Remesas: el duro golpe que podría recibir la región con el cambio de gobierno en EE. UU.

Durante décadas, las remesas han sido un pilar fundamental de las economías de América Latina y el Caribe, representando un salvavidas para las familias más pobres y un importante impulso para las clases medias de la región. El año pasado se hicieron transferencias récord por valor de 159.000 millones de dólares, frente a los 62.000 millones de hace una década. Sin embargo, el positivo panorama puede cambiar.

En su campaña presidencial, el presidente electo Donald Trump prometió deportar a millones de trabajadores indocumentados y restringir la inmigración legal a Estados Unidos para reajustar la política migratoria del país. Esta propuesta reduciría potencialmente el número de remitentes y la cantidad de dinero que se envía a la región.

Al tiempo de esto, la idea de gravar las remesas está ganando fuerza en Washington y en algunas legislaturas estatales. La combinación de estas medidas podría reducir significativamente el flujo de remesas, socavar el crecimiento económico y provocar inestabilidad en una región atrapada en una trampa de bajo crecimiento prolongado, según señalaron economistas y analistas a Americas Quarterly (AQ).

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Los efectos se sentirían con mayor intensidad en México -que recibe el mayor volumen de remesas estadounidenses, unos 60.000 millones de dólares al año, equivalentes a casi el 4 % del PIB- y en los países de América Central y el Caribe, donde las remesas son un motor económico vital, como en Nicaragua, que recibe remesas equivalentes a cerca del 28 % del PIB, Honduras (26 %), El Salvador (24 %), Guatemala (20 %), Haití (18 %) y Jamaica (17 %).

“En México, los hogares más pobres serían los más afectados”, dijo a AQ Sofía Ramírez, directora de ‘México, ¿cómo vamos?’, un think tank con sede en Ciudad de México que supervisa el desarrollo socioeconómico. La mayoría de las remesas se destinan a los estados más pobres de México, y el 30 % de los hogares más pobres recibe más del 65 % del total de remesas, según datos del gobierno. Allí y en toda la región, los fondos se gastan principalmente en necesidades domésticas como alimentos, vivienda y atención sanitaria, impulsando el consumo y el crecimiento.

Ramírez señaló que las comunidades mexicanas con las tasas de migración más altas y, por tanto, con más experiencia en llegar a Estados Unidos, serían las más afectadas por cualquier reducción en las remesas, lo que podría empujar a más personas a planear su viaje hacia el norte.

En Centroamérica, las repercusiones podrían ir más allá de la economía del día a día y causar inestabilidad en la balanza de pagos y el tipo de cambio, según Ricardo Barrientos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Esto frenaría el crecimiento y la creación de empleo, dijo Barrientos a AQ. “Al menos en Guatemala, Honduras y El Salvador, cualquier caída en las remesas probablemente perjudicaría a la economía de múltiples maneras, creando condiciones propicias para fomentar aún más la migración”, agregó.

Las declaraciones del equipo de Trump sobre inmigrantes-si se cumplen-, se traducirían en un mayor número de personas deportadas a Centroamérica. El vicepresidente electo J.D. Vance dijo recientemente que deportar a un millón de personas al año es un objetivo ‘razonable’. Y aunque no está claro cuántas de ellas serán de Centroamérica, casi el 20 % de los inmigrantes irregulares en EE.UU. proceden de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Incluso un “escenario muy conservador” en el que no se impongan impuestos adicionales, y la istración Trump deporte solo a unas 70.000 ciudadanos de estos cuatro países anualmente, crearía un “grave problema de crecimiento económico que podría tener efectos recesivos” en cuatro años, dijo a AQ Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, un centro de estudios en Washington.

En su primer mandato, Trump deportó a alrededor de 1,5 millones de personas, aproximadamente el mismo número que Biden y menos personas que Obama durante su primera (2,9 millones) y segunda istración (1,9 millones). Bajo cada uno de estos gobiernos, las remesas crecieron de forma constante.

Por ejemplo, en el transcurso del primer mandato de Trump, las remesas a América Latina y el Caribe aumentaron de unos 80.000 millones de dólares a 100.000 millones. Esta vez, sin embargo, Trump ha prometido “la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos” y ha comunicado recientemente su plan de declarar el estado de emergencia para alistar al ejército estadounidense en operaciones de deportación masiva.

