Sin cárceles no habrá seguridad

Con la aprobación de la ley de fortalecimiento de la seguridad ciudadana se logra el objetivo que busca que la mayoría de las personas que cometen delitos terminen con medida privativa de la libertad. Sin embargo, no existen planes claros para crear los nuevos cupos carcelarios que se requieren, y menos para solucionar el grave hacinamiento que hoy tienen las cárceles nacionales, las URI y las estaciones de policía.

Hay que anotar que el hacinamiento de las URI y estaciones supera el 160 %. Son más de 20.000 privados de la libertad amontonados, donde cada detenido sobrevive en menos de un metro cuadrado y algunos llevan meses, e inclusive años, en esa condición; a todas luces, una situación violatoria de los DD. HH. Además, son más de 2.000 policías asignados para la custodia de los capturados, personal que debería estar en las calles garantizando la seguridad de los ciudadanos.

Esta situación no tiene solución en el inmediato plazo, y no existen planes nacionales para solucionarla en el mediano y largo plazo, y a nivel local no pasan de diez los municipios y ciudades que pueden invertir en nuevos cupos carcelarios. Para el Ministro de Justicia, el problema lo deben solucionar los alcaldes y gobernadores, con la construcción de cárceles, o establecer convenios con el Inpec para que las cárceles nacionales reciban presos del orden local, como lo establece el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993).

Sin embargo, estos artículos requieren ser precisados a través de un decreto, por el Gobierno Nacional, que aclare por lo menos dos elementos. El primero, que defina con precisión la población privada de la libertad por la cual debe responder cada entidad territorial. Por ejemplo, ninguna disposición normativa precisa cuáles son los criterios para definir cuándo un detenido preventivo es responsabilidad de una entidad territorial: ¿el arraigo procesal del detenido? ¿Su domicilio? ¿El lugar de nacimiento del detenido? ¿El lugar de ocurrencia de los hechos? Además, ¿cuál autoridad territorial debe hacerse responsable de un detenido preventivo que tiene diversos procesos penales en curso y en distintos territorios?

El segundo, como lo señaló el Consejo de Estado en mayo de 2010: “... si bien las entidades territoriales pueden celebrar convenios con el Inpec para establecer sobresueldos a los empleados de los centros de reclusión del orden nacional, donde estén recluidos detenidos preventivos a su cargo, el Gobierno Nacional debe expedir un decreto en el cual fije el monto del sobresueldo que puede pactarse”. En tal sentido, se observa otro obstáculo, relacionado con un déficit normativo, que imposibilita materializar lo establecido en la Ley 65 de 1993.

En este sentido, el Gobierno Nacional debe avanzar en esa línea normativa para que más ciudades, municipios y departamentos se comprometan en la solución de esta problemática, pero también en buscar soluciones prontas, como lo está haciendo Bogotá, que en el último periodo creó 450 cupos, está construyendo un centro de privación de la libertad para 500 internos, realizó el convenio con el Ministerio de Justicia para construir una nueva cárcel distrital en predios de La Picota para 2.200 internos y ha hecho inversión para mejorar las salas de retenidos de las estaciones y URI.

Si esto no se hace, la situación de hacinamiento se va a agravar aún más, ya no hay dónde recluir infractores de la ley penal. De lo contrario, las cárceles nacionales deben regresar a tener un hacinamiento superior al 50 %. Esta situación es completamente irracional. Amontonando privados de la libertad no se mejora la seguridad, antes la empeora.

Finalmente, hay que ampliar la justicia restaurativa para los adultos, como se está haciendo con los jóvenes que infringen la ley penal, y pensar en medidas alternativas a la privación de la libertad, como cárceles que funcionen los fines de semana para determinados delitos.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

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