El presidente electo Gustavo Petro tiene cuatro grandes retos en materia de seguridad ciudadana: el primero es construir una estrategia en asuntos de seguridad que sí pueda golpear directamente a las estructuras del crimen organizado que operan en las principales ciudades del país. Los alcaldes y secretarios de seguridad a nivel nacional han sido temerosos de reconocer que en sus ciudades operan bandas del crimen organizado con capacidades en inteligencia, logística y armamento, estructuras que ejercen un control territorial en muchos barrios, que incluso han llegado al punto de construir portafolios de negocios legales que istran paralelo al narcotráfico, la extorsión o cualquier otro delito.
En este sentido, se necesitan dos esfuerzos: primero, un aumento de pie de fuerza en el área de inteligencia policial para poder ubicar y entender todo el entramado del negocio criminal para poder así golpear su modelo de finanzas, no simplemente quedarse en la captura de cabecillas que finalmente no afecta la organización; segundo, una inversión en ciencia y tecnología para la vigilancia preventiva, es decir, más drones, más centros de comando y control, y adquirir cámaras de reconocimiento facial.
El segundo reto es cerrar la puerta giratoria de la impunidad. Para esto el gobierno Petro tiene el desafío de construir una reforma a la justicia que cierre la puerta giratoria en la que la policía captura y jueces y fiscales dejan en libertad a los delincuentes en pocas horas. Esta reforma no es solo frente a la congestión judicial, sino que debe implicar una nueva arquitectura legislativa frente a varios delitos.
El tercer reto es atender la crisis penitenciaria, que no se limita a un tema de hacinamiento, que en muchas cárceles del país supera hasta el 500%, uno de los más altos de América latina, sino que implica retomar el control real de las cárceles. Hoy las estructuras del crimen organizado tienen toda una infraestructura para seguir delinquiendo dentro y fuera de la cárcel (muchos de los delitos que se comenten en las calles de Bogotá , Cali o Medellín vienen ordenados desde centros penitenciarios), ejemplo de ello son los famosos call center carcelarios, donde los de las bandas, con inventario en mano, tienen largas listas para extorsionar y hacer ajustes de cuentas; sin hablar de temas de corrupción dentro de las cárceles como en el caso Matamba.
El cuarto reto es tener una buena relación con la Policía. Desde los cuartales ha crecido la incertidumbre frente a la reforma que sacaría a la Policía del Ministerio de Defensa y pasaría al nuevo Ministerio de la Paz y la Convivencia. Como todo cambio, genera muchas tensiones, pero de un buen manejo y de una buena transición podrían darse avances positivos. El fondo de esta reforma, según Petro, es atacar problemas de corrupción, mejorar y elevar los estándares en materia de derechos humanos y mejorar las condiciones laborales y prestacionales de los policías, en especial de patrulleros y rangos de base.
Con este escenario es claro que el gobierno de Gustavo Petro tiene grandes retos en seguridad ciudadana, siendo esta una de las materias que tiene mayor cantidad de quejas, y necesidades, de la mayoría de los ciudadanos. Desde el 7 de agosto comienza la contra reloj de las reformas, de las que esperamos empiecen a dar resultados rápidos. El mayor temor de los colombianos es seguir exponiendo la vida en las calles por un celular o una bicicleta.
NESTOR ROSANÍA