Todos contra la corrupción

Los hechos de corrupción que se han destapado en los últimos días sacuden las bases que sostienen la estructura de nuestro Estado de derecho. No es lo mismo que se corrompa un ciudadano a que se corrompa un juez de la República.

Justo cuando empezamos a salir del conflicto armado, el fenómeno de la corrupción puede dar al traste con la esperanza de construir una paz estable y duradera. Por ello, frente a una crisis como esta, no podemos llorar sobre la leche derramada. Es el momento en que debemos asumir posiciones radicales para evitar que se vayan por el ‘agujero negro’ de la corrupción los inmensos recursos del posconflicto.

¿Cómo hacer? Es cierto que hay problemas de formación ética, sobre los cuales es indispensable trabajar a fondo y con compromiso, pero también tenemos fallas en lo funcional y en el diseño del Estado.

Hay que erradicar la mala costumbre de resolver los problemas con la promulgación de normas. Ya no más normas. La solución es, ante todo, de actitud, de comportamiento tanto del sector público como del privado. Un gran compromiso de todos, pero para cumplirlo, no para estamparlo en el papel.

Resulta paradójico que en momentos en que cunde la corrupción, se tienda a quitarles dientes a los órganos de control. A la Contraloría General, por ejemplo, desde diferentes flancos le han intentado menoscabar su tarea. En 2014, una sala de la Corte Suprema, en fallo de tutela, ordenó a la Contraloría abstenerse de investigar a los magistrados de las altas cortes. Luego, hace dos años, la Corte Constitucional tumbó la función de control de advertencia con la cual la Contraloría podía llamar la atención de manera previa acerca de casos de gran impacto sobre el erario. Después le pidieron a la Corte Constitucional retirar las normas que inhabilitan para acceder a cargos públicos a ciudadanos que no han cumplido una sanción fiscal. Y ahora, como lo advertimos con el procurador Fernando Carrillo, la reforma política ha planteado que los fallos de las dos entidades que inhabiliten a servidores públicos para lanzarse a cualquier cargo de elección popular no serán vinculantes hasta tanto sean revisados por el Consejo de Estado.

Curiosamente, estas reformas que debilitan el Estado de derecho a veces tienden a prosperar, mientras que otras que son urgentes y aliviarían muchos problemas del país, como la de acabar con las 64 contralorías existentes y crear un solo órgano de control fiscal, no tienen el eco que merecen.

Es necesario hacer una cruzada común para fortalecer el sistema de frenos y contrapesos, tan preciado en nuestra Constitución, de manera que evitemos abrir las puertas a peligrosas aventuras populistas.

Desde la Contraloría General, con el concurso de todos sus funcionarios, estamos librando una gran batalla contra la corrupción. Hemos dejado al descubierto casos como Reficar, Juegos Nacionales de Ibagué, abusos con los recursos de los enfermos más pobres (los llamados por los medios ‘cartel de la hemofilia’ y el ‘cartel de los enfermos mentales’) o la mala utilización del Plan de Alimentación Escolar, que protege a 8 millones de niños, por mencionar solo algunos.

Y, a diferencia de otros tiempos, los corruptos están pagando. ¿Cuándo antes alguien se podría imaginar en Colombia una condena de más de 20 años para un alcalde de Bogotá por corrupción? ¿O cuándo alguien pensaría que pondríamos en tela de juicio a los de juntas directivas? Pienso que estamos viviendo el comienzo de una era en la que ya no se tolerará la corrupción. Por eso, los magistrados, jueces y fiscales honestos, que son la gran mayoría, deben empeñarse, sin vacilación alguna, en reivindicar a lo largo y ancho del país la institución a la cual pertenecen.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

* Contralor general de la República