600 caminos que conducen a la equidad y la inclusión

Hacemos entrega de los primeros 600 caminos comunitarios, una iniciativa de alta prioridad del gobierno del presidente Gustavo Petro que nació en septiembre de 2022 en el Huila. Hoy, dos años después, este programa regresa a recorrer el Huila desde Palermo a San Luis para certificar que sí es posible trabajar con las juntas de acción comunal, en toda la geografía nacional, para conectar a las personas y comunidades a sus derechos a través de las vías veredales y los caminos ancestrales. Se trata de fortalecer la economía popular y de encontrar la justicia social, ambiental y económica de nuestra ruralidad.

Fueron 1.035 convenios suscritos en 2023; con una inversión de 233.853 millones de pesos y la intervención de 1.060 kilómetros de vías rurales, se construyeron 75 kilómetros de placa huella, con la participación de 11.708 personas que accedieron a un empleo y que con su trabajo brindaron beneficios a 206.348 colombianos y colombianas. En 2024 hemos suscrito otros 1.100 convenios solidarios y convenios interistrativos en 379 municipios de 31 departamentos del país, por 290.421 millones de pesos, además de los primeros 26 contratos de obra pública con las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, por valor de 102.000 millones que darán transitabilidad en 96 kilómetros en 14 departamentos, pero que, sobre todo, reconocen a las comunidades negras y a sus consejos comunitarios y que permiten cumplir los compromisos adquiridos en el PND 2022-2026 con enfoque étnico.

Este avance ha sido posible con el concurso de diversos actores, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que acompañó este propósito desde sus inicios en el diseño del programa, o la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que colaboró en la capacitación de los dignatarios de las juntas de acción comunal en articulación con diversas instancias del Gobierno Nacional.

Todos trabajando para fortalecer a las JAC en lo istrativo, técnico, financiero y legal para garantizar que dejamos capacidades instaladas y darles sostenibilidad a los procesos que se inician en este gobierno, pero que es deseable permanezcan en el tiempo para garantizar la paz de nuestro país. Cuando uno recorre el país, con inmensa sabiduría popular, la gente en cada pueblo y cada vereda le dice: “A mí arrégleme la vía, de lo demás nos encargamos nosotros”.

Y con los convenios comunitarios el recurso asignado fue suficiente para la meta física contratada, no se han siniestrado los convenios. Sin excepción cada uno de los 600 caminos que entregamos hoy han sido terminados y muchos con una meta física mayor a la establecida, y se ha dejado capacidad instalada en los territorios.

Sin embargo, lo más importante de este momento es que durante estos dos años de ejecución del programa se ha fortalecido la participación activa de las comunidades en la planeación y ejecución de proyectos de mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias y los caminos ancestrales, se ha reconocido a las comunidades como socias del Estado desde la premisa de que el desarrollo y la paz son el resultado de obras cuando se hacen con la gente y para la gente.

Mejorar las vías podría parecer un asunto solo de infraestructura, excepto cuando, en el marco de un Gobierno del cambio como el nuestro, se trata de acercar a las comunidades a las oportunidades legítimas y alejarlas de las economías ilegales, de la mano de la institucionalidad que les devuelve la confianza en el Estado. Se trata de decir con hechos que el cambio es posible. Entonces se trata de las vías y de la vida.

MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO

Ministra de Transporte

(Lea todas las columnas de María Constanza García en EL TIEMPO, aquí)