Con el tiempo, los partidarios de una pensión universal o ciudadana –es decir, igual para todos los ciudadanos de un país, independiente de sus historias laborales y riqueza– a cargo del presupuesto nacional en Colombia siguen sumándose últimamente, incluyendo también a la Misión de Empleo.
En un reciente artículo en EL TIEMPO, Marcela Meléndez, integrante de la Misión y funcionaria del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), ha indicado que para transitar del sistema pensional vigente hacia una pensión universal habría que contestar cuatro preguntas. Una era: ¿cuál es el valor de esta pensión universal que es posible financiar?
Ya en 2021, Fedesarrollo propuso 412.000 pesos mensuales. Este monto está por encima de la línea de pobreza nacional, pero por debajo de aquella que les correspondería a los residentes de las grandes ciudades del país. Para estos últimos, el monto de la pensión universal no debe despertar grandes entusiasmos.
Por su lado, ni el Pnud ni la Misión de Empleo han dado luces acerca de cuánto debería ser la mesada pensional ciudadana. De los documentos de la citada Misión se deduce que la pensión universal debería “asegurar la subsistencia básica de las personas” y que “se desvincularía del salario mínimo y sería indexada al IPC”. Así que todo deja presumir que su monto será inferior al salario mínimo vigente.
¿Por qué una pensión universal de la cual son titulares en iguales condiciones pobres y ricos es preferible a una pensión que se entrega solo a los necesitados, previo un análisis de sus ingresos?
Ahora bien, además de las cuatro preguntas de Marcela se podría añadir una quinta: ¿por qué una pensión ciudadana es preferible al programa Colombia Mayor? Es decir, ¿por qué una pensión universal de la cual son titulares en iguales condiciones pobres y ricos indistintamente es preferible a una pensión que se entrega solo a los necesitados, previo un análisis de sus ingresos?
Es cierto que Colombia Mayor tiene baja cobertura y entrega a los adultos mayores de escasos recursos una prestación económica irrisoria, de apenas 80.000 pesos mensuales. Sin embargo, con el dinero con el cual se quiere implementar la pensión ciudadana se podrían incrementar adecuadamente tanto el número de beneficiarios como el monto del subsidio que ellos reciben y, además, quedarían recursos. La Misión no hace alguna consideración comparativa que justifique la superioridad de la pensión ciudadana sobre Colombia Mayor (con mayores recursos).
Una posible respuesta a la anterior pregunta es la siguiente. El fortalecimiento de Colombia Mayor no comportaría ninguna consecuencia para los regímenes pensionales contributivos. Pero, al contrario, la introducción de una pensión ciudadana, a la cual se sumaría una pensión complementaria –así como lo propone la Misión de Empleo–, tendría efectos disruptivos. Terminaría acabando con el régimen de prima media (RPM) y con Colpensiones. De hecho, según la Misión, la pensión complementaria debería ser “igual a la actuarialmente justa, dados la esperanza de vida y el monto ahorrado por el trabajador en el momento de retiro”. Lo anterior implica que no habrá más subsidios en el RPM.
En fin, la propuesta pensional de la Misión de Empleo permitiría, al tiempo, pagar una pensión mínima inferior al salario mínimo (con la pensión universal) y acabar con todos los subsidios que el RPM entrega a sus afiliados, incluidos los que cotizaron sobre un solo salario mínimo (con la pensión complementaria).
La otra cara de la moneda es que las tasas de reemplazo del RPM se igualarán a las del régimen de los fondos privados de pensiones y estas, bajo las condiciones vigentes, están alrededor del 30 por ciento. Es decir que los afiliados recibirán una pensión complementaria que será de apenas el 30 por ciento de los ingresos de los últimos años de su vida laboral. ¿Estamos listos para ello?
STEFANO FARNÉ
Observatorio del Mercado Laboral, Universidad Externado de Colombia