia.

“La falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos de tratamiento impiden el oportuno a servicios médicos y generan obstáculos para las mujeres y niñas que procuran recibir asistencia o acceder a la justicia después de un hecho de violencia. Los responsables de delitos de género violentos rara vez responden por sus actos. A pesar de las numerosas protecciones legales basadas en la orientación sexual y la identidad de género, las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero en Colombia continúan enfrentando altos niveles de violencia y discriminación”, se afirma en el reporte.

Aunque no presenta cifras del año 2022, HRW afirma que en 2021 se presentaron 405 ataques contra personas LGBTIQ+ en el país, incluidos 103 casos de violencia policial y 205 homicidios atribuidos a otros actores.

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Destaca, también, la decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en todas las circunstancias hasta la semana 24 de gestación, y en la que mantuvo el después de ese periodo en casos de violación, embarazo no viable, o riesgo para la vida o salud de la persona embarazada.

Así mismo, el reconocimiento del indicador de género “no binario”, que según HRW constituye la primera sentencia de este tipo pronunciada por un tribunal supremo o constitucional en la región.

Para HRW, los altos índices de pobreza que existen en el país, especialmente entre las comunidades indígenas y afrodescendientes, fue otros de los grandes problemas latentes del país en el 2022.

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“El acuerdo de paz de 2016 estableció los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para aumentar la presencia de instituciones estatales en 170 municipios altamente afectados por el conflicto armado, la pobreza y las economías ilegales. En 2020, el índice de pobreza multidimensional (32,9 por ciento) en estas áreas prácticamente duplicaba el índice nacional (18,1 por ciento). (Sin embargo), los esfuerzos orientados a implementar los PDET han sido limitados”, concluye el informe.

Problema crónicos como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental están siendo aprovechadas por muchos líderes para justificar políticas que restringen o violan derechos humanos y han impulsado a millones de personas en las Américas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y oportunidades en el extranjero.

Esa es una de las principales conclusiones que saca la ONG estadounidense Human Rights Watch en la evolución que hace sobre la situación de los derechos humanos en la región a lo largo del 2022.

“La falta de respuestas eficaces ante la corrupción, la violencia y la pobreza ha sido usada como pretexto por parte de políticos que prometen soluciones que suenan sencillas pero que suelen resultar abusivas”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.

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“Los líderes de la región -afirma la directora- deberían demostrar que la democracia puede responder a las necesidades de la población, promoviendo los derechos a la salud, la educación y la seguridad y fortaleciendo el Estado de derecho”.

El reporte, de más de 700 páginas y en el que se evalúa la situación en 100 países del planeta, afirma que América Latina y el Caribe continúa siendo una de las regiones más violentas del mundo, donde se cometieron más de 21 asesinatos por cada 10.000 habitantes.

HRW dedica un segmento para hablar de la grave crisis migratoria que se viene experimentando y que se agravó el año pasado. Según la ONG, a muchas de estas personas se les niega la posibilidad de buscar protección internacional o enfrentan obstáculos en su trayecto, incluidas restricciones a visas y devoluciones en las fronteras.

Además, critica al gobierno de Joe Biden por promover que gobiernos latinoamericanos impongan políticas inmigratorias abusivas, un factor que contribuye a agravar la crisis.

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En su evaluación sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela, afirma que en estos países hay regímenes opresivos que cometen abusos aberrantes contra sus críticos para silenciar el disenso.

“Los líderes de América Latina que han sido elegidos de manera democrática pueden desempeñar un papel esencial para presionar por una transición democrática, por ejemplo, al instar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a que negocie condiciones electorales aceptables; al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua a que libere a más de 200 presos políticos, y al gobierno de Cuba a que retire los cargos penales contra personas detenidas arbitrariamente", afirma HRW.

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Por otro lado, En El Salvador, dice la ONG, las medidas de mano dura impuestas por el gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad y el acelerado desmantelamiento de las instituciones democráticas han propiciado violaciones generalizadas de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

Al referirse al caso de México, HRW afirma en el informe que durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, los delitos violentos han llegado a máximos históricos y se han profundizado las estrategias fallidas de militarización que habían implementado sin éxito sus predecesores.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington