Recuperar la confianza

La encuesta Invamer que salió en mayo trae los datos de favorabilidad de algunas instituciones públicas, cifras de las que no se ha hablado mucho y que muestran cómo dichas entidades son percibidas por los ciudadanos. Según la encuesta, varias de ellas tienen una imagen mayoritariamente desfavorable, lo cual termina afectando una de las variables claves de la transparencia, la integridad y la no tolerancia con la corrupción: la confianza ciudadana.

La encuesta muestra, por ejemplo, que los organismos que se encargan de monitorear la ejecución transparente de los recursos y el buen quehacer de los servidores públicos, como la Contraloría y la Procuraduría, tienen una imagen desfavorable del 45 % y el 45,4 %, respectivamente. Organismos de la Rama Judicial, que se encarga de impartir justicia, tienen una desfavorabilidad del 53,2 %; la Fiscalía General, 49,3 %; Corte Constitucional, 55,3 y Corte Suprema 64,1 % (sistema judicial colombiano). Incluso organismos técnicos como el Banco de la República tienen una opinión mayoritariamente desfavorable en un 42,9 %.

Esta percepción de desfavorabilidad, que ha venido aumentando desde noviembre del 2020, puede estar influenciada por las necesidades sociales que dejó al descubierto la pandemia. Pero también es cierto que puede influir el hecho de que la ciudadanía está cada vez más informada sobre la operación y responsabilidad de la istración pública.

Las personas están genuinamente interesadas por los temas públicos. Se han constituido veedurías ciudadanas, observatorios ciudadanos, organizaciones no gubernamentales sobre transparencia y anticorrupción, comisiones ciudadanas de lucha contra la corrupción, entre otras. Grupos que jalonan al resto de ciudadanos a un entendimiento cada vez mayor de lo público y a un análisis crítico de la realidad nacional. He hablado con algunos de ellos, los he escuchado y entienden lo público. Saben cuándo la istración pública es eficiente, oportuna en atender necesidades y transparente, o por el contrario, cuando es negligente, falta de ética, irresponsable o corrupta.

Uno de los desafíos más importantes en gerencia pública será entonces restablecer la confianza en las instituciones, a través de información clara y transparente sobre las decisiones que se toman. Procurando que estas estén no solo bajo un marco normativo, sino que sean íntegras, moral y éticamente, y legitimas (razonables). En otras palabras, las acciones emprendidas por los líderes del sector público no están para generar beneficios propios, para quienes los rodean o para ciertos grupos específicos, sino que deben estar orientadas por el buen quehacer del servicio público, basadas en el interés general y el bienestar social. Con esta nueva ciudadanía no se vale responder que una acción es legal y permitida. Se vale decir que una acción, además de legal, se toma para beneficiar a cientos o a miles de personas.

La confianza de la ciudadanía se pone en riesgo cuando se gobierna unilateralmente, imponiendo soluciones desde un escritorio. Por el contrario, se fortalece al abrir canales para escuchar las necesidades de la ciudadanía, al tiempo que se explican de forma clara, asertiva y en un lenguaje sencillo las acciones adelantadas en el sector público. También es importante hacer pedagogía frente a las decisiones en sí mismas y el efecto esperado en la comunidad. Y, finalmente, mostrar los resultados, que estos hablen por la gerencia pública con hechos. Esto ayuda a fomentar de manera proactiva la integridad y la transparencia, a combatir la desinformación y a recuperar la confianza ciudadana.

PATRICIA RINCÓN MAZO

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