Señor presidente, mi voto se respeta

El viernes, junto al brazo izquierdo más famoso de Cali, apodado monumento de la Resistencia, usted, señor presidente, dijo: “Si las instituciones que tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó, mandó y ordenó, entonces… no es el pueblo el que se va. Es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y, por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente… no puede aplicar la Constitución… entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente”. Semejante ráfaga discursiva merece algunas reflexiones reposadas, sobre todo considerando las emociones involuntarias que el calor vallecaucano en ocasiones provoca.

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Primero, es cierto que la democracia se justifica porque traduce la voluntad del pueblo. Bien nos recordó Bukele, el dictador más cool del Caribe, ante un público con el que un profesor de teoría política no se atreve ni a soñar, que la palabra democracia significa gobierno (kratia) del pueblo (demos). De ahí que nuestra Constitución diga que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. El problema es que, salvo en las fantasías de los políticos y algunos poetas, los pueblos son todo menos homogéneos y su voluntad, todo menos uniforme. Si hay algo que caracteriza al pueblo, más que la diversidad, es el disenso. Por eso, la voluntad del pueblo no se puede limitar a las decisiones que toman en las urnas sus mayorías. De lo contrario, las democracias ya habrían servido para aplastar a las minorías y habríamos tenido que desecharlas.

Pues fue con miras a reconocer la naturaleza antagónica de los pueblos y lo peligroso que resulta entregarles un poder ilimitado a sus mayorías que las democracias forjaron sistemas de pesos y contrapesos. Por eso, a la voluntad del pueblo la representan una serie de mecanismos institucionales que incluyen el voto en una elección presidencial, mas no se reducen a este. Así que alegar que su triunfo en las urnas se traduce en un mandato popular para implementar reformas sin modificaciones —varias de las cuales comparto— es una distorsión de la realidad. Una elección no es más que un mandato para gobernar. Pero gobernar, al menos en sistemas democráticos que reconocen la naturaleza divergente del pueblo, significa llegar a acuerdos, y no hay otra forma de hacerlo más que renunciando a algunas propuestas para sacar otras adelante. Señor presidente, moderar reformas no necesariamente las hace mejores, pero sí las hace posibles.

Segundo, si es que se trata de cumplir lo que el pueblo demandó con el voto, una de las promesas que usted mismo hizo en campaña fue la de no llamar a una constituyente. Esta propuesta no solo carece de posibilidades de prosperar, sino que también alimenta las teorías de la conspiración que promueve la oposición, además de abrirles la puerta a ideas —como las que ya sugiere Vargas Lleras— impulsadas por sectores que sí estarían interesados en recortar derechos sociales.

Por último, la Constitución sí ofrece mecanismos para llevar a cabo transformaciones en favor del pueblo. Que sirvan de ejemplo la adopción y el matrimonio igualitarios, la despenalización del aborto y el consumo de drogas, las consultas previas para los indígenas y el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de derecho. También estuvo a la altura, al menos en un segundo intento, de frenar una de las mayores amenazas que ha recibido: las aspiraciones releccionistas del uribismo, un sector que, por cierto, lleva años tras una constituyente.

Por todo lo anterior, entre muchas otras razones, espero, señor presidente, que sepa que, si nos pone a escoger entre la agenda que hoy gobierna y la Constitución, muchos de los que lo elegimos e incluso somos abiertamente de izquierda estaremos del lado de la carta magna.