El Gran Hermano dormido

La seguridad siempre ha sido un tema que preocupa a los colombianos. El pasado diciembre, José Daniel Gualdrón Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, mencionó que los hurtos en la ciudad tuvieron una caída del 18 %, lo que representa 26.214 hurtos menos con respecto a los del año anterior. Sin embargo, la percepción de inseguridad es creciente en todo el país, y más entre los jóvenes universitarios y sus familias. Muchos nuevos estudiantes deciden no hacer uso del sistema de transporte público o evitan caminar en la ciudad por el miedo de un atraco a mano armada o un raponeo.

Ahora bien, considero que los temas de seguridad se podrían mejorar para proveer un bienestar general si viéramos una transformación en las investigaciones criminales y en la impartición de la justicia con penas alternativas, asuntos que venimos reclamando como generación por años.

Hace unas semanas, mi hermana fue víctima de hurto en el barrio en el que vivimos. Puso la denuncia en el CAI más cercano, entregó descripciones de la persona, placa de la moto, hora y lugar para que pudieran revisar cámaras. Incluso, días después, le entregó a la policía la localización en la que supuestamente estaba el celular. Sin embargo, la respuesta de la policía fue que las cámaras no servían y no podían revisarse, que hacía falta saber el número de cédula y abrir un proceso en la Fiscalía para poder proceder a la recuperación del celular.

Se surtió todo el proceso, el cual tomó cerca de un mes, y esta mañana, sin ningún asomo de vergüenza, apareció el mismo ladrón a intentar robar a una señora con la que esperábamos el alimentador. Afortunadamente no logró su cometido, pero varias personas, luego del robo frustrado, mencionaron que les había pasado algo similar con el mismo motociclista.

Seguramente lo que les cuento no es novedad y pasa en todos los barrios de la ciudad. Muchos saben en qué esquinas roban, en cuáles calles es mejor no transitar, quiénes son los que roban y dónde venden lo robado. El hecho de que los delincuentes sigan impunes hace que surja la creciente desazón de la injusticia, la falta de credibilidad en las instituciones y la violencia entre ciudadanos.

Si estamos tan rodeados de cámaras que vigilan la velocidad, los mal parqueados o supuestamente velan por la seguridad en todos los espacios como el Gran Hermano de Orwell en ‘1984’, ¿por qué no funcionan para atrapar ladrones?, ¿cuándo se piensa actualizar el proceso y protocolo de denuncia o fortalecer la inteligencia investigativa de la Policía?; incluso, es sabido que los celulares ya indican dónde fueron robados y dónde los tienen, ¿por qué la policía se demora tanto en actuar o deciden abiertamente no intervenir los lugares en los que se venden las cosas robadas?, ¿por qué estas instituciones no ven la tecnología como aliada para impartir control y justicia?

Sabemos que a la inseguridad la subyacen muchas otras problemáticas como la falta de educación, civismo u oportunidades laborales, asuntos en los que debería trabajar el Gobierno Nacional y las alcaldías. Ese proceso es lento y se requieren muchos actores para un cambio cultural completo, por lo que considero que es importante trabajar para fortalecer el actuar de nuestra Policía y las herramientas que tienen en sus manos para acabar con la delincuencia.

Recientemente Galán habló de crear una fuerza complementaria a la Policía que funcione como “gestores del orden” para evitar hurtos y solucionar conflictos entre ciudadanos. La idea es buena, pero puede que, sin una reforma de la justicia, inclusión de soluciones tecnológicas y renovación a los modos de denuncia e investigación de la delincuencia, se quede en lo que son hoy los gestores de convivencia, un desfalco a la nación y un trapo de agua tibia para un problema estructural.

ALEJANDRO HIGUERA SOTOMAYOR

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