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Mientras tanto, las propuestas para gravar las remesas procedentes de Estados Unidos también están ganando impulso. En su primer mandato, Trump consideró un impuesto de este tipo para pagar la construcción del muro fronterizo, pero finalmente tomó los fondos de otros lugares. Ahora, J.D. Vance, tiene un proyecto de ley ante el Congreso que impondría un impuesto del 10 % a las remesas y utilizaría los ingresos para blindar la frontera entre Estados Unidos y México.

Varios estados de Estados Unidos también están considerando la posibilidad de aplicar sus propios impuestos. Oklahoma ya cuenta con una ley que grava con 5 dólares las remesas inferiores a 500 dólares y con un impuesto del 1 % de todas las transferencias superiores a ese valor. Florida, Ohio y Pensilvania están estudiando propuestas similares, mientras que Arizona está deliberando sobre un impuesto de hasta el 30 %. Estos gravámenes se sumarían a los cobros de tasas que generalmente suponen un promedio de alrededor del 6 % de las remesas a América Latina.

Vance ha afirmado que su propuesta, la Ley de Retención de Ingresos Ilegales procedentes de los Mercados de la Droga (WIRED, por sus siglas en inglés), pretende disuadir la inmigración ilegal y reducir los ingresos de los cárteles. Los defensores de este tipo de medidas afirman que, con demasiada frecuencia, los beneficiarios utilizan el dinero para pagar su migración ilegal, llenando los bolsillos de los contrabandistas y de los grupos de delincuencia organizada para los que trabajan.

Dicen además que los impuestos reducirán los ingresos de los grupos de delincuencia organizada mexicanos conocidos por blanquear los beneficios obtenidos en Estados Unidos disfrazándolos de remesas. Sin embargo, expertos como Manuel Orozco afirman que la gran mayoría de las remesas son legítimas. Otros proyectos de ley presentados ante el Congreso de EE. UU. también pretenden abordar el lavado de dinero con una mayor vigilancia y persecución, en lugar de con impuestos.

Para evaluar su posible impacto en la estabilidad regional, estas propuestas deben considerarse en el contexto de otras medidas que probablemente tomará la istración Trump, dijo Emily Mendrala, exasesora sobre migración para el presidente Biden y exsubsecretaria adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental. “No sé si el impuesto a las remesas por sí solo causaría impactos desestabilizadores, pero todas estas políticas juntas podrían hacerlo”.

Se refiere a los planes de deportaciones masivas de trabajadores no autorizados y la posibilidad de que revoquen el estatus legal temporal -como el Estatus de Protección Temporal (TPS), DACA y la libertad condicional humanitaria- de los migrantes en Estados Unidos, en los que se cuentan, aproximadamente, 1,8 millones de personas de América Latina y el Caribe.

“Si se revoca el TPS para salvadoreños, nicaragüenses y hondureños ... reintegrarlos a la sociedad requeriría muchos recursos”, dijo Mendrala a AQ. “Si no se hace bien, el impacto podría ser desestabilizador; podría drenar recursos y causar conflictos sociales”. El TPS expirará para unos 184.000 salvadoreños en marzo, y para 55.000 hondureños y 3.000 nicaragüenses en julio.

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En México -donde las remesas proporcionan más ingresos extranjeros que casi cualquier otro sector, incluidos el turismo, las exportaciones de petróleo y la mayor parte de la industria manufacturera-, las deportaciones y un control fronterizo más estricto probablemente reducirían más los flujos migratorios que los impuestos, afirmó la directora de ‘México, ¿cómo vamos?’. “Aunque haya impuestos, la gente seguirá enviando remesas. Pero si hay menos gente enviándolas, eso tendrá un impacto mayor”, añadió.

Para compensar la aplicación de un posible impuesto, los trabajadores mexicanos en EE. UU. podrían enviar más dinero. Durante la pandemia de covid-19, a pesar de las interrupciones sin precedentes, las remesas a México desafiaron las expectativas, aumentando alrededor de 11 % en 2020 y otro 27 % en 2021. “Incluso durante la pandemia, seguimos viendo más de lo mismo”, dijo Ramírez a AQ.

RICH BROWN (*)

AMERICAS QUARTERLY

(*) Editor y director de producción en AQ.