El rol del sector privado en la integración de los migrantes

El último quinquenio ha sido uno de los más críticos para América Latina en términos de desplazamiento externo. Más de 5,6 millones de personas han salido de Venezuela por diferentes razones, impulsadas fundamentalmente por la inseguridad, la necesidad de encontrar mejores oportunidades y por la situación sociopolítica que atraviesa el país, de acuerdo con las cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Este escenario se ha constituido como el mayor desplazamiento de este tipo en la historia de la región y el segundo a nivel mundial.

Actualmente, más de 4,6 millones de migrantes de Venezuela residen en 17 países de la región, lo que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los países fronterizos y por momentos la ha desbordado. Desde el 2018, la respuesta de los gobiernos de la región ha sido acompañada y apoyada por iniciativas como la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), conformada por cerca de 200 organizaciones socias y coliderada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a solicitud del secretario general de Naciones Unidas. Sin embargo, es claro que la integración efectiva depende en gran medida del apoyo de diversos actores determinantes en las comunidades de acogida, y el papel que desempeñe el sector privado en el manejo de la situación.

En la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se puede evidenciar que el manejo de la migración es parte integral de los esfuerzos globales para reducir las inequidades y erradicar la pobreza; a la vez que evidencia la necesidad de crear alianzas para cumplir con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo apoyos del sector productivo para la ejecución de actividades enfocadas en la asistencia humanitaria, la integración socioeconómica, la salud, la migración laboral y la lucha contra la trata de personas, entre otras.

El sector privado juega un rol determinante en la integración socioeconómica, ya que las empresas no solamente tienen un papel crucial en la capacitación y en la empleabilidad de las personas refugiadas y migrantes, sino también porque pueden ser parte esencial de los proyectos de desarrollo de las comunidades receptoras que requieren de oportunidades que las beneficien. Sobre este último punto existen valiosos progresos. A través de USA for OIM, coordinado por la Oficina de la OIM en Estados Unidos, hemos podido impulsar la acción y la inversión en iniciativas de migración, fomentando las alianzas con el sector privado, filantrópico y el mundo académico para desplegar una gran diversidad de programas en la región, orientados a una integración efectiva de los migrantes.

Un ejemplo de ello es la iniciativa multipaís Apoyo a la Integración Productiva de Migrantes Venezolanos, desarrollada en Perú y Colombia con la ayuda de la Fundación Citi, que contó con una inversión de 1 millón de dólares estadounidenses para apoyar los emprendimientos de migrantes venezolanos, retornados colombianos y comunidades de acogida, mediante inyección de capital para la financiación e impulso de sus negocios, capacitación para el desarrollo de habilidades de negocio y educación financiera.

La creación de valor a partir del fortalecimiento del capital humano y la generación de oportunidades laborales para la población migrante es un aspecto clave en el que el sector privado tiene gran injerencia. Su posición única le permite contribuir no solo con la movilización de recursos, sino con la generación de soluciones creativas propias de su espíritu innovador y emprendedor, y ser una pieza clave en el fortalecimiento del vínculo humanitario.

La migración genera un impacto positivo y un aporte formidable al desarrollo de las comunidades de acogida, y es una oportunidad que le permite a los receptores ser verdaderos agentes de desarrollo social, económico y productivo. Para ello es evidente que se deben seguir sumando esfuerzos de inclusión, y estos deben ser multisectoriales e integrales.

DIEGO BELTRAND