Con conectividad habrá seguridad / Análisis de Juan Manuel Galán

La conectividad vial y virtual es directamente proporcional a la seguridad territorial en Colombia. En áreas con presencia criminal significativa, la conectividad es básica para mejorar las condiciones de seguridad y crear oportunidades de desarrollo socioeconómico; agroindustria, turismo, emprendimiento, que permitan a los jóvenes construir un proyecto de vida en el territorio.

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Colombia cuenta con aproximadamente 142.000 kilómetros de vías terciarias. Sin embargo, apenas el 6 por ciento están en buen estado, lo que equivale a 8.520 kilómetros. Las vías terciarias son vitales para integrar las regiones rurales a la economía nacional. Gran parte del territorio está aislado debido a la topografía y la falta de infraestructura vial. El aislamiento impide el desarrollo económico y facilita la actividad criminal.

Las vías terciarias permiten la movilidad de la Fuerza Pública. Facilitan la respuesta rápida a incidentes y operaciones en contra de estructuras criminales que hoy, junto con el sector público, ofrecen las únicas oportunidades de empleo e ingreso.

El desarrollo económico llega conectando veredas y cabeceras municipales, porque hay a mercados y servicios, se abarata y mejora la calidad del transporte, se estimulan actividades legales y se reduce la dependencia de economías ilegales.

El a servicios básicos se optimiza con una mejor cobertura y calidad de la educación y la salud pública. Se fortalece el capital social, se reduce el riesgo de reclutamiento y extorsión por parte de organizaciones criminales.

En materia de estructuración, un plan para desarrollar vías terciarias en zonas con fuerte presencia criminal empieza por identificar prioridades. Los municipios Pdet (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) y Zomac (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado).

La participación comunitaria es la base de su legitimidad. Es esencial involucrar a las comunidades locales en la planificación y ejecución para garantizar que las vías cubran sus necesidades.

La articulación interinstitucional es necesaria entre la Fuerza Pública, el Ministerio de Transporte, los gobernadores y alcaldes, las RAP (Regiones istrativas de Planificación), las juntas de acción comunal y los empresarios, en el propósito de una ejecución coherente y segura.

Para financiar este plan se pueden explorar varias fuentes. Fondos gubernamentales con la asignación de recursos del presupuesto nacional y regional en infraestructura.

La cooperación internacional a través de apoyo y financiación del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Iniciativas privadas con incentivos fiscales y obras por impuestos que permitan estimular la inversión privada con asociaciones público-privadas (APP).

La ejecución del plan debe tener como centro de gravedad la transparencia. La contratación puede hacerse con los batallones de ingenieros militares, lo que ofrece dos grandes ventajas. En primer lugar, reduce el riesgo de corrupción. Además, es la oportunidad para que la Fuerza Pública se gane el corazón y la mente de la población, componente vital para una seguridad sostenible.

La supervisión debe ser continua desde la sociedad civil; la interventoría, rigurosa con un seguimiento técnico que incluya lo financiero, contable-istrativo y jurídico. Estos mecanismos aseguran avance y calidad del trabajo, así como también transferencia de conocimiento y capacidad a la población para desarrollar futuros proyectos y mantener lo construido.

La alianza entre los batallones de ingenieros militares y las comunidades garantiza construcción de confianza y seguridad de los trabajadores en zonas de explotación de rentas criminales. Fortalecer su pie de fuerza con un servicio militar para hombres y mujeres y poner a disposición bancos de maquinaria son también herramientas necesarias para el éxito del plan.

En Colombia solo el 28,8 por ciento de los hogares rurales tienen a internet. La conectividad virtual permite una mayor transparencia en la istración local, hace más difícil la corrupción y la cooptación del poder político territorial.

El a internet satelital en áreas rurales juega un papel vital en la seguridad. En materia de educación y formación de competencias para el trabajo, proporciona una puerta de entrada a la información. La virtualidad permite la telemedicina y abre también oportunidades que fortalecen la sociedad civil.

La comunicación y coordinación entre la sociedad civil y las autoridades locales articula una acción preventiva, además de reactiva en zonas de presencia y actividad criminal.

Para estructurar un plan de internet satelital en zonas rurales es necesario realizar una evaluación de necesidades que priorice las áreas más desconectadas y con presencia territorial consolidada de grupos criminales. También se requiere una infraestructura básica que asegure la instalación y disponibilidad de estaciones receptoras. Una capacitación local que garantice el mantenimiento y la operación de los equipos.

El financiamiento puede provenir de inversión pública con partidas específicas en los presupuestos nacionales, regionales y locales. Para este objetivo, el recorte en burocracia y gasto público improductivo es justo, prioritario y necesario.

La búsqueda de subvenciones y préstamos de organismos internacionales especializados en tecnología y desarrollo es otra opción. Además, la colaboración con empresas de telecomunicaciones satelitales para recibir apoyo técnico y financiero es otro frente por explorar.

En la ejecución del plan se requieren licitaciones transparentes, competitivas, con pluralidad de oferentes para seleccionar proveedores de tecnología y servicios. También, instalar estaciones receptoras y realizar pruebas que aseguren su funcionalidad. Además, desarrollar un sistema de monitoreo y mantenimiento regular que garantice una operación continua y confiable.

Más conectividad es más seguridad territorial en Colombia. Si hacemos una apuesta de país, será posible estabilizar y consolidar una presencia estatal integral e interagencial. En otras palabras, recuperaremos territorialmente el país para el Estado de derecho. La mejora de la conectividad terrestre y virtual en regiones con alta incidencia criminal aumentará y hará sostenible la seguridad. Abrirá nuevas oportunidades que impulsen el desarrollo socioeconómico, reduzcan la pobreza, estimulen rentas legales, en detrimento de las ilegales que fondean la violencia y el crimen.

Los planes integrales de vías terciarias e internet satelital requieren una visión estratégica de corto y mediano plazo. También, la articulación de múltiples actores: Gobierno Nacional, Fuerza Pública, comunidades locales, sector privado, inversionistas extranjeros y cooperación internacional. Solo a través de un esfuerzo coordinado y sostenido, como política de Estado, se podrán materializar para una Colombia segura y con oportunidades.