Democratización del crédito agropecuario

Adelantar una transformación productiva en el campo para mejorar la oferta de alimentos y enfrentar desafíos como el hambre y la inflación son dos retos enormes que tienen una exigencia común: garantizar a los sectores del agro que nunca han tenido oportunidad de financiación al crédito para mejorar su capacidad de producción.

Generar las condiciones para que miles de familias puedan producir alimentos apoyadas con créditos formales y baratos es una obligación del Ministerio de Agricultura. Solo así podrán liberarse de esquemas perversos de financiación con altas tasas que los ahogan económicamente. Por ello, en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario –espacio de gran relevancia para definir la política de financiamiento– no solo se reorientaron recursos hacia el muy pequeño productor, aquel que tiene ingresos de menos de 50 millones de pesos al año y activos inferiores a 148 millones, sino que se fijaron nuevas condiciones para que su a este crédito tenga posibilidades reales.

Esta nueva categoría de oferta crediticia prioriza a la mujer, para fortalecer su independencia y autonomía económica, y al joven rural, para que este encuentre en las actividades del agro una manera de desarrollar su vida profesional. Bajo este panorama, el Ministerio de Agricultura y el Fondo para el Financiamiento Agropecuario (Finagro) diseñaron nueve líneas especiales de crédito, cada una con un objetivo específico y con condiciones favorables en tasas de interés y plazos.

Ya se destinaron, y están disponibles en todas las entidades financieras, 150.000 millones de pesos para subsidiar estos créditos que, además, serán los más baratos del mercado, con intereses de entre el 8 y el 13 por ciento efectivo anual, dependiendo del caso.

Pero adicionalmente, como se ha explicado que no todas las tierras se adjudicarán gratis y que, dependiendo de sus ingresos, el nuevo propietario tendrá que asumir un porcentaje del valor de la tierra, estas líneas de crédito también se articulan con la reforma agraria a través de la financiación a largo plazo para compra de tierras de uso agropecuario.

Así mismo, se creó un crédito especial para los pequeños arroceros que podrán adquirir la infraestructura y los equipos necesarios para secado y almacenamiento del grano. Las condiciones financieras son muy favorables precisamente para que empiecen a fortalecer su cadena de producción y den el primer paso para desligarse de la subordinación a los molinos.

La apuesta del presidente Gustavo Petro por una producción más limpia y con reducción de huella de carbono también se refleja en el crédito de economía verde que apalanca la siembra de bosques, el sostenimiento de sistemas silvopastoriles y demás actividades agropecuarias sostenibles.

Sí, es cierto, ser funcionario público implica grandes esfuerzos y sacrificios personales, pero sin duda, estos se compensan con la oportunidad de poder tomar decisiones que verdaderamente beneficien las necesidades de quienes han estado marginados. La inclusión crediticia para aquellos sectores que no habían tenido crédito formal no solo fue una promesa de campaña del señor presidente Petro, sino que es una verdadera necesidad de los pequeños productores.

Hoy, ellos son una gran prioridad de este gobierno y gracias a la democratización del crédito agropecuario están muy cerca de dejar de ser el eslabón más débil de la cadena. En el gobierno del cambio, el Ministerio de Agricultura y sus agencias se esfuerzan todos los días para cumplirle al sector rural colombiano.

CECILIA LÓPEZ MONTAÑO

Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural

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