La deuda pública y los zapatos del Gobierno

Desde hace un par de años se sabía que el presidente que resultara elegido en 2022 enfrentaría una delicada situación en el manejo de la economía. Las heroicas medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia en 2020 pasarían su cuenta de cobro. Y el fenómeno inflacionario debía ser atajado por su terrible impacto sobre la prosperidad de todos los colombianos.

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Equilibrar la economía después de la pandemia era inevitable. Si bien Colombia se volvió adicta al déficit fiscal con posterioridad a la Constitución de 1991, el déficit equivalente al 7,8 % del producto interno bruto en 2020 y de 7 % en 2021, así como el incremento de la deuda pública, pusieron en riesgo la sostenibilidad de la economía. La experiencia internacional señala, además, que si los desajustes por situaciones excepcionales no se contienen a tiempo, las consecuencias son desastrosas para un país.

La historia de los eventos posteriores a guerras durante las cuales aumentó dramáticamente el gasto público y explotaron los déficits fiscales y los niveles de la deuda así lo muestra. Recuérdese no más el desborde inflacionario en Estados Unidos generado por la guerra de Vietnam, que exigió una fuertísima elevación de las tasas de interés a finales de los años setenta para controlar la inflación y que dio lugar a la crisis de la deuda externa en América Latina en la década de los ochenta.

Por fortuna, en Colombia se adoptó por ley una regla fiscal en 2011 que se modificó en la reforma tributaria de 2021 para vincular la variable de la deuda pública como una pared que no puede traspasarse porque el desequilibrio económico se profundiza, con efectos nefastos para la población. Esa pared –que los economistas llaman ‘ancla’– se fijó en 55 % del PIB (en 2020 este indicador superó ligeramente el 60 %). En la misma ley se creó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el Carf, como un organismo técnico, autónomo e independiente que debe velar por el cumplimiento de la regla fiscal.

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En la semana anterior, el Carf emitió un pronunciamiento sobre el cierre fiscal de 2023 y los retos para 2024. Una de sus conclusiones es que el gasto programado para el año próximo excedería los ingresos estructurales proyectados y que, en materia de deuda, se traspasaría la pared “entre 2 y 4 % del PIB”, reversándose las trayectorias de ajuste del déficit y de la deuda neta que venían trazándose después la pandemia.

El documento del Carf coincidió, un par de días después, con un seminario convocado por el director del Departamento de Planeación y el periódico La República en el cual, como lo explicó con claridad el doctor González, se quería conversar académicamente sobre los problemas fiscales frente al Gobierno en 2024 y la forma de tratar el componente verde del gasto público. El director manifestó su genuina preocupación por el hecho de que a este gobierno le tocó en suerte la que llamó “pandemia fiscal”, es decir, la prioridad otorgada al pago de la deuda pública sobre la inversión. Pidió, entonces, que autoridades y analistas nos pusiéramos en los zapatos del Gobierno, en particular de las rigideces a las cuales está sometido para gastar.

Es entendible la angustia del director de Planeación. Pero al Gobierno le toca aceptar las inflexibilidades fiscales y apuntarle a recuperar la estabilidad macroeconómica. Tiene mucho por hacer en materia de eficiencia del gasto público para abrir espacio a la inversión. Y debe evitar desmadres como el congelamiento de los peajes o los gastos no programados que trae consigo la reforma de la salud.

La incertidumbre sobre el financiamiento del déficit aconseja, además, cumplir la regla fiscal y obedecer a los expertos del Carf.

CARLOS CABALLERO ARGÁEZ