Así no se legisla

Para que, en el Congreso, se estudiara y trabajara más y con mayor eficiencia, el Acto Legislativo número 02 de 2023 amplió en un mes el tiempo de las sesiones ordinarias. En tal sentido, modificó el artículo 138 de la Constitución y estipuló: “El Congreso, por derecho propio se reunirá en sesiones ordinarias, durante dos periodos por año, que constituirán una sola legislatura. El primer periodo de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo periodo se iniciará el 16 de febrero y concluirá el 20 de junio”.

Por paradoja, la segunda legislatura correspondiente al período 2023-2024, que culminó el jueves último –la más larga, tras la reforma introducida–, no fue la más fructífera ni la más afortunada para el Congreso, para el Gobierno ni para el país. Ello demuestra que no por agregar tiempo se iba a legislar mejor.

En efecto, por causa de la irrazonable polarización política y de la tendencia opositora a frustrar toda iniciativa gubernamental –sea la que sea–, han proliferado y prevalecido las “jugaditas” –orientadas a enredar los trámites– sobre la seriedad y la observancia de las reglas de juego plasmadas en la normativa. Se ha interrumpido en muchos casos el adecuado desempeño de la función legislativa, se ha desvirtuado el genuino sentido de los debates y se ha perdido tiempo valioso, dando lugar a un innecesario desgaste institucional y a la expedición irregular de leyes o al hundimiento de proyectos, sin mayor estudio ni deliberación.

No han sido pocas las modalidades intencionales de sabotaje –de suyo inconstitucionales, pero de las cuales se han jactado algunos congresistas en redes sociales–, que han obturado –de hecho y desde dentro– el debido funcionamiento de cámaras y comisiones, en detrimento de la función legislativa. Así, han sido reiteradas las conductas de ruptura y desintegración del quorum; abruptas salidas de los recintos; injustificado levantamiento de sesiones; presentación de cientos de proposiciones, sin fundamento; impedimentos y recusaciones improcedentes, todo para obstruir.

Por su parte y como respuesta, los partidarios de las iniciativas han conseguido votar articulados en bloque y sin lugar a debate o controversia, lo cual afecta también la constitucionalidad de lo actuado.

En el curso del aludido período no solamente se hundieron importantes iniciativas –como la de reforma del sistema de salud o la estatutaria de educación–, sino que varias de las aprobadas han generado controversia sobre posibles vicios de inconstitucionalidad, tanto en relación con su trámite como en punto de su contenido material, o por falta de sustento sobre impacto fiscal. No son pocas las demandas que, en ejercicio de la acción pública, se han formulado o se formularán ante la Corte Constitucional.

Uno de tales casos corresponde a la ley sobre pensiones –aprobada en su texto final hace unos días–. Faltaba el último debate en la plenaria de la Cámara. En tercer debate habían sido corregidas algunas inconsistencias del texto aprobado en el Senado, pero, previendo que fuera aprovechada la conciliación para hundir el proyecto en las postrimerías del período legislativo, los impulsores de la reforma decidieron someter a aprobación el texto proveniente del Senado, sin ningún cambio, y lo lograron.

Eso ha suscitado muchas inquietudes desde la perspectiva constitucional, ya que no hubo ocasión de un auténtico debate en torno a los contenidos del articulado y los errores del Senado quedaron sin enmendar.

Digamos una vez más: el Gobierno goza de iniciativa legislativa, y las cámaras, dentro del esquema de frenos y contrapesos que rige en la democracia, tienen toda la libertad de aprobar, modificar o negar las iniciativas. Pero sus integrantes deben dar los debates y ocuparse en legislar –dentro de las disposiciones vigentes–, no en sabotear ni en impedir los debates. Viene un tiempo de reflexión. Ojalá reflexionen.

José Gregorio Hernández Galindo

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