Con cierta timidez, es cierto, pero al fin y al cabo Petro y Lula se armaron de valor para reconocer lo que por años callaron. Aceptaron lo que todo el mundo ya sabía, y el presidente de Chile, Gabriel Boric, había expresado con total claridad: en la Venezuela de Maduro hay una “deriva autoritaria y una constante violación de los derechos humanos”.
En el caso de Petro, en parte orillado por la carta firmada por 20 congresistas de distintos partidos colombianos en la que le pedían romper el silencio frente a las condiciones para las elecciones presidenciales en Venezuela, el colombiano calificó de “golpe antidemocrático” la inhabilitación de María Corina Machado como candidata a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Machado es la opositora al régimen que se perfila para derrotar en las urnas a Maduro cuando por fin haya elecciones democráticas, libres y limpias en Venezuela.
Recordando su propia inhabilitación como alcalde de Bogotá en 2013, pero refiriéndose a Venezuela, Petro habló de “la necesidad de preservar el derecho político, a elegir, ser elegido, a participar en igualdad de condiciones en el Estado, no solamente es un derecho político individual (...). Es un derecho de la sociedad, fundamental”.
La reacción de Maduro ha sido totalmente predecible: a los gobiernos de izquierda los ha tachado de cobardes.
En el caso de Lula, hubo que esperar a que los esbirros de Maduro en el Consejo Electoral excluyeran también la candidatura de Corina Yoris, postulada como posible sustituta de María Corina Machado a las presidenciales, para emitir un muy mesurado mensaje en el que expresaba la “preocupación” del Gobierno por los últimos desarrollos en Venezuela y calificaba como “grave” el veto a Yoris, invitando a Maduro a “reconsiderar la exclusión”.
Aparte de la crítica de los tres principales gobiernos de izquierda del hemisferio, también los líderes de los gobiernos electos democráticamente en Guatemala, Perú, Costa Rica, Ecuador Argentina, Paraguay expresaron su repudio al proceso electoral venezolano. Para el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Omar Paganini, Venezuela se está “consolidando como una dictadura y el proceso electoral se ha desvirtuado por completo”.
Fuera de América Latina también se han escuchado críticas. La Unión Europea ha manifestado su “profunda preocupación y lamentado el proceso irregular y opaco que ha impedido a algunos partidos registrar a sus candidatos presidenciales”.
La reacción de Maduro ha sido totalmente predecible: a los gobiernos de izquierda los ha tachado de cobardes. Una acusación que me recuerda las excusas de la vieja izquierda para ocultar los crímenes de Stalin. Y a los demócratas de serviles al imperialismo yanqui.
Creo, sin embargo, que de mayor peso que las declaraciones condenatorias, podría ser la reposición de las sanciones económicas estadounidenses a las transacciones venezolanas con el petróleo, gas y oro, que se suspendieron a condición de permitir elecciones limpias y justas en Venezuela.
De aquí a julio, muchas cosas pueden suceder y me conforta saber que ya EE. UU ha denunciado que los arrestos recientes de activistas opositores y los obstáculos para inscribir candidatos del antichavismo “socavan” la posibilidad de elecciones competitivas en el país, como se procurara en las negociaciones del Acuerdo de Barbados, y ha pedido la liberación de los presos políticos y cesar el acoso a de la sociedad civil.
Falta ver si Maduro finalmente acepta que no tiene otra opción racional que asegurar unos comicios libres, justos y democráticos en Venezuela.