El hambre ataca a 42,2 millones de personas en América Latina, según lo acaba de revelar un informe conjunto de cinco organismos de la ONU en el que se destaca que si bien se detuvo la tendencia al alza de este indicador, los niveles de hambre en la región están un 0,9 % por encima de los de 2019, antes de la pandemia de covid-19.
Por otro lado, se destaca un problema de malnutrición cada vez mayor, que incluye tanto la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad, que aumentan de manera preocupante entre la población infantil. Actualmente, el 8,6 % de los niños menores de cinco años tienen sobrepeso, lo que amenaza con convertirse en uno de los factores de riesgo de más temprana aparición para el desarrollo de enfermedades no transmisibles.
Las cifras desagregadas del estudio muestran una situación dispar en las subregiones. En Suramérica, el número de personas hambrientas disminuyó en 3,5 millones entre 2021 y 2022. Sin embargo, la cifra de subalimentados creció en seis millones con respecto a la medición previa a la pandemia, configurando un escenario donde queda claro que las metas propuestas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se encuentran lejos de su cumplimento.
Es imperativo atender los llamados de los académicos y expertos para que este tema lidere las agendas de los gobiernos.
A lo anterior se suma que el año pasado cerca de 250 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir, se vieron obligadas a reducir la calidad o cantidad de los alimentos que consumieron, o incluso se quedaron sin comida, pasaron hambre y, en el caso más extremo, vivieron días sin comer, poniendo su salud y bienestar en grave riesgo, lo que no impide decir que esta cifra muestra una disminución de 16,5 millones con respecto a la de 2021.
Por si fuera poco, el informe deja claro que esta es la región del mundo en la que resulta más caro comer saludablemente (4,08 dólares diarios por persona, frente a la media mundial de 3,66 dólares diarios), con el agravante de que en los últimos dos años el precio de una dieta favorable aumentó un 5,3 % por efecto de la inflación derivada de las interrupciones en la cadena de suministros y la escasez de recursos humanos durante la contingencia del covid-19, sin que esto dé muestras de retroceso.
Por los lados de Colombia, hay que decir que aunque el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno contiene un amplio listado de propuestas en torno a la reducción del hambre y la búsqueda de la soberanía y la seguridad alimentaria –que, sumadas a otras estrategias que en algo han frenado las tendencias, permiten ver que hay un interés institucional–, lo cierto es que este flagelo sigue afectando a las poblaciones más vulnerables, sin dejar de lado el sobrepeso, que afecta a más de la mitad de la población.
De ahí que sea imperativo atender los llamados que hacen los académicos y expertos desde diferentes escenarios a nivel internacional para que este tema lidere las agendas de los gobiernos en un contexto que defina acciones integrales permanentes, sostenibles y cuantificables, bajo la premisa de que el hambre y la malnutrición encabezan el listado de factores que además de reciclar la pobreza frenan el desarrollo. Para eso es para lo que deben servir estos estudios.
EDITORIAL