¿Preparan autoestallido social?

En medio de este escenario dantesco, el ministro Osuna anunció con especial desparpajo que el Gobierno anda haciendo lobby para que judicialmente se sostenga que la protesta social no constituye terrorismo ni concierto para delinquir, con el fin de que salgan de las prisiones los de la primera línea que, en medio del estallido social del 2021, fueron autores de gravísimos delitos contra la ciudadanía y la Fuerza Pública. No es la primera vez que se intenta esta extravagancia: empezó en medio del trámite de la ley para la ‘paz total’ y luego siguió con el anuncio de una ley estatutaria, ambas intentonas totalmente fracasadas en el seno del debate democrático del Congreso, gracias al repudio nacional. En Chile también naufragaron iniciativas análogas del gobierno de Boric.

Para entender lo que ocurre, hay que recordar que en el Foro de São Paulo se convino hace algún tiempo llevar a cabo una acción de movilización popular en la región, para obtener muchas de las aspiraciones ideológicas de la izquierda latinoamericana. En el fondo lo que se pretende es conquistar sus reclamos sociales, llevando a la calle la violencia ciudadana, para intimidar al poder instituido y a la ciudadanía inerme. Para el éxito de la “democracia callejera” es indispensable estigmatizar la acción de la policía y de la justicia frente al vandalismo, que se genera a la par de las revueltas. Para ello iniciaron un movimiento que busca lo que se denomina “descriminalización de la protesta social”.

Entre nosotros ese propósito se puso de presente, inicialmente, en medio del acuerdo de La Habana, en el que se pactó, como derecho de los exguerrilleros, que “junto con la movilización y la protesta pacífica se garantizarán los derechos de los y las manifestantes”. Como este párrafo no impedía a la Fiscalía judicializar sus desmanes criminales, en la ley estatutaria de la JEP (art. 30) se buscó –no inocentemente– que, aún después de la firma de la paz, los crímenes ocurridos con la protesta social fueran investigados solamente por la JEP. En el trámite de la ley me opuse firmemente a esa iniciativa, y gracias a ello la Fiscalía protegió a la ciudadanía, imputó los crímenes de los de la primera línea y, en el futuro, seguirá siendo la guardiana jurídica del orden en las marchas callejeras.

Habría que recordarle al ministro de Justicia que en el 2021 de la primera línea les quitaron la vida a 23 personas; secuestraron y torturaron agentes del Estado; amarraron y rociaron con gasolina a gente humilde; intentaron quemar vivos a diez policías entre un CAI, a la manera de Auschwitz; destruyeron cientos de establecimientos y miles de ciudadanos tuvieron que resguardarse en sus casas. No puede aspirar a que estos delitos queden impunes, tanto más si varios de los de esta organización se concertaron con propósito criminal. Ahora, si lo que pretende es que la Fiscalía sostenga que la protesta social no constituye ni terrorismo ni concierto para delinquir, busca una declaración inocua; basta ver las dos últimas marchas para que esté claro que las manifestaciones ciudadanas no violentas no constituyen delito alguno y la justicia no las persigue.

Pésimo el mensaje de Osuna en estos momentos, tanto más cuando a lo que aspira ocurre cuando el alto Gobierno anuncia que apelará a la movilización popular para impulsar las iniciativas que el Congreso no ha acolitado. ¿Acaso se alista un autoestallido social?

Taponazo. Lo que faltaba... para el minhacienda va bien el crecimiento económico.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA​

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