De tumbo en tumbo

Que habrá impuesto a las bebidas azucaradas, que no, que sí. Que la limitación de los tres períodos por congresista será en total y ya no por Cámara. Que habrá impuesto a los planes de celulares; que ya no. Que la financiación de la reforma agraria se hará con impuestos catastrales; que hay que revisarlo. Todo esto lo que pone de presente es que se está improvisando y que de coordinación, pocón, lo cual no le conviene al nuevo gobierno.

¿Quién puede estar en desacuerdo con la denominada “paz total”? Nadie. Pero la forma como se comunica en qué consiste y cómo se pondrá en marcha empieza a dejar toda clase de interrogantes, aparte de que sus múltiples voceros no tienen un solo libreto, ni una respuesta certera acerca de la suerte de los narcocultivos.

La primera discusión que han dejado abierta es el mecanismo legal que servirá para someter a la justicia a las organizaciones criminales. Inicialmente se habló de que sería una reforma de la Ley 418, de orden público, pero ahora se dice que la idea está en remojo. No es un asunto formal, sino sustancial, porque define si se llevará a cabo una negociación o un sometimiento. Nadie puede olvidar que la esencia de la Ley 418 de 1997 fue facilitar negociaciones políticas con organizaciones armadas al margen de la ley, lo que, claramente, sería inaplicable para las bandas delincuenciales de hoy.

Se afirma que el diseño de un nuevo camino legal obedece a la necesidad de llevar a cabo sometimientos colectivos, porque “hoy, el sometimiento es individual”. Eso es falso. La Ley 1908 de 2018 reguló expresamente los “acercamientos colectivos con los grupos armados organizados”, a partir de dos instancias: una, que se tramita con el Gobierno, con el que se definen las bases esenciales para la desarticulación del grupo criminal, y otra, que le corresponde a la Fiscalía, para efectuar la judicialización individual. Un enfoque muy interesante, en el que la responsabilidad funcional del asunto recae en el Ejecutivo, y el ente acusador, como autoridad judicial, no participa en las “negociaciones” respectivas.

Se dice que la nueva ley busca que la “paz total” llegue de la mano de “entrega de información y de verdad”, como si esa no fuera la razón de la Ley 1908. Hoy en día, la viabilidad del sometimiento colectivo depende, entre otras cosas, de que las bandas entreguen información detallada y comprobable sobre sus actividades económicas ilícitas, sus testaferros, sus distintas estructuras auxiliares y la identificación de los servidores públicos que les sirven de apoyo. Complementariamente tienen que entregar toda la información conducente para la identificación de las víctimas de sus delitos.

Por si fuera poco, la ley promulgada a finales del 2018 obliga a estas organizaciones a relacionarle al Gobierno sus fortunas ilegales, para que de inmediato se lleve a cabo un procedimiento abreviado de extinción del dominio de sus patrimonios.

Si la normativa existente es más que suficiente, ¿por qué el interés de tramitar una nueva legislación y, para colmos, sin consultar la opinión del Fiscal y la Procuradora, por lo que se sabe? Pensándolo bien (o mal), puede ser por algún pacto o algún interés de eliminar la norma que viabiliza la extradición de cabecillas, aunque hayan participado en procesos de sometimiento colectivo, al amparo que lo que llaman la “verdad y los derechos de las víctimas”, que constituye un retruécano o, mejor, una pomposa forma para hacer trizas la extradición, por la vía de su diferimiento. Habrá que verlo. Otra razón que empieza a coger fuerza es el interés de que se abra paso, también, para los delincuentes comunes, la denominada justicia restaurativa “en beneficio de las víctimas”. Tanto manoseo a las víctimas, por el simple prurito de cambiar las duras penas de hoy por “trabajo social”, en favor de quienes asesinan a diario a nuestros policías, campesinos y líderes sociales.

Taponazo. El cinismo a flor de piel, cuando se anuncia que la reducción del salario de los congresistas ¡solo arranca en el 2026!

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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