En catorce días, el candidato Edmundo González Urrutia ganará las elecciones presidenciales en Venezuela. Le propinará una paliza a Nicolás Maduro: el promedio de encuestas lo sitúa en más del 60 % de los votos, y a Maduro en un 25 %. Mientras González y la líder opositora María Corina Machado –inhabilitada por el régimen– encabezan enormes manifestaciones, Maduro no llena las plazas. El miércoles, en San Cristóbal, antes de presidir una lánguida marcha, un micrófono abierto captó su voz: “Esto se ve feo, poca gente”, dijo a sus acompañantes.
Maduro perdió la calle, y perderá el poder si el régimen chavista no suspende el proceso electoral, o si no se produce un fraude, que tendría que ser de proporciones monumentales. Como de seguro habrá encuestas a boca de urna, y eso permitirá saber qué pasó, la trampa quedaría en total evidencia.
¿Cómo lograr que Maduro respete el resultado? La presión internacional es clave. Washington, que hizo ingenuas concesiones al régimen como la liberación de Álex Saab a cambio de nada, debe apretar las tuercas. Y tiene con qué. Fiscales federales de Nueva York acaban de divulgar una acusación formal contra Maduro en la que, por primera vez, lo involucran de modo personal en el envío de cientos de toneladas de cocaína del cartel de los soles (un grupo de generales de las Fuerzas Armadas).
Maduro recibió millones de dólares por proteger al cartel y a sus aliados, antiguos jefes de las Farc. Si no respeta el resultado, la justicia estadounidense lo perseguirá sin tregua. A él y a su familia.
Según la indagación penal, Maduro recibió millones de dólares por proteger al cartel y a sus aliados, antiguos jefes de las Farc. Si no respeta el resultado, la justicia estadounidense lo perseguirá sin tregua. A él y a su familia. Si acepta irse, podrá salir indemne. Dejar limpio a Maduro resulta indignante, pero es válido si garantiza que se largue. En recientes os entre funcionarios de Biden y de Maduro, Washington ha enviado ese mensaje.
La presión también debe venir de la Unión Europea y de los gobiernos de América latina. Como dijo esta semana un editorial de ‘The Washington Post’, los líderes democráticos del mundo deben “pronunciarse a favor de una votación libre y justa (...). Esta podría ser la última y mejor oportunidad de Venezuela...”.
La UE anda mucho más preocupada por Ucrania y por Gaza. El presidente Gustavo Petro y su colega de Brasil, Lula da Silva, han pedido, con timidez, que el resultado sea respetado. Si no quieren quedar como cómplices de la narcodictadura, deben hablar mucho más fuerte. El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, está en deuda en ese campo. Otro presidente de izquierda, el chileno Gabriel Boric, les está dando una lección con sus constantes críticas a Caracas.
¿Qué interés puede tener Petro en que Maduro se vaya? Empeñado en que su partido siga gobernando después de 2026, la continuidad del desastroso gobierno de su vecino asustaría aún más a los votantes colombianos sobre lo que puede pasar aquí. Y Petro no quiere eso.
Otro tema son los militares venezolanos. Si hay fraude, la reacción popular no se hará esperar. ¿Desatarán los militares la represión? Los fiscales de la Corte Penal Internacional están en Venezuela, listos a llenar de pruebas expedientes contra los oficiales represores. Según el exiliado líder opositor Leopoldo López, los militares “están en un dilema”.
Si Maduro acepta irse, a cambio de muchos beneficios personales, tendrá seis meses para negociar, pues, según las normas, la posesión del nuevo mandatario será en enero. El candidato opositor González ha mantenido un tono conciliador sobre lo que podría pasar en ese período de transición, y ha dejado en claro que no habrá revanchismo ni venganza.
Aunque es muy difícil imaginar que Maduro vaya a ceder el poder, lo cierto es que, tras 25 años de catástrofe económica y social, de corrupción y represión, el fin del régimen chavista nunca había estado más cerca. Por eso, ningún líder que se llame democrático puede quedarse callado en estas dos semanas.
MAURICIO VARGAS
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