Falta la oferta

El presidente Petro hizo una advertencia contundente a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc): “Si no son capaces de desmantelar a sus grupos, como hemos solicitado, simplemente serán destruidos por el Estado”. En otras palabras, se someten o se exterminan.

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En principio, la declaración tiene sentido. El Estado debe combatir a los grupos armados que amenazan a la institucionalidad y a la ciudadanía, al tiempo que debe ofrecer una salida jurídica para su desmantelamiento. Además, las declaraciones fueron una respuesta ante un hecho concreto, cuatro militares acababan de morir en combates con las Agc. El Presidente tenía que sentar una posición contundente.

No obstante, la alternativa de sometimiento que ofrece el Gobierno para que la única salida no sea la destrucción de las Agc es muy difusa. Más allá del tratamiento por la justicia ordinaria no hay ninguna oferta de sometimiento concreta, no solo para las Agc sino para cualquier otro grupo distinto al Eln y a los ex-Farc. Un mes atrás, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) hicieron un evento en la Sierra Nevada para aclimatar alguna propuesta de paz, nadie de la Oficina del Comisionado de Paz asistió. Es evidente que el proyecto de ‘paz total’, como un espacio de negociación para reinsertar a combatientes y transformar las condiciones sociales de las comunidades donde operan, no contempla aquellos grupos que se consideran reciclajes del paramilitarismo.

Se pueden argumentar razones para no negociar en términos políticos como se hace con los reciclajes de las guerrillas, pero es necesario plantear al menos un tipo de negociación distinta al sometimiento por la justicia ordinaria. Un sometimiento bajo la legislación actual (la ley de sometimiento propuesta por el Gobierno duerme en el Congreso) es en esencia un procedimiento individual. Serviría para resolver los problemas judiciales de un grupo relativamente pequeño de mandos, no para resolver la situación de una tropa que supera la cifra de varios miles. Incluso, para los líderes de grupos como las Agc y las Acsn sería más razonable negociar directamente con la DEA y resolver de una vez sus problemas con la justicia de Estados Unidos.

El Gobierno deja de lado la razón más importante para buscar algún tipo de acuerdo con estos grupos: la desmovilización de su tropa, una condición necesaria para alcanzar la paz total. Se necesita una oferta de sometimiento, o una oferta de como la quieran llamar que sea aceptable para ambas partes –Gobierno y grupos armados–. La oferta debe estar concebida para retirar de manera efectiva el mayor número de combatientes y propiciar las condiciones para la entrada de las fuerzas de seguridad del Estado, de modo que se minimicen las consecuencias de posteriores reciclajes de las organizaciones armadas existentes.

La oferta de sometimiento debe considerar, en ese sentido, incentivos que involucren de manera diferenciada a todos los niveles de la organización con una desmovilización definitiva: comandantes, mandos medios, tropa rasa, especialistas en logística, operadores de economías criminales, etc. La oferta también debe contener planes con las comunidades locales para suplantar las economías ilícitas y la implementación de las instituciones del Estado en el territorio. Es una negociación menos compleja que las negociaciones con el Eln y las ex-Farc porque no involucra derechos políticos y transformaciones estructurales del sistema político y económico.

El Estado está obligado a combatir a todos los grupos armados, pero lo que no conduce a nada es proponer solo sometimiento a algunos de ellos, en razón de sus orígenes, sin ofrecer algún tipo de acuerdo para su desmovilización. La paz para que sea total demanda alcanzar acuerdos con todos los grupos, a menos que el Presidente crea que es factible una situación de derrota absoluta o rendición incondicional.

GUSTAVO DUNCAN