Hay que celebrar la radicación del proyecto de ley integral trans, el pasado 31 de agosto. Ese día, de la comunidad LGBTQ+ salieron a las calles, vestidos de carnaval, anunciando este hecho histórico. Cómo no hacerlo. De aprobarse, sería una de las normas más robustas del mundo en materia de derechos para estas personas que piden a gritos reconocimiento y dignificación.
Será una batalla tendida. El Congreso no ha sido escenario de conquistas de este talante, como sí lo ha sido la Corte Constitucional. La despenalización del aborto y el derecho al cambio de nombre como expresión de la identidad de género –por nombrar algunos– fueron avances que se dieron gracias a sentencias, pues el debate legislativo de estos temas suele enfrascarse en discusiones pandas en las que se priorizan la ideología y los fines partidistas. Y esta nueva ley no estará exenta de estos sesgos.
Sin embargo, el articulado ya es de por sí un paso enorme. Fue producto de un consenso de más de mil personas de todo el país, con distintas identidades y condiciones. Son 52 puntos que abarcan de forma integral sus necesidades y suplen las falencias del sistema que por años ha ignorado sus reclamos y hecho a un lado su inclusión efectiva.
Si llega a feliz término el proyecto, que ya tiene el respaldo del Gobierno, podrían tener el sexo con el que se identifican en sus documentos, sin restricciones; habría casas de refugio y una ruta de atención de violencias; se crearía el delito de transfeminicidio en este, el país de Latinoamérica donde más matan a personas LGBTQ+; y se decretaría el 30 de noviembre como el Día de la memoria trans, como un acto de reparación.
También se disponen mecanismos diferenciales en educación y salud. Se prohíben la patologización de las identidades diversas, las mal llamadas “terapias de conversión” (son torturas psicológicas) y –así como el sistema de salud cubre los tratamientos por enfermedades provocadas por malos hábitos– se les garantizará el a los procedimientos de afirmación de género. Es su derecho. En general, se contemplan medidas reivindicativas y de protección para las personas trans y no binarias en todas sus diversidades: las que ejercen el trabajo sexual, las que están en habitabilidad de calle, en condición de discapacidad, afros, indígenas y migrantes.
Congresistas, en sus manos tienen la forma de saldar esta deuda y estar a la altura de las transformaciones sociales que por fortuna se están dando en el país